Mala praxis, accidentes escolares y abuso en las cárceles: cuánto debe pagar Mendoza por 373 juicios perdidos
Un niño se accidenta en el recreo de una escuela de la provincia. Un paciente es víctima de mala praxis en un hospital estatal, o se agrava su salud a causa de un virus intrahospitalario. Un preso en una cárcel de Mendoza es herido mientras se supone que debe estar bajo la vigilancia de penitenciarios. Seguramente estos casos generales no están conectados entre sí, pero en varias ocasiones los une al tramo final: un juicio al Estado provincial.
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Sólo en 2025, la provincia de Mendoza deberá desembolsar al menos unos $2.200 millones en concepto de pago de juicios perdidos que se han hecho contra la provincia y que tienen sentencias firmes.
En total, son 373 sentencias resueltas en contra del Estado por la Justicia Provincial, que ingresaron en el Presupuesto 2025 de Fiscalía de Estado, organismo que lidera Fernando Simón y que se encarga, entre otros, de abonar los montos a los ciudadanos que le ganan juicios al Estado provincial.
Según informó a MDZ el director de Administración y Finanzas de Fiscalía de Estado, Pablo Frigolé, el dinero a pagar se compone en un 50% de un monto nominal resuelto en el Poder Judicial, y otro 50% de intereses por mora, que proviene no de una tardanza de la propia Fiscalía, sino de la ralentización -en la mayoría de los casos lógica- en la resolución de causas por parte de la propia justicia provincial.
373 juicios a pagar
De los 373 juicios perdidos que debe saldar la Provincia, casi la mitad (44%) son del ámbito del ministerio de Salud, con 177. Luego se encuentra el ámbito de la Seguridad, con 76 juicios perdidos; y completa el podio juicios contra la Dirección General de Escuelas (DGE), con 59. Luego está el Gobierno Provincial, con 54 demandas perdidas, el Tribunal de Cuentas con seis, y el Poder Judicial y el ministerio de Economía, con cinco.
Uno de los casos más resonantes por los que debe responder el Estado provincial es el del femicidio de Paula Toledo, en octubre del 2003 en San Rafael, en el cual se deberá abonar una suma superior a $50 millones por indemnización a la familia y también otras costas, sin contar los intereses.
En este caso, la Justicia condenó por daños y perjuicios al Estado por una investigación que estuvo plagada de irregularidades y negligencia (manipulación de evidencia, pruebas no efectuadas en tiempo y forma, desecho de evidencia clave, entre otros), tres juicios y aún no se sabe quiénes fueron los autores materiales del asesinato.
De los referidos a Salud, los más fuertes tienen que ver a severos casos de mala praxis en hospitales estatales, cuyas consecuencias deben ser afrontadas por el Estado tras demandas por daños y perjuicios.
Entre los más altos, se pueden encontrar indemnizaciones superiores a los $25 millones (sin intereses) para las víctimas por casos en el Hospital Lagomaggiore, Perrupato y Central, entre otros.
Lo mismo ha ocurrido con malos diagnósticos en centros de salud municipales (como uno en Godoy Cruz) que derivaron a mayores complicaciones de salud e incluso a fallecimiento de las víctimas, por enfrentar el cuadro de manera tardía.
En el ámbito educativo, la mayoría de los juicios perdidos por el Estado son accidentes de los propios estudiantes, la mayoría en el ámbito del recreo o realizando actividades físicas, que ocasionaron problemas de salud para los damnificados, algunos con altos porcentajes de incapacidad (caídas con quebraduras, lesiones o golpes entre ellos, entre otros).
Respecto al ministerio de Seguridad, un caso que también es resonante es uno por el cual debe pagar el Estado más de $11 millones (sin contar intereses) es por la detención injusta de un acusado por el plazo de un año, nueve meses y 6 días, por el crimen de Gabriel Alejandro Oro, el 7 de enero del 2017, en el asentamiento Buena Nueva de Guaymallén.
Según el fallo, a la víctima se la detuvo y se pensó en su momento que era quien conducía una moto desde la cual el acompañante efectuó los disparos a Oro. No obstante, la Justicia sostuvo que la detención fue "excesiva" y "arbitraria" y que la fiscalía no tuvo elementos contundentes como para detenerlo.
En el ámbito de Seguridad, el Estado deberá indemnizar por más de $10 millones a una persona que fue aprehendida en la Terminal de Ómnibus en noviembre del 2020 y que, en la comisaría 22 de La Paz registró severos problemas de salud (respiratorios y en la piel) a causa del incendio de un colchón en la celda. En vez de llamar a una ambulancia, la víctima fue trasladada al hospital Illia en un patrullero, lo que complicó su situación de salud.
Otro caso de un juicio por parte de un detenido se dio en San Felipe, cuando se constató que en marzo del 2019, entre ocho y nueve internos secuestró y torturó a la víctima por ocho días. No sólo lo golpearon y lastimaron en todo su cuerpo, sino que lo electrocutaron en varias oportunidades y también le quebraron cuatro dedos de sus manos.
Defensa de la Fiscalía
Desde Fiscalía de Estado indicaron que la ingeniería de defensa de los intereses del Estado ha ido mejorándose año a año, pero hay juicios que indefectiblemente "tienen las de perder", sobre todo por lo que establece la legislación mendocina.
Del ámbito de Salud, que es donde más juicios perdidos tiene en promedio la Provincia, expresaron que si bien el número puede ser grande, "es muy bajo en promedio a la cantidad de operaciones y cirugías que se realizan todos los días en los grandes hospitales de Mendoza, ya sea el Notti, Central o Lagomaggiore, entre otros".
"Es cierto que hay casos resonantes, pero si hay un juicio en contra por mala praxis por ejemplo en un parto, hay que pensar también la gran cantidad de partos que día a día son exitosos en la provincia", indicaron.
Al margen de este promeido, sostuvieron desde Fiscalía de Estado que están "ganando un 30% de casos por supuesta mala praxis porq hay mucha 'aventura' de abogados, o en otros casos donde no hubo un error del médico".
Por otro lado, en términos de accidentes dentro de escuelas de la provincia, se suele accionar contra el Estado, ya que "no es necesario que haya o no culpa". "El régimen de responsabilidad de Mendoza es muy duro y hay una 'responsabilidad objetiva'. Si le pasa algo a un chico, el Estado paga; con la mayoría de los casos es así porque tiene que haber una culpa evidente de un tercero y no tiene que haber estado bajo la observancia de un docente. La ley es objetiva", sostuvieron.
En tanto, también hay casos en contra dentro de cárceles: "Hay muchos casos de incidentes dentro de los penales donde pierde el Estado porque es quien tiene la guarda de los internos. También ha pasado que hay presos que ya cumplieron la condena pero quedan detenidos más tiempo. Nadie se da cuenta, pero luego terminan accionando contra el Estado. Hay de todo", aclararon.
Mejora en números
Por otro lado, Frigolé destacó que este 2025 será uno de los años, en la última década, en la que menos dinero en términos reales debe abonar la Provincia.
Pero las causas surgen de varios aristas. Por un lado, señaló que el Gobierno Provincial activó a fines del año pasado un fondo extra por $1.600 millones, de los cuales se utilizaron $1.100 millones para cancelar expropiaciones en terrenos del perilago de Potrerillos; y otros $500 millones se utilizaron para abonar registros de este 2025, lo que lógicamente influyó en la rebaja de montos.
Por otro lado, sostuvieron que en los últimos años, los juicios, salvo algunos que son más complejos, suelen resolverse en menos cantidad de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los avances en la oralidad y el fin de los expedientes papel, lo que ha influido también en una menor cantidad de intereses.
De hecho, informó que el año pasado se abonaron casi $7.000 millones, de los cuales más del 70% fue en concepto de intereses.
Indicó además que Mendoza registró una baja en términos reales debido a que comenzó a implementar a partir de mediados del 2024 otro tipo de pago de intereses. El cambio estructural se dio con el paso de intereses a través de la tasa por UVA a una tasa de referencia del Banco Nación de la cartera de créditos generales.
Sin embargo, para Frigolé es “una de cal y otra de arena”, ya que la tasa UVA generó un impacto fuerte en los recursos provinciales, ya que el incremento notable de la inflación en los años de la gestión de Alberto Fernández, impactó de forma negativa en los intereses a pagar, por lo que este cambio de tasa fue positivo.
La mala es que, con esta tasa de referencia, actualmente “se está pagando un monto mayor que la tasa UVA, por el desplome de la inflación. Actualmente este 2% mensual de inflación se diferencia del 5% mensual que se paga por la tasa de referencia del Nación”, se lamentó el funcionario de la Fiscalía de Estado.
Al margen de estas premisas, Frigolé señaló que esta progresión no quiere decir que el año que viene Mendoza deba pagar menos.
“El orden administrativo y poder contar con los recursos es una buena noticia. Pero no lo es todo”, marcó. En este sentido, se entiende que si hay más juicios perdidos por la provincia, y si en ellos las costas son mayores, indefectiblemente en 2026 o los años posteriores, se deberá abonar más.
Sentencias en contra del Estado a pagar en 2025
- Salud: 177 juicios en contra
- Seguridad: 76
- Dirección General de Escuelas: 59
- Gobierno: 54
- HTC: 6
- Economía y Hacienda: 5
- Justicia y Poder Judicial: 5
- Oficina Técnica Previsional: 4
- EPTM: 3
- Servicio Penitenciario: 3
- Cultura: 2
- Secretaría de Ambiente Territorial: 2
- Dynaf: 1
- Fondo Residual: 1
- Desarrollo Social: 1
- Obras Públicas: 1
- Municipalidades: 1
- Parques y Zoológicos: 1
- Trabajo: 1
- Transporte: 1
- Planificación Pública: 1