Amparos y empleados estatales: la maniobra legal que da pérdidas millonarias a la Provincia y ganancias fáciles a un grupo de abogados

Fiscalía de Estado busca desactivar una suerte de “industria del juicio” que detectó en estos años, que proviene de artilugios legales de una serie de abogados, que han aprovechado “grietas” -y parte de burocracia- administrativas en el Estado Provincial, que desembocan en juicios contra la Provincia.

En su mayoría, no solamente el Estado pierde dichas causas, sino que además debe correr con los pagos de los honorarios, que actualmente son millonarios. En 2024, los juicios perdidos en este ámbito terminarán costando entre $200 y $450 millones a la Provincia, según la regulación por parte de la Justicia de los honorarios.

Se trata de las llamadas acciones de “amparo por mora” o “amparo de urgimiento”, que son presentadas por abogados, la mayoría del plano sindical, que se aprovechan de un problema burocrático del Poder Ejecutivo provincial, al no contestar diversas peticiones que realizan estatales.

El “modus operandi” es simple. Los letrados “alientan” a una serie de trabajadores estatales a realizar diversas peticiones al Estado, ya sea ascensos, solicitudes por ítems variados (trabajo insalubre, trabajo de riesgo, entre otros), mayor dedicación, entre otros. Pero el objetivo es que el Estado nunca conteste.

Allí está la veta. Pasados los 15 días hábiles administrativos, cuando no hay respuesta del Poder Ejecutivo (sea positiva o negativa), presentan ante la Justicia una acción de amparo por mora o amparo de urgimiento, que generalmente son causas perdidas para Fiscalía de Estado, que es el organismo encargado de defender los intereses de la provincia.

“Con simples presentaciones se aseguran montos que no son para nada despreciables en comparación al trabajo que les requiere”, aseguraron.

Preocupación de la Fiscalía de Estado

La luz de alerta se encendió hace tiempo en Fiscalía de Estado, sobre todo por el incremento de las acciones de amparo por mora devenidos en juicios que pierde la provincia.

Según datos del organismo que lidera Fernando Simón, sólo en 2022, Mendoza perdió 150 casos. Pero los mismos fueron en aumento: en 2023, perdió 175 casos; y el año pasado perdió 223 casos.

Si bien las resoluciones no implican algún tipo de “reparación económica” al trabajador estatal por no haber sido contestado su petición, sí se regulan honorarios a los abogados patrocinantes, los cuales sí debe hacerse cargo el Estado Provincial.

Según pudo saber MDZ, actualmente la regulación de estos honorarios ronda entre el millón y los $2 millones a favor de cada abogado patrocinante, según lo que determine la Justicia.

De esta forma, en cálculos generales, los juicios perdidos en 2024 representan entre $220 y $440 millones a favor de los letrados, por el sólo hecho de no contestar peticiones en tiempo y forma.

Desde Fiscalía de Estado iniciaron en las últimas semanas encuentros con el ministerio de Gobierno para alertar sobre esta situación y sugerir que implementen medidas más eficaces para responder las solicitudes, ya sea de forma positiva o negativa, para “desalentar” esta práctica.

“En muchos casos los reclamos son genuinos, pero lamentablemente quedan opacados por algunos vivos que realizan presentaciones a mansalva, donde en muchos casos los trabajadores ni siquiera están enterados, con el objetivo de saturar el sistema y luego establecer demandas”, expresaron desde el Gobierno a MDZ.

El Gobierno buscará reformar la ley

La “no respuesta” del Estado suele ocurrir en varias oportunidades, por inacción del propio Gobierno, que asegura que muchas veces queda en un “cuello de botella” por la gran cantidad de solicitudes que no “logra” contestar. De hecho, en los ámbitos donde más ocurren estas peticiones son en Salud y Seguridad, que reúnen a una gran cantidad de empleados.

No obstante, desde Casa de Gobierno, si bien admiten el problema, indicaron que el hecho de tener en 2024 223 juicios perdidos, en un universo de 95.000 estatales, no transforma la situación en “grave”, aunque aseguraron que han puesto los ojos en resolver esta situación.

“Tenemos identificados a algunos de los abogados, y ahora vamos a encarar una reforma de la ley”, comentaron a MDZ.

De hecho, lo que se estudia es, además de mejorar la eficiencia del Gobierno a la hora de responder, dotar de mayor tiempo para presentar dichas respuestas.

Es que luego de la primera presentación, una vez que pasan los 15 días hábiles administrativos, pueden terminar en la Justicia.

“Con la reforma de la ley 9002 en 2017, se quitó la instancia del pronto despacho, que otorgaba 60 días más al Gobierno para responder, con el objetivo de beneficiar a los particulares. Pero todo esto lo terminaron desvirtuando los vivos de siempre”, acotaron a MDZ desde el Poder Ejecutivo.

Qué pasa con los funcionarios

Quien también realizó una denuncia y además presentó un proyecto de ley fue el senador del PD, Armando Magistretti, pero en este caso, con el objetivo que el Estado “recupere” dicho dinero por parte de los funcionarios que no respondieron las peticiones en tiempo y forma.

“Se pretende con la ley instaurar la posibilidad de que el Estado responda con una acción de repetición hacia los funcionarios que no actúan”, dijo a MDZ.

Agregó que, identificada la dependencia gubernamental o los funcionarios que no respondieron los expedientes, “hay una responsabilidad de ellos y es importante que el Estado pueda ir contra ellos y que se hagan cargo de los honorarios”.

De hecho, en los fundamentos informó que “de 55 sentencias de estos amparos en los juzgados civiles desde el 1 de febrero al 13 de mayo del 2024, han procedido en 40 casos con costas al Estado”.

En parte de la reforma que propone el senador, indica que la responsabilidad de las costas a los abogados correrá por cuenta de los “agentes de la administración competentes”, si prosperare el amparo.