Marcha afuera del Congreso: presionan para que Diputados dé dictamen a la emergencia en discapacidad

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para tratar en comisión el dictamen del proyecto de Discapacidad en Emergencia, agrupaciones que nuclean al colectivo se congregaron frente al Congreso en rechazo a la falta de actualizaciones en el nomenclador de los servicios que ofrecen a las personas con discapacidad.

El plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto se reunirá para aprobar el dictamen, el cual la oposición aspira a sancionar durante la primera mitad de mayo. La iniciativa es promovida, principalmente, por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, uno de los que estuvo presente en la manifestación frente a los Anexos del Congreso.

"¡Que sea ley!", exclamaban los presentes, mientras agitaban carteles y banderas. Además del legislador, estaban otros pares suyos del bloque como Natalia Zaracho. "Más fuerte, que (José Luis) Esperto no escuchó. ¡Que sea ley!", retrucó una de los presentes.

Este comentario dirigido al diputado libertario se debe a que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cual se negaba a habilitar el tratamiento de esta iniciativa.

El proyecto plantea, principalmente, una recompensación de emergencia mensual basada en el Índice de precios al consumidor (IPC) y un estudio de costos anual, que permita ajustar los aranceles de manera realista, garantizando así los servicios previstos en la Ley 24901, con la calidad y eficiencia necesaria. Es acompañado por el bloque del peronismo, la izquierda, de la Coalición Cívica, los dos de la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal.

Desde el área reclaman que el nomenclador que regula el precio de todos los servicios no se actualiza desde febrero del 2023, y si bien le Gobierno actual ha brindado aumentos, ninguno alcanzó a la inflación ni logró recompensar lo ya atrasado. Denunciaron también que hay 150.000 puestos de trabajo que están en riesgo y alrededor de 200.000 personas con invalidez a punto de perder sus prestaciones, las cuales son fundamentales para su desarrollo y bienestar. 

El rechazo de la ANDIS

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó, a través de un comunicado, su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados. "Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión", manifestaron desde el organismo.

"La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria", agrega el escrito.

Según la ANDIS, esto no plantea soluciones sostenibles, sino que multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, calificó que es irresponsable. "Además, quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizaron las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban", dispara el comunicado.

De este modo, explicaron que en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez; en 2023, esa cifra superaba el 1.250.000. El kirchnerismo, según acusó, flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. Al mismo tiempo, dejaron caer el valor real de las prestaciones: mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%.

"En cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan. Frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría", añade el escrito de la agencia nacional.