El gobernador de Córdoba le reclamó a Nación la restitución de los fondos de ANSES: "Está violando la ley"

En una jornada cargada de tensión institucional y política, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, asistió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de una deuda que, con intereses, podría rozar el billón de pesos. La disputa se centra en los recursos que la Nación dejó de transferir a la Caja de Jubilaciones de la provincia, una situación que, según Llaryora, pone en jaque el federalismo y vulnera la legalidad vigente.

“No dan para más estas situaciones institucionales”, lanzó el mandatario al ingresar al edificio del máximo tribunal. “Hoy nos están mandando cero pesos. Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora”, enfatizó. Y fue más allá: “Si los que dirigen la Nación no cumplen las leyes, ¿para qué las vamos a cumplir nosotros?”.

La audiencia -la primera de carácter conciliatoria- duró una hora y media y tuvo como objetivo acercar posiciones entre el Gobierno nacional y la administración cordobesa. Si bien no hubo resolución inmediata, se acordó una nueva convocatoria para dentro de 15 días, en la primera semana de mayo.

La demanda por la deuda previsional fue iniciada en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti. Córdoba reclama más de $300.000 millones por envíos no realizados por la ANSES, cifra que podría triplicarse si se suman intereses. Según estimaciones del ministro de Economía de la provincia, Guillermo Acosta, el monto total asciende a unos $990.000 millones.

Desde el entorno de Martín Llaryora dejaron claro que no se trata solo de una discusión técnica. Su presencia en la audiencia -a la que no asistirá en el próximo encuentro, más de índole jurídica- fue interpretada como un gesto político. “Es un tema clave para Córdoba”, dijeron desde el Centro Cívico.

La estrategia judicial de la provincia apunta a que, si no hay avances concretos en los próximos días, se solicitará una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir el déficit mensual de la Caja, que ronda los $20.000 millones.

Durante la audiencia también estuvieron presentes el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el ministro de Justicia, Julián López; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, entre otros. Por parte del Gobierno nacional asistieron funcionarios de ANSES y del Ministerio de Economía, encabezados por el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton.

Un reclamo de varios años

En su intervención ante la Corte, Martín Llaryora recordó que es el tercer gobernador cordobés que reclama lo mismo: antes lo hicieron De la Sota y Schiaretti. Además, calificó de inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, mediante el cual el Ejecutivo nacional suspendió unilateralmente los giros a las provincias con cajas no transferidas.

“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba y otras jurisdicciones. Con ese decreto, se pretende legalizar el hecho de dejar en cero las partidas que por ley debe girar la Nación”, denunció.

Aunque no hubo una versión oficial desde la Nación, fuentes del Ministerio de Economía deslizaron extraoficialmente que “hubo acuerdo en trabajar en conjunto” y que se presentarán avances ante la Corte en la próxima audiencia.

Córdoba es la primera provincia en acudir a la Justicia por esta situación y es la que presenta mayores avances en cuanto a documentación y cálculos de la deuda. Pese al optimismo moderado del gobierno provincial, el desenlace todavía es incierto. En el Centro Cívico reconocen que el contexto fiscal nacional es complejo y que el superávit que exhibe la administración Milei no será negociado fácilmente.