Videovigilancia: la millonaria suma que el Gobierno pagó por una "readecuación de precios"

El Gobierno provincial acordó una redeterminación de precios con Arlink, la empresa que tiene la concesión del servicio de videovigilancia de todo el Gran Mendoza y Lavalle, en la que debió abonar por cinco meses más de $160 millones en conceptos de recálculo de valores del sistema producto de una mayor cobertura y la inflación galopante de los últimos años.

Según se informó a través del decreto 390, que se publicó el viernes pasado, el Gobierno reconoció un monto a favor de la empresa que gestiona las cámaras de seguridad  por $164,3 millones por cinco meses de servicio, por el período entre marzo y julio del 2024.  

Lo llamativo es que los 24 meses por los que se había firmado el contrato entre Arlink y el Poder Ejecutivo (entre abril del 2022 y marzo del 2024), el monto total fue de $269,3 millones, por lo que estos $164,3 millones más de los últimos cinco meses, representan el 60% del contrato inicial. 

Desde el Gobierno pusieron énfasis por un lado, en la presión inflacionaria del país, en momentos en los que gobernaba Alberto Fernández y más teniendo en cuenta que en 2022 -fecha de inicio del servicio- se había establecido un contrato "en pesos". Además, el decreto marca un incremento del servicio de videovigilancia de más del 17%, lo que responde a una mayor cantidad de cámaras, y por ende, servicio.  

Desde Arlink, en tanto, sostuvieron a MDZ Online que los importes ya estaban "desfasados" incluso desde el comienzo del contrato, en febrero del 2022, "debido a que la presentación con las ofertas fueron presentadas en septiembre del 2021, es decir, cinco meses antes de comenzar las operaciones". 

Readecuación

En el anexo de este convenio de adecuación de precios, se indicó que la empresa inició su contrato el 1 de abril del 2022 y tenía fecha de finalización el 30 de marzo del 2024. No obstante, por “requerimientos del proyecto, se debieron ampliar cantidades y por lo tanto un mayor tiempo de realización”, por lo que se extendió el contrato al 30 de julio del 2024, lo que generó una nueva “orden de compra”. 

El dato clave está en la cláusula primera del convenio, que aclara que la adecuación de precios abarcó “desde el último mes de la contratación inicial (marzo 2024) hasta la nueva fecha de finalización de la contratación (30 de julio de 2024)”.

De esta forma, la provincia aceptó hacer lugar a la solicitud de adecuación que formuló Arlink el 8 de marzo del 2024, por los importes determinados “en informes técnicos emitidos”. 

“La Provincial reconoce a favor de la empresa una diferencia por adecuación de precios por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 30 de julio de 2024 (5 meses) por: una diferencia total de $164,2 millones”, marca la cláusula segunda del anexo, que fue firmado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y el apoderado de Arlink, Antonio Stagliano.

Según el decreto 390/2025, Arlink firmó con el Gobierno la "contratación del servicio de conectividad y mantenimiento del sistema integral de videovigilancia ( cámaras de seguridad) de Gran Mendoza y Lavalle".

En términos de la norma reglamentaria, se dejó en claro que sólo se podría pedir una readecuación de precios "cuando se hayan producidos significativas modificaciones en los precios de contratación que repercutan en la ecuación económico financiera de los suministros contratados".

Una vez iniciado ese trámite, se estudiaría a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes "siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición que torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega del bien".

Fundamentos del Gobierno

Desde el Gobierno defendieron la readecuación de precios por estos cinco meses, teniendo en cuenta que citaron a la inflación como uno de los principales ítems que "empujaron hacia arriba".

En este sentido, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, en 2022 la inflación acumulada fue del 96,9%; en 2023, del 216,5%; y en 2024, del 107,5%.

Se expresó en el decreto que Arlink, durante el proceso de estos dos años en los que se fijó el contrato, incrementó un 17,08% "los servicios contratados para el renglón 01"; y un 17% de los servicios contratados "para el renglón 02", lo que impactó naturamente en el valor de la readecuación. Esto se tradujo en una mayor cantidad de cámaras de seguridad.   

Fuentes de Administración del ministerio de Seguridad expresaron a Mdz que antes de la finalización del contrato de dos años, se hizo "uso del derecho por pliego de ampliar dicha orden de compra por hasta un 30%", por consiguiente, la misma se extendió hasta el 31/07/2024.

"Atendiendo que la contratación se adjudicó en pesos, el impacto inflacionario durante el periodo de la misma fue del 631,01% según índices IPC zona cuyo (Indec). Ante esta situación, el proveedor solicitó desde el mes de marzo 2024 una adecuación de precio para poder afrontar el último mes y el período de ampliación de la misma, para lo cual, se realizaron análisis de los rubros componentes del costo del servicio tanto de los que tuvieron impactos inflacionarios como  del tipo de cambio, para poder llegar al valor de adecuación de precios reconocido", finalizaron.

Por todo esto, resolvieron "restituir la ecuación económica-financiera del contrato".  

El convenio de redeterminación de precios entre Seguridad y Arlink

Convenio Ministerio de Seguridad - Arlink by JuanManuelTorrez