La inmoralidad de la justicia argentina

La confianza en la Justicia no depende únicamente de las sentencias que dictan los jueces. También se construye a partir de la conducta de quienes intervienen en su selección, evaluación y eventual remoción. El Consejo de la Magistratura ocupa un lugar estratégico dentro del sistema institucional argentino: allí se definen concursos, sanciones y acusaciones que pueden cambiar el rumbo del Poder Judicial. Por esa razón, quienes integran ese organismo deberían exhibir una conducta pública capaz de inspirar credibilidad y ejemplaridad.

La realidad suele ofrecer un panorama muy diferente

En julio de 2024, durante una reunión del Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez protagonizó un lamentable episodio que rápidamente recorrió los medios nacionales. Creyendo que su micrófono estaba cerrado, se lo escuchó decir: "Excelente, una moneda le vamos a sacar", en referencia a la sanción económica que se analizaba imponer a un magistrado. La frase generó una inmediata polémica por la liviandad con la que parecía referirse a una decisión disciplinaria dentro del órgano encargado de controlar la conducta de los jueces. Más allá de cuál haya sido su verdadera intención, el episodio dejó una enseñanza evidente: quienes administran instituciones tan sensibles no pueden permitirse transmitir, ni siquiera de manera involuntaria, una imagen de frivolidad frente a decisiones que afectan la independencia y la responsabilidad del Poder Judicial.

La discusión, sin embargo, trasciende esa frase

En distintas oportunidades, Luis Juez también fue objeto de cuestionamientos políticos y periodísticos vinculados con la designación de personas cercanas en ámbitos públicos. Como ocurre con numerosos dirigentes argentinos, esas críticas alimentaron el debate sobre la conveniencia de establecer reglas mucho más estrictas en materia de transparencia y conflictos de interés. Independientemente de la legalidad de cada nombramiento, el estándar ético que debería exigirse a un integrante del Consejo de la Magistratura probablemente sea superior al mínimo que establece la ley. Luis Juez tendría al menos nueve familiares directos desempeñándose en distintos organismos de la administración pública nacional, provincial y municipal. Hijos, hermanos, cuñados y otros familiares en dependencias como el Consejo de la Magistratura, el Senado, ministerios de Córdoba, AFIP y otras reparticiones estatales, lo que contradice el discurso del senador contra la denominada "casta política" y exponen prácticas de nepotismo.

En distintas oportunidades, Luis Juez también fue objeto de cuestionamientos políticos y periodísticos

Archivo.

La ejemplaridad institucional no consiste únicamente en evitar delitos. Consiste también en evitar cualquier conducta que pueda generar sospechas razonables sobre la imparcialidad o el uso del poder público. Recordemos que otro de los cuestionamientos recurrentes que ha recibido Luis Juez a lo largo de su trayectoria política se vincula con los sucesivos cambios de alianzas partidarias. Inició su carrera en el peronismo, acompañó al menemismo, mantuvo una etapa de cercanía con el kirchnerismo —llegando incluso a expresar que llevaba a Néstor Kirchner "en el corazón"—, posteriormente se alineó con el progresismo junto a referentes como Hermes Binner y Pino Solanas, más tarde se convirtió en una de las principales figuras de Juntos por el Cambio y, en los últimos años, pasó a respaldar políticamente al presidente Javier Milei. Sus críticos sostienen que esta sucesión de cambios refleja una falta de coherencia política e ideológica.

La justicia atraviesa una crisis de confianza

Algo similar ocurre con las discusiones periódicas sobre el patrimonio de distintos funcionarios argentinos. En diversos momentos aparecieron publicaciones periodísticas y denuncias políticas referidas a la situación patrimonial de Juez y a determinadas propiedades atribuidas a su entorno. Muchas de esas controversias no concluyeron con condenas judiciales ni acreditaron responsabilidades penales, pero ilustran un fenómeno más amplio: cuando los funcionarios ocupan posiciones institucionales de enorme relevancia, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en una obligación política. Ese principio debería ser particularmente exigente en el Consejo de la Magistratura si es que queremos una justicia trasparente ya que se trata de intervenir sobre la carrera de quienes, posteriormente, deberán investigar casos de corrupción, resolver conflictos entre ciudadanos y Estado o garantizar los derechos constitucionales de millones de argentinos. Mientras se exige a los jueces independencia, prudencia y equilibrio, muchas veces quienes participan de su selección protagonizan polémicas que deterioran la credibilidad del propio sistema.

Argentina atraviesa desde hace décadas una profunda crisis de confianza en sus instituciones. Encuesta tras encuesta, la Justicia aparece entre los poderes con peor imagen pública. Las principales mediciones de opinión pública muestran desde hace años una profunda desconfianza ciudadana hacia la Justicia. Según el Índice de Confianza en la Justicia elaborado por Fores y la Universidad Torcuato Di Tella, apenas uno de cada diez argentinos considera que el sistema judicial controla adecuadamente al poder político y económico. En la misma línea, un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA reveló que más del 94% de la población cree que los jueces están influenciados por intereses políticos o económicos. En ese contexto, la conducta de quienes integran organismos clave como el Consejo de la Magistratura adquiere una relevancia aún mayor, ya que cualquier controversia pública termina profundizando una crisis de confianza que la sociedad percibe desde hace tiempo

El Consejo de la Magistratura necesita de modo urgente integrantes técnicamente preparados, políticamente independientes y éticamente irreprochables. La legitimidad de los jueces comienza mucho antes de que dicten su primera sentencia: empieza con quienes tienen la responsabilidad de seleccionarlos.

* Sergio Hernández. Abogado