Libragate: la oposición se abroqueló, firmó dictámenes y el oficialismo lo desconoce
Diputados de la oposición impusieron su mayoría y firmaron este martes distintos dictámenes que comprometen al Gobierno en torno a los cuestionamientos por el Libragate. En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento, la Cámara Baja debatió los proyectos en torno a reclamar explicaciones de parte de la Casa Rosada por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, tras aquel posteo del presidente Javier Milei.
Tras una acalorada discusión, los bloques opositores lograron un dictamen de mayoría con 53 firmas, reclamando pedidos de informe por escrito por parte del Ejecutivo. Por otra parte, se firmaron 4 dictámenes para interpelar presencialmente a funcionarios nacionales. El que más firmas logró fue el promovido por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que buscan interpelar al mandatario, a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y hasta el ministro de Economía, Luis Caputo.
En tanto, con 6 firmas está el dictamen del bloque de Democracia para Siempre que propone interpelar a Francos, Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso de la Coalición Cívica y el diputado Oscar Agost Carreño se pide la presencia del jefe de ministros. También hay un dictamen de dos firmas del diputado Nicolás Massot y la diputada Margarita Stolbizer.
A su vez, se firmó el dictamen para crear una comisión investigadora sobre el Criptogate, gracias a 34 rubricas. Acompañaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Coalición Cívica, en este último caso en disidencia parcial.
Sin embargo, La Libertad Avanza desconoce los dictámenes y dilata la definición a mañana, específicamente al término de la sesión que este miércoles debatirá sobre el DNU que avala el acuerdo con el FMI y en medio de la marcha frente al Palacio legislativo.
El presidente de la Comisión, Nicolás Mayoraz, instó a que se termine resolviendo el dictamen este miércoles a las 18, buscando dilatar la polémica cripto con el resto de la coyuntura política que habrá mañana. Incluso, el peronismo deslizó que el oficialismo podría disponer de un asueto administrativo del personal parlamentario por eventuales incidentes en el Congreso para evitar la reunión.
“Nos invitan a reunirnos mañana a las 18, pero no sabemos cuál va a ser el escenario para mañana. Escuchábamos recién que sobrevolaban el helicópteros el Congreso. El oficialismo quiere dilatar esta discusión y convocó a una sesión. Han intentado con esta convocatoria evitar un pronunciamiento de estas comisiones”, señaló el diputado Leopoldo Moreau.
"Hoy no se puede saber todavía qué va a pasar. El problema se va a plantear mañana si no se consigue hacer funcionar los plenarios de comisiones porque hay sesión, ahí va a entrar una situación de stand-by que se soluciona de dos maneras: o por vía de un nuevo emplazamiento hecho o nosotros vamos a pedir una sesión, vamos a ir al recinto y vamos a decir que estos expedientes tienen dictámenes y vamos a hacer valer estos dictámenes", señaló un legislador opositor que integra el plenario.
Llegaron novedades judiciales del Libragate
El estudio de abogados Burwick Law, con sede en Nueva York, presentó ante la Corte Suprema de ese estado una demanda colectiva por el escándalo de la criptomoneda. La denuncia apunta contra las firmas Kelsier Ventures, Meteora y KIP Protocol, y se hace hincapié en que el lanzamiento fue “engañoso, manipulador y fundamentalmente injusto”. Por el momento, la denuncia colectiva no afecta al presidente Javier Milei.
“Alegamos que Kelsier, KIP, Meteora y partes relacionadas orquestaron un lanzamiento injusto del token ($LIBRA), supuestamente engañando a los compradores y perjudicando a los inversores minoristas”, plantea la presentación.
Los inversores reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.