Detectan irregularidades en el contrato más caro de Mendoza

"La comida está podrida. Una vianda en una bandeja que es arroz o fideos, con una especie de suero, como si fuera carne, que tiene olor a podrido. Vos la abrís y es horrible. El pan está duro y la fruta tiene hongos". El testimonio corresponde a un hombre que estuvo detenido algunos días y vivió una experiencia fuera de su rutina habitual. La "calidad" de los alimentos descripta no se corresponde con lo que el Estado paga y que genera uno de los negocios más suculentos alrededor del Gobierno y que ahora está envuelto en cuestionamientos por el mecanismo de contratación. Es que se hizo una licitación a la que se le dio de baja, se ejecutó un proceso de contratación directa y la empresa a la que apuntan a contratar no se había presentado en el proceso abierto. El problema es que Fiscalía de Estado advirtió sobre serias irregularidades en ese camino administrativo que derivaron en compulsas hacia el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública. Entre otras cosas, el Ministerio de Seguridad no le había dado participación a Fiscalía de Estado para analizar la licitación, por lo que no se había dado el proceso de control establecido legalmente. Pero además, desde ese organismo extrapoder advirtieron que la principal razón de la anulación de la propuesta de Bio Limp no fue correcta. 

El contrato a suscribir supera los 50 millones de dólares y el servicio tiene un público cautivo y con poco poder de queja: las personas privadas de la libertad de Mendoza en todas las cárceles. La intención era contratar 4 millones de raciones, que servirían para un par de años.

El servicio es prestado desde hace años por la empresa mendocina Clisa Interior, que ha tenido innumerables adendas, extensiones y redeterminaciones de precios en su vínculo con el Estado. El Gobierno lanzó la licitación el año pasado y hubo algunas sorpresas. Clisa no presentó oferta, a pesar de tener el servicio. Solo hubo una propuesta, presentada por la empresa Bio Limp. Pero el ministerio de Seguridad no admitió la propuesta y, así, la licitación quedó desierta. Así se abrió la puerta para la contratación directa, un proceso de uso excepcional y que es raro para contratos tan elevados. La sorpresa se dio cuando allí sí apareció Clisa Interior, con una oferta menor a la de su competidor, Bio Llimp y, por eso y otras razones, todo se encamina a que sea la elegida. 

La licitación originar era por  $56.400.000 para 4 millones de raciones. Bio Limp había presupuestado su oferta (la única presentada) en $59.552.000.000. Esa misma oferta fue replicada en el proceso de contratación directa. Clisa, que no se presentó en la licitación pública, presupuestó sus servicios en $54.246.040.000 y luego la reduco a $ 54.137.600.000. La "ventaja" del futuro adjudicatario es que pudo conocer la oferta de su competidor; es decir jugó con las cartas del rival marcadas. La oferta de Bio Limp fue rechazada en la licitación porque según la comisión no había presentado la garantía de la oferta, es decir el compromiso de pago en caso de no poder cumplir. El problema es que tras el análisis profundo, esa razón no era real: la empresa había presentado un seguro de caución, un mecanismo admitido y válido. Fue la misma Fiscalía de Estado la que "salvó" al ministerio al mencionar otras razones para darle de baja a la propuesta de Bio Limp, pues es una empresa que no tiene planta en Mendoza. El problema es que esos motivos se mencionaron "post" decisión.  

Con la contratación que ejecutará el Gobierno habrá un costo menor al presupuestado. "La diferencia de costos es enorme, además de los múltiples incumplimientos a varias cuestiones de inadmisibilidad que tenía la empresa BioLimp. El ahorro es equivalente al costo de combustible de todo un año de toda la flota del Ministerio de Seguridad o casi 2 años del sistema de videovigilancia de toda la provincia", graficaron desde el Ministerio de Seguridad. La empresa perdedora del concurso no tiene instalaciones propias en Mendoza y, explican, ha intentado operar en la Provincia. Entre otras cosas, es una de las concesionarias de servicios del sistema penitenciario de Buenos Aires. 

Intrincados

Antes de adjudicar el mega contrato de manera directa, fueron enviadas las actuaciones a Fiscalía de Estado y allí surgieron los cuestionamientos al procedimiento. El primer punto relevante es, justamente, haber evitado el control de legalidad de ese organismo en la licitación original. Ese organismo lo advierte redundantemente. "Es de vital importancia advertir que ésta resulta la primera intervención de este Organismo de Control en relación a las cuestiones de fondo, siendo relevante destacar que, de haberse dado oportuna remisión al mismo podrían haberse observado desde aspectos de esencial y necesaria inclusión dentro de los pliegos licitatorios que han regido el presente procedimiento de contratación, a omisiones de valoración incurridas en el Acta de Preadjudicación", dice el dictamen.  

Para Fiscalía "no existe duda de la obligación de remisión previa" del proceso; es decir que se necesitaba la revisión de Fiscalía de Estado.  "Es evidente que este procedimiento debió ser remitido a la Fiscalía de Estado", agrega, y cita a la propia Constitución de Mendoza y advirtiendo que no puede quedar liberada esa decisión a la voluntad del controlado. "Debe agregarse que la función de control y los supuestos en que la F.E. debe ejercerla, no puede nunca resultar de una decisión o valoración discrecional del controlado, lo que tornaría ilusorio el mismo", explican.

Al analizar en profundidad el proceso, desde Fiscalía desacreditaron el motivo por el cual fue dada de baja la oferta de la licitación. La comisión había "bochado" a Bio Limp porque no tenía garantía de oferta. Pues el organismo de control opinó lo contrario. "Disiento de las consideraciones de la Comisión en cuanto se afirma que la empresa BIO LIMP, tanto en su oferta formulada en el procedimiento de licitación pública como en la contratación directa, ha incumplido con las exigencias de la Sección  Garantía, al no contener firma o encontrarse suscripto por el Responsable de la Empresa con poder suficiente, el documento de garantía. La empresa BIO LIMP presenta como documento de garantía de oferta, la Póliza de Caución, la cual prima facie cumpliría con todas las exigencias sustanciales para su vigencia y validez, resultando una garantía válida, la cual no requiere de la firma del asegurado para considerarse constituida", expresaron desde Fiscalía de Estado. 

Al darle de baja por la falta de garantía, no se analizó la oferta de esa empresa en la licitación y en el proceso de adjudicación directa. Fiscalía de Estado "salva" en parte al Ministerio de Seguridad al mencionar que Bio Llimp no tiene una oferta conveniente, pero por otras razones que no habían sido advertidas por el Gobierno. Así, consideran que esa propuesta debería ser rechazada por inadmisible porque la empresa "no cumple con los requisitos de habilitación de plantas en Mendoza". En la lista de inconsistencias de Bio Limp está la carencia de infraestructura, logística y garantías operativas para prestar el servicio licitado. Por eso entienden que de haber prosperado el análisis de la licitación, la propuesta de esa empresa hubiera sido anulada igualmente. Claro, se trata de una hipótesis contra fáctica, pues el Ministerio de Seguridad frenó todo antes e incluso no había consultado a FE. 

La intención del Ministerio de Seguridad es que las 4 millones de raciones alcancen para 2 años para la alimentación de los penitenciarios y unas 14 mil personas privadas de la libertad. Ese servicio incluyes menúes diversos, según la exigencia

Fiscalía de Estado avala la continuidad del proceso y la contratación de Clisa Interior. Pero detona compulsas para investigar las irregularidades detectadas. Por eso, se dispone "dar participación a la Contaduría General de la provincia", remitir compulsa al Auditor de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, y al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Ahora depende de esos organismos verificar si hubo problemas de transparencia más profundos.