Con fianza millonaria y perimetral, los activistas antimineros ya están en libertad
La Justicia provincial ordenó este jueves la liberación de Federico Soria y Mauricio Cornejo, los activistas que estaban detenidos tras participar de una protesta contra la minería en Uspallata. La jueza de Garantías, Claudia Tula, se declaró incompetente en la causa y la derivó a la Justicia Federal, a la vez que determinó dos condiciones para que los activistas recuperen su libertad.
Soria y Cornejo se encontraban detenidos acusados de los delitos de amenazas y conspiración ideológica por participar en la manifestación del 24 de enero pasado en Uspallata en la que protestaban contra el avance del proyecto minero San Jorge y se produjeron incidentes.
En el caso de Soria, el hombre se había presentado en la Justicia el último 31 de marzo, mientras que Cornejo estuvo detenido por 25 días y cumplía su arresto con domiciliaria en la casa de un hermano.
Lo llamativo de la causa es que una de las imputaciones que pesan sobre los activistas es la conspiración ideológica, delito tipificado en el Artículo 213 bis, del Código Penal. El mismo establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (...) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Esta mañana se realizó una audiencia en el Polo Judicial a fin de resolver la situación procesal de los dos imputados. Allí la jueza Tula declaró su incompetencia derivando la causa a la justicia federal.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se determinó la libertad de Soria y Cornejo y se les impuso una caución de cinco millones de pesos a cada uno y el estricto cumplimiento de la prohibición de acercamiento hacia las personas afectadas como consecuencia del hecho ocurrido el día 24 de enero de 2025 en Uspallata, en el marco de una protesta en rechazo a la actividad minera.
“La jueza consideró que si bien existen elementos de convicción para sostener la acusación, no es posible expedirse sobre la prisión preventiva por la incompetencia declarada”, manifestaron desde la justicia provincial.
