Vivir en conflicto: por qué en Mendoza toda la presión recae sobre la Justicia

Se puede promover la paz, pero la mayoría de los conflictos en Mendoza se resuelven de manera litigiosa. ¿Hay delitos? Sí, pero no es lo único. Crecen las causas civiles y hay más de 40 mil expedientes por problemas intrafamiliares; 40 mil causas nuevas que involucran a padres incumplidores, madres y, sobre todo, niños. Ese cuello de botella es el más sensible y el más notorio de una vida cotidiana en conflicto.

Pero las tensiones empresariales y políticas terminan en tribunales: desde conflictos de poderes, hasta concesiones públicas y la gestión de los recursos naturales. Allí está la clave; la respuesta al por qué de tanto interés en reformar, tener vinculación e influencia en el Poder Judicial. Hacete amigo del juez, diría un célebre personaje de un poema gauchesco. 

Dalmiro Garay abrió el año judicial ayer, casi a fines de marzo. Es que en Mendoza se siguen las formalidades, aún cuando sean anacrónicas. Por eso las sesiones ordinarias de la Legislatura comienzan en el mes 5, terminan en el 10 y en tribunales se “inicia el año” cuando la maquinaria ya está en funcionamiento. Garay aseguró que la tasa de resolución mejoró, que las causas son más ágiles; que la oralidad y las conciliaciones también ayudan. Pero se trata del Poder Judicial, la última instancia para resolver conflictos; cuando la convivencia ya fracasó. Por eso en un año, según los datos oficiales dados a conocer por el Poder Judicial, se iniciaron 381.298 causas por distintos conflictos.

Guiño

Garay es un hombre surgido en la política y en su discurso hizo foco en un rol que la Justicia asume como propio. No de la política partidaria, claro, pero sí como parte de un sistema que tiene permeabilidad más allá de las decisiones encriptadas de las sentencias. Por eso defendió el rol del Estado para resolver problemas, en medio de una tendencia que va a contramano. “Hoy lo que necesitan y reclaman es más y mejores servicios, algo que en definitiva implica un mejor Estado. El tiempo siempre apremia, y la responsabilidad es nuestra. Señor gobernador, señores intendentes y legisladores, siempre van a tener en este Poder Judicial, toda la predisposición para participar en el diálogo constructivo, tendiente a delinear el trazo que marque la profundización de un Estado moderno, interconectado, que trabaje en ecosistemas y redes capaces de lograr el mejor Estado que todos queremos”, dijo Garay. Cornejo no pudo escucharlo, pues llegó tarde al acto. De hecho la sala estaba semivacía. La protesta de los empleados judiciales ofició de elemento disuasivo.

Las palabras de Garay no fueron ingenuas, pues busca tender puentes institucionales en tiempos revueltos. Tanto puertas afuera de tribunales, como en el pago chico, la propia Suprema Corte. Ese cuerpo colegiado tiene un delicado equilibrio en una convivencia que suele reaccionar con simples catalizadores: una sentencia, el nombramiento de algún agente, la relación con el resto de los poderes.

A fin de año se elige nuevamente presidente y las diferencias se acentuarán a medida que se acerque la fecha. La disidencia de José Valerio respecto al oficialismo cambió el esquema de previsibilidad con la que contaba el Gobierno.

El dato que más resaltó el presidente de la Corte es la tasa de resolución, es decir la cantidad de sentencias respecto a las causas que ingresan. Según dijo, la tasa de resolución es del 93% y en lo penal del 120%; es decir se resuelven más causas de las que ingresan. En lo laboral esa tasa es del 92% y en familia, el más complicado, del 75%. En los números generales se disimulan problemas profundos, como la trabazón en el acceso a la justicia que tienen aún muchos ciudadanos.

Garay fue nombrado por Cornejo y es un codefensor de las reformas que el gobernador implementó en la Justicia. Justamente el Poder Judicial es donde más cambios hubo en los 10 años que lleva Cambia Mendoza en el Gobierno, incluidos  todos los códigos de procedimiento y la ley del Ministerio Público.

La oralidad es parte de la impronta cornejista, en los procesos judiciales y en todos los fueros. En lo penal hubo un vuelco definitivo hacia la agudización del punitivismo, con más restricciones a las excarcelaciones y privación de la libertad a quienes redundan en delitos; sumado al empoderamiento extremo de los fiscales.

En lo laboral las oficinas de conciliación amenguaron el impacto de la llamada "industria del juicio". El impacto de esos cambios se siente. Más vidriosa es la repercusión que tiene la permeabilidad del poder político sobre tribunales. Esa capilaridad se nota en algunas normas, como la obligación de informar a sus jefes que tienen los fiscales cuando investigan a un funcionario del Gobierno. Pero también en un efecto que, sea intencional o por la inercia del ejercicio del poder, impregna todos los estratos judiciales. La permanencia de Cambia Mendoza en el Gobierno ha permitido que la gran mayoría de los jueces, fiscales, defensores y funcionarios hayan sido nombrados por Cornejo en uso de sus facultades. En sus mandatos y el de Rodolfo Suarez ya juraron casi 160 jueces, además del procurador Alejandro Gullé y cuatro ministros de la Suprema Corte. Lo mismo que ocurre en las instituciones y organizaciones laterales que también influyen en la Justicia.

La hoja de ruta del gobernador tiene una huella marcada que seguirá profundizándose. Es que hay reformas sobre las reformas, aún cuando algunas de ellas tienen baja repercusión. Es lo que ocurre con la extinción de dominio, que ha tenido más impacto discursivo que disuasivo. Otras reformas, en cambio, sirvieron de bandera política, como ocurrió con la reiterancia, concepto penal que fue replicado por la Ciudad de Buenos Aires y la Nación.