El Gobierno pagará un resarcimiento de más de $125 millones a una empleada pública

El Gobierno de Mendoza acordó pagarle un resarcimiento de más de $125 millones a la escribana auxiliar de Gobierno, por un periodo que cumplió las funciones de Escribana General de la provincia. El acuerdo transaccional se ratificó en febrero pasado y obtuvo el aval de Fiscalía de Estado, que señaló en un dictamen que el convenio era más beneficioso para las arcas públicas que las consecuencias de un eventual juicio que pudiese iniciar la profesional.

El acuerdo se alcanzó tras el reclamo iniciado por la escribana auxiliar quien exigía el pago de la diferencia salarial entre el cargo que desempeña como escribana auxiliar y el de Escribana General de Gobierno que ejerció desde el año 2015 hasta la designación de Emiliano Campos, ex diputado radical, al frente de la Escribanía General, en abril de 2024.

El pago acordado entre el Gobierno provincial y la profesional fue por un importe de $16.908.088,99 correspondiente al reconocimiento de haberes y a los cálculos por un importe de $109.501.092,37 correspondiente a intereses reclamados actualizados al 31 de diciembre de 2024, lo que asciende a un monto total de $126.409.181,36.

La escribana auxiliar reclamaba que le correspondía esas diferencias salariales ya que habrían transcurrido a la fecha del reclamo más de 6 años cumpliendo de hecho con las funciones y responsabilidades que corresponden al cargo de Escribano General de Gobierno.

Con el objetivo de evitar dilatar el conflicto y embarcarse en un litigio judicial, el Gobierno provincial decidió avanzar con un acuerdo transaccional con la profesional, en base a los lineamientos de la Ley Nº 9234 de Procedimientos Administrativos, la cual autoriza al Estado provincial a celebrar, en aquellos procesos judiciales donde resulte demandado, tenga o no la controversia contenido patrimonial.

Este acuerdo específico con la escribana auxiliar fue ratificado el pasado 5 de febrero, a través del Decreto Nº 191, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, el cual fue publicado el 7 de marzo en el Boletín Oficial.

El acuerdo obtuvo el aval de la Fiscalía de Estado, organismo que tomó intervención en el marco de las atribuciones que ejerce como Ministerio Público (protección del interés público y de los intereses colectivos) y del Ministerio Fiscal (defensa del patrimonio de la colectividad y del Estado).

Mediante un dictamen firmado en enero de este año, la entidad conducida por el fiscal Fernando Simón dio el visto bueno para proceder a celebrar el acuerdo con la escribana auxiliar.

“Nos encontraríamos ante la posibilidad de enfrentar un juicio en el que seguramente sería condenada la Provincia, no sólo a pagar el capital de condena actualizado, sino también a rectificar los aportes y contribuciones realizados y por último cargar con las costas del proceso”, señala el dictamen.

Agrega también que, al avanzar con la ratificación del acuerdo, “se cerraría de manera definitiva el reclamo en sede administrativa, lo que deriva en un beneficio manifiesto para el Estado”.