Naufraga la causa contra los vecinos de Uspallata
El juez de Garantías Federal Alberto Daniel Carelli resolvió no aceptar la competencia del fuero federal para intervenir en la causa donde se investiga a dos vecinos de Uspallata por integrar una supuesta agrupación para la coerción ideológica. Le pidió a la Corte nacional que defina quién debe tratar la denuncia, si es la Justicia Federal o la Provincial, pero el juez federal en su dictamen esgrimió que no se considera competente.
El 24 de febrero pasado, hubo una manifestación en Uspallata contra la instalación de una oficina de la minera San Jorge que hace 17 años busca extraer cobre en el lugar. Esta vez, fue el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti a hacer un acto de inauguración del lugar. Se generaron disturbios como un incendio por parte de un vecino a un empresario que mediante un juicio abreviado admitió ser culpable. Pero, un mes después de este hecho, le llegó una notificación judicial a Mauricio Cornejo, un vecino de Uspallata y semanas después a otro, a Federico Soria. El primero fue preso inmediatamente, el segundo, al recibir la notificación. Los acusaban de ser parte de una agrupación para la coerción ideológica, es decir, de terrorismo.
El incendio en el comercio del empresario
La causa, que pasó por tres fiscales desde la manifestación de febrero, quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien motorizó las denuncias. Sin embargo, el 3 de abril la jueza Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, declaró la incompetencia de la Justicia local para intervenir en la causa y ordenó la libertad de los detenidos.
La Justicia Federal entonces, fue quien tomó el caso. Pero el juez de Garantías Carelli resolvió este miércoles 23 que no es competente. Por lo tanto, le remitió la causa a la Corte de la Nación, para que defina si debe quedar en el ámbito federal o volver a la provincia. Esta situación, claro está, deja a la causa en un compás de espera ya que la Corte no define con rapidez estos asuntos.
Además, más teniendo en cuenta que el máximo tribunal nacional se encuentra en un momento especial: está integrado por los ministros Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Ronsekrantz -vicepresidente- y Ricardo Lorenzetti y por lo tanto, le faltan miembros. Recientemente, el Congreso rechazó la designación por la vía del decreto presidencial del postulante Manuel García Mansilla y la Corte no le dio licencia en su juzgado a Ariel Lijo para que pudiera ser postulado para ser parte del tribunal.
La situación de la detención de Cornejo y de Soria generó muchos reclamos de las asambleas por el agua. De hecho, Soria acusó en una entrevista por MDZ al Gobierno provincial de armar una denuncia en su contra por orden de la minera como forma de aleccionar al resto de los militantes contra la instalación de la minera. Como es un delito de gravedad lo que les imputan, si avanza la investigación, podrían volver a presión pero de acuerdo a lo que se comenta en el ámbito judicial, la definición sobre este asunto se podría extender más de lo que algunos actores sospechaban.
Mientras esta situación queda en un impasse, el Gobierno avanza con su plan de que San Jorge pueda extraer cobre en Uspallata. Desde las asambleas, en cambio, cuestionan, no sólo lo ocurrido con la Justicia, sino también la no publicación de un dictamen que armó la Universidad Nacional de Cuyo y que forma parte del expediente del trámite de la minera.
