La oposición presiona al Gobierno para que formalice las funciones de Santiago Caputo
El diputado nacional Esteban Paulón, de Encuentro Federal, volvió a arremeter contra los funcionarios que conforman al Gobierno de Javire Milei. De este modo, reiteró en su reclamo para que se formalice las funciones de Santiago Caputo, asesor clave del presidente y uno de los tres miembros del "triángulo de hierro".
A través de un proyecto que presentó, exigió regularizar la situación del asesor, quien es contratado de forma particular por el Ejecutivo. El mismo Milei admitió que este ejerce mayor influencia en la Casa Rosada que el mismo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pese a figurar en los registros públicos con un contrato.
A través de X, Paulón manifestó: “Santiago Caputo es la persona con más poder del gobierno y no responde legalmente ante nada. No puede seguir así. Presenté un proyecto para decirle basta a esta práctica”. Su crítica apunta a la falta de transparencia en lo que concierne a la designación del asesor.
Esta iniciativa obliga a Nación a presentar una declaración jurada patrimonial, y ya había sido presentada por Paulón en octubre pasado, de la mano de su par santafesina Mónica Fein. Busca, esencialmente, incorporar a la ley de Ética Pública un párrafo por el cual se establece que “se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.
"Cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”, añade el proyecto.
Paulón y Fein argumentaron reclamaron que no puede haber figuras de “semejante responsabilidad” dentro del Gobierno, que no rindan cuentas sobre su patrimonio y funciones. En este sentido, se destacó la necesidad de fortalecer a la Oficina Anticorrupción (OA) a fin de realizar auditorías efectivas dentro del Estado.