Cornejo y el reto de cambiar su costumbre de siempre enviar leales a la Corte

Alfredo Cornejo se encamina a consolidar otro récord como consecuencia del tiempo que lleva instalado en el poder de la provincia de Mendoza. En poco tiempo, aumentará de dos a tres la cantidad de jueces que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de su mano, marcando un hecho inédito desde la vuelta de la democracia hasta esta parte. Hecha la salvedad de que Santiago Felipe Llaver, por condiciones muy especiales en 1983, tuvo que designar una Corte completa tras la dictadura, como ningún otro gobernador ostenta esa capacidad institucional de influir así sobre la Justicia.

Esa influencia podría considerarse un poco más abultada, si se quiere. No fue decisión particular de él, pero en 2004, como ministro de Gobierno de Julio Cobos, fue el encargado de trabajar políticamente la nominación de Alejandro Pérez Hualde. En 2015, fue un actor político central para que no prosperara la candidatura de Miriam Gallardo, propuesta por Francisco Pérez. En 2020, quien propuso a María Teresa Day fue Rodolfo Suarez, pero el que movió los hilos detrás fue él. Sin temor a equivocarse, se podría decir que Cornejo redondea cuatro designaciones en el máximo tribunal a esta altura.

Después de casi cuatro décadas en su sillón, finalmente Llorente anunció que se va a los 83 años. Algo se había jurado el viejo magistrado: de ninguna manera iba a entregar su lugar para que sea Suarez el encargado de designar un reemplazante. Hace unas semanas, finalmente logró un recurso administrativo favorable para conseguir una mejor jubilación para su retiro, se juntó a los pocos días con Cornejo en su despacho y le anunció que se iba.

Por supuesto que la noticia causó cierto revuelo dentro de la Corte, cuyos integrantes ahora aguardan ansiosos conocer el nombre de quien será el o la nueva colega. Pero en un tribunal sumamente politizado y en crisis desde hace tiempo, nadie espera que haya cambios trascendentales porque seguramente nada cambiará dentro del esquema de poder instaurado dentro de la Justicia.

Desde el último conflicto que los puso al borde del abismo en 2022, cuando se discutieron los cambios por ley en el funcionamiento del máximo órgano, el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, logró ganar algo de gobernabilidad producto de los juegos internos de algunos de sus miembros. En este juego, los que garantizan cierta calma son Mario Adaro y Omar Palermo, quienes hacen equilibrio entre las disputas que mantienen el propio Garay y José Valerio. Palermo está más cerca del presidente del Tribunal. Adaro, del otro bando.

La danza de nombres no para desde hace siete días. Y en ese baile hay un montón de invitados que acumulan méritos y puntos en contra a la hora de, posiblemente, ser elegidos. ¿Será una mujer? No está garantizado, aunque es una opción válida.

Allí comenzó a dar vueltas un pequeño listado de tres o cuatro nombres. Uno es el de Norma Llatser, camarista laboral. En su momento, cuando fue postulada Day, se mencionó que en realidad la candidata de Cornejo era ella. Quería, en ese momento, poner alguien enfrente del manejo de las causas laborales para terminar allí con la influencia ejercida por Adaro. Pero, cuatro años después, ese panorama cambió. Garay mantiene controlados tantos a los juzgados laborales como a los civiles, con lo cuál no hará falta esa jugada. Si fuera por Garay, Llatser sería la elegida porque hace años trabaja con ella en la administración pública.

Silvina Furlotti, integrante de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, es otra de las mencionadas. Y volvió a tomar fuerza la alternativa de que sea la actual ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la nominada. Entre los hombres, Ricardo Canet asoma como el postulante ideal. De estrecha relación con Cornejo desde hace mucho tiempo, le jugaría en contra su edad que ronda los 70 años.

El líder mostró en las elecciones del año pasado síntomas de desgaste claro con la pérdida de casi 130.000 votos en ocho años. Cornejo volvió al poder, pero la ciudadanía evidenció un hartazgo en las urnas sobre algunas de las características objetables, entre ellas, su sesgo autoritario y la forma en que maneja el poder en la cornisa de la institucionalidad. Por eso, desde que asumió otra vez hace ya casi un año, el gobernador es consciente de que no tiene demasiado margen para repetir conductas que forman parte de su estilo de conducción. Y que, en esta ocasión, podrían volver a reflejarse.

Un punto de análisis para entender cómo Cornejo selecciona jueces de la Corte, con la expectativa de que alguna vez modifique su accionar: el asunto no es que sean partidarios, la clave es que siempre busca que sean leales. Casi nunca tuvo en cuenta como prioridad a los antecedentes como juristas del postulante y no le preocupó jamás que provengan del radicalismo. En todos los casos, lo que tienen que asegurar los elegidos es fe cornejista.

Así jugó siempre, aunque en el camino haya terminado “traicionado” por algunos. Y aquí está otra de las claves para intentar anticipar lo que viene. Los que terminaron sacando los pies del plato fueron dos cortesanos cuyos antecedentes estaban vinculados a su desempeño dentro de la Justicia más que a la política. Le está pasando ahora con el juez José Valerio y le sucedió en su momento con Alejandro Pérez Hualde, quien renunció a su cargo en 2018 y muy enfrentado con aquel primer Cornejo gobernador. “El problema para Cornejo fue que hay algunos que, después de tantas presiones, terminan en definitiva jugando a ser ‘juecesitos’, que en definitiva es lo que son y a diferencia de los que llegan a la Corte proveniente de la política”, describió un miembro del Poder Judicial a este particular funcionamiento.

Si hay algo que se notó desde que se hiciera pública la renuncia de Llorente en estos días, fue el fastidio y hasta el enojo desbocado a nivel gubernamental cuando se menciona la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la Justicia en Mendoza. Molesta el sayo, afecta una fachada que la UCR provincial muestra como distintiva de su marca y es que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias del país, aquí sí las instituciones funcionan.

Pero más allá de que reaccionan indignados algunos funcionarios del gobierno y el propio mandatario, sectores políticos y económicos de importancia de la provincia observan con preocupación la realidad. Se sabe: Cornejo es un gobernador con poder cuantitativo, después de años de acumulación en donde mantiene a raya a la Legislatura, a los organismos de control, a algunos sectores de la oposición. Y también a la Justicia.

En ese sentido, lleva nombrados 155 jueces en los últimos nueve años, sin contar con las designaciones en la Procuración, la propia Corte y la Defensoría que no pasan por el proceso del Consejo de la Magistratura. Desde hace bastante, controla políticamente ( puntualmente a través de los votos de lo miembros de la Corte) al jury de enjuiciamiento que es el organismo encargado de aplicar sanciones a fiscales y magistrados; tiene peso propio dentro del Consejo de la Magistratura que es el ámbito de selección de los jueces y hasta es quien sube o baja el pulgar a los pedidos de aumento a las partidas presupuestarias del Poder Judicial. En definitiva si hay que sancionar fiscales o jueces puede intervenir, si hay que aprobar o bochar pliegos lo mismo y si se trata de cuestiones plata, ni hablar.  En muchas de estas ocasiones, de hecho, lo hizo. 

Un alcance más del largo brazo. Llatzer, una de las preferidas de Cornejo, es la titular de la Asociación de Magistrados y desde abril, otro cornejista, Sergio Molina, es el presidente del Colegio de Abogados. Una sola cosa le falta al gobernador para tener el control total. Todavía no tiene mayorías propias para remover a los jueces de la Corte en la Legislatura.  

Aquí un hecho de los más importantes en este esquema armado: Cornejo mantiene, sin dudas, un control muy fuerte sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal quien, entre otras funciones, investiga delitos de corrupción y que muchas veces opera como verdadero brazo político del Ejecutivo dentro de la Justicia. Una particular anécdota circulaba por los pasillos de este organismo el año pasado, en la previa de las elecciones. Contaban que, con ironía, el Procurador Alejandro Gullé prendía velas para que Cornejo perdiera las elecciones y así evitar de una vez por todas que lo continuaran presionando hasta el agotamiento. Como en las viejas monarquías, cuando hasta los bufones se hartaban del rey.

En medio de todo esto, episodios graves que se fueron naturalizando lamentablemente. Uno de ellos, se repitió esta misma semana cuando empezó el juego de presiones para ver quién sucederá a Llorente. Cornejo descargó su furia en público contra Mario Adaro, cuestionándole un par de fallos a favor de empleados públicos. Se vió que el gobernador venía enojado ya con este juez por estas sentencias, porque lo llamó para reunirse con él en privado. Adaro niega que ese encuentro se haya producido. Pero efectivamente se concretó. Lo extraño fue que el gobernador soltó su diatriba el miércoles al mediodía, unas pocas horas antes de la reunión que ya tenía acordada con el ministro de la Corte. Y lo castigó públicamente igual. De qué hablaron en ese cara a cara, poco se sabe. Lo que sí, está confirmado que lo que abundaron fueron los reproches por ese fallo. Lejos, muy lejos, quedó ese día la división de poderes.

Y después otro hecho naturalizado. Garay, como presidente de la Corte, está a tiro de wasap de cualquier reclamo, instrucción o pedido de quien lo puso hace siete años en la Corte. Y acá no entran los comentarios de que, por caso, el exmininistro de Gobierno comparte eventos particulares con Cornejo y su mesa chica. Algo más grave: hace pocas semanas un empresario muy reconocido de Mendoza, aceptando cómo se mueven las influencias dentro de la Corte, apeló al gobernador para intentar resolver una causa que allí se tramita. Delante de él, Cornejo levantó el teléfono para hablar con Garay sobre el expediente.

Los escándalos en otras designaciones

La provincia se malacostumbró en los últimos años a poner en juego su prestigio institucional en el contexto del país y los episodios más graves se vivieron, precisamente, al momento de elegir jueces de la Corte. Desde el regreso de la Democracia a esta parte, Mendoza quedó al límite en dos de los últimos cuatro relevos en el máximo tribunal.

En 2015, cuando se votó en el Senado el pliego de la dirigente del PJ Miriam Gallardo, un error en la manipulación por parte de una senadora entonces oficialista de las bolillas blancas y negras frustró el acceso de la postulante de Francisco Pérez y el entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, intentó que la votación se realizara de nuevo.

El radicalismo, opositor en esa época, denunció la maniobra e incluso ese día hasta Cornejo, intendente de Godoy Cruz y ya candidato a gobernador, escandalizado por lo que pasaba se instaló en la Legislatura para evitar que el peronismo avanzara en su intentona. Si la crisis no se agravó, fue porque Ciurca frenó a tiempo y se terminó reemplazando a Gallardo por Julio Gómez tiempo después.

 
El último relevo en la Corte no fue precisamente un ejemplo de institucionalidad. Hacia mediados de 2020 Jorge Nanclares decidió presentar su renuncia como magistrado, para acogerse a los beneficios de la jubilación y la nominación por parte de Rodolfo Suarez de María Teresa Day llevó a un conflicto sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Esa postulación tuvo de todo. En la previa, la certeza dentro de Tribunales de que el gobierno había montado un verdadero golpe institucional para empujar al juez hacia su renuncia alimentándole un conflicto con los jueces civiles.

El origen de ese operativo de desgaste fue la votación por la presidencia de la Corte realizada en noviembre de 2019 y en la que Cornejo, luego de haber ganado las elecciones, no logró que un juez de extracción radical ocupara ese cargo, precisamente, porque Nanclares no respaldó esa decisión.

El resto es historia conocida. El propio Nanclares -por errores propios y de la totalidad de la Corte- quedó muy golpeado por la conflictividad con los jueces civiles, crisis que el propio Gobierno se encargó de fogonear incorporando ataques públicos del gobernador y una ley para terminar con los equiparados dentro del Poder Judicial.

Y después sobrevino un escándalo que casi se los lleva puestos a todos: se discutió durante dos meses si Day cumplía con los requisitos para convertirse en jueza suprema, ya que no había cumplido con la exigencia constitucional de haberse desempeñado al menos diez años como abogada.

Cuando Day logró pasar el filtro del Senado, lo que sobrevino fue una larga serie de maniobras muy desprolijas que fueron poco dignas para quienes levantan la bandera de la institucionalidad en Mendoza y la esgrimen como su marca.

Como en aquella crisis para el gobierno cada hora contaba, sabían que la vacante se había generado porque Nanclares se jubilaba. Pero, como en el caso actual de Llorente, tenían que esperar a que eso sucediese para poder cambiarlo. Es decir, iba a demorar un tiempo en desocupar el sillón, con lo cual, su sucesora no podía asumir.

Esta situación le otorgaba a los jueces Mario Adaro y Omar Palermo, dispuestos a avanzar con una medida cautelar presentada por el peronismo para que Day no asumiera, una ventana de un par de días para actuar. La cautelar, iba a ser resuelta un miércoles o a más tardar un jueves, porque ese día estaba decidido que se trataran las recusaciones que había planteado el Ejecutivo en su contra.

El lunes previo, a la noche, Suarez y un grupo muy reducido de funcionarios diseñó un plan que tenía dos alternativas, un objetivo común y una condición. El objetivo era cómo hacer que Nanclares dejara desocupado el lugar para que pudiera ocuparlo Day en lo inmediato.

Las variantes eran dos y para ellos se redactaron la misma cantidad de decretos. Como “Plan A” se buscó convencer a Nanclares para que cambiara los términos de su renuncia producida a principios de junio y que esta fuera sin condicionamientos, o sea, que no estuviera atada a su jubilación. El otro decreto que se redactó establecía esto mismo, pero sin el consentimiento del expresidente de la Corte.

El veterano juez tuvo un papel clave en esta disputa: no solo aceptó jugar el juego, sino que además firmó una nota pidiéndole expresamente al gobernador que se modificaran los términos que condicionaban su renuncia de hace un mes.

Al otro día, el gobierno hizo jurar de apuro a Day (en la Casa de Gobierno y no en Tribunales como se estila) bajo el argumento de que, con esa rapidez de movimientos, evitaban el avance de la cautelar. Y, casi de inmediato, se ocupó de que la jueza comenzara a realizar actos útiles como tal estampando su firma en una sentencia que terminó aumentando de 8 a 26 años de prisión la pena para Jorge Barroso, el asesino de Micaela Tati, la niña de 13 años que había sido asesinada a balazos en 2012  en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Day se constituyó como ministra un viernes y a los pocos días ya estaba dictando esta sentencia.

Hasta acá no habría demasiados inconvenientes, más allá de que la jueza debutó firmando una sentencia en una causa en la que se involucró dos días solamente. El punto fue que, en el apuro, se terminaron violando derechos del acusado: por el apuro político del Gobierno en buscar sustentar a su jueza, Barroso se enteró por los medios de que iba a pasar 18 años más en prisión.

Durante el período larguísimo de tiempo que llevó aquella crisis de altísimo riesgo institucional, lo que quedó en claro fue que había desatado una lucha por el poder dentro del tribunal. Y que esta se había producido por la puja que dio el sector filoperonista de la Corte no contra Suarez, sino contra Cornejo, quien hacía unos pocos meses había dejado la Casa de Gobierno pero no había abandonado (como nunca terminó de abandonar durante el período de tiempo que demoró en el volver) el manejo de los hilos del poder. Tanto fue así en aquella oportunidad, que el propio Cornejo terminó negociando en el domicilio particular de unos de los jueces que no quería a Day en la Corte su aprobación.