Aprobaron la nueva reforma al Código Procesal Penal pese al rechazo de toda la oposición
El Senado de Mendoza dio sanción definitiva este martes a la reforma del Código Procesal Penal impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo, que apunta a reducir los tiempos de las causas judiciales en la provincia. La iniciativa fue aprobada en una ajustada votación en la que solo el oficialismo votó a favor, mientras que los bloques opositores rechazaron el proyecto.
Walther Marcolini, el informante durante el tratamiento, destacó que la iniciativa busca darle mayor dinamismo a la etapa de la investigación preparatoria dentro del sistema acusatorio de Mendoza. Subrayó que esta reforma sigue la línea de otras doce leyes sancionadas desde 2016 con el objetivo de hacer el proceso penal más ágil, transparente y preciso.
“Los cambios propuestos impactan principalmente en la etapa de la investigación penal preparatoria, incorporando modificaciones a varios artículos e introduciendo el artículo 362 bis, que establece cómo se resuelven las discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías”, detalló.
Entre los aspectos clave mencionados, destacó la modificación del artículo 22 del Código para evitar dilaciones en la etapa investigativa, así como la regulación de nulidades en el artículo 201, estableciendo momentos específicos para plantearlas. También mencionó la facultad del fiscal de archivar causas según el artículo 346, con posibilidad de revisión por parte del juez de garantías, y el refuerzo del control sobre las pruebas rechazadas en el artículo 347.
Sobre las apelaciones, Marcolini precisó que se limita su alcance a casos específicos en los artículos 350, 355, 466, 481 y 482, evitando demoras innecesarias. Además, resaltó el nuevo procedimiento ante discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías: “Si el fiscal plantea un sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, la decisión pasa al fiscal adjunto penal. Si este último coincide con el fiscal inferior, el juez deberá resolver en la materia. En caso contrario, la causa se transfiere a un fiscal subrogante, asegurando así una doble revisión del proceso”.
El proyecto fue aprobado por 19 votos afirmativos contra 17 negativos. A favor de la propuesta votaron los senadores radicales, mientras que durante el tratamiento del proyecto la senadora Adriana Cano del bloque justicialista; como los senadores Dugar Chappel, del Partido Verde; Armando Magistretti del Partido Demócrata/La Libertad Avanza; y Ariel Pringles de La Unión Mendocina, manifestaron el rechazo de los bloques opositores a la reforma.
Rechazo opositor
Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ) manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial, denunciando que existió una falta de debate profundo y la omisión de aportes de expertos en la materia.
"Estamos ante una nueva oportunidad perdida de hacer bien las cosas. Se aprobó una reforma con impacto directo en la administración de justicia sin haber escuchado las voces de especialistas, colegios profesionales ni instituciones académicas", señaló Adriana Cano, presidenta del bloque justicialista.
Entre las principales críticas, Cano advirtió que la reforma no acelera el proceso judicial, sino que genera mayor complejidad al postergar resoluciones clave para la etapa del juicio. Además, remarcó que el texto aprobado debilita garantías fundamentales, como el derecho a la defensa, al limitar la posibilidad de apelación en situaciones que pueden ser irreparables para los acusados.
"Lejos de fortalecer el sistema de justicia, esta reforma consolida un modelo en el que el Ministerio Público gana más poder, amplía sus facultades en la etapa de investigación y limita la participación de las partes antes del debate. Por ejemplo, no poder discutir la calificación legal antes del debate, cercena el derecho de defensa. Limitar las apelaciones y las nulidades, entorpecerá el debate, haciendo más complejas las causas y gastando más recursos", detalló.