Cancelaron un plan de asistencia jurídica para comunidades indígenas en disputa por tierras
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a comunidades indígenas para facilitar su acceso a la justicia en conflictos de tierras. La decisión fue publicada en la Resolución 8/2025 del Boletín Oficial y se enmarca en un proceso de revisión de gastos públicos impulsado por el Gobierno.
El programa tenía como objetivo financiar costos de asesoramiento legal, defensa judicial, capacitación jurídica y otros trámites relacionados con la consolidación de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por pueblos originarios. Sin embargo, el Gobierno argumentó que el plan no cumplía con los criterios de eficiencia requeridos y que presentaba deficiencias en su implementación.
Según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el programa carecía de herramientas de registro y sistematización de datos que permitieran evaluar su impacto y justificar su continuidad. Además, los informes indicaron que no se habían alcanzado los objetivos previstos desde su creación en 2004.
En este contexto, la Resolución 8/2025 establece la derogación de la normativa que había dado origen al programa y justifica su eliminación en función de la optimización de recursos estatales. La medida está respaldada por el decreto 70/2023, que declara la emergencia pública en materia económica y busca reducir gastos en distintos sectores del Estado.
Revocación del permiso de tierras a comunidad Qom
La eliminación del programa se suma a otra decisión reciente del INAI. Hace menos de una semana, el organismo revocó el permiso de ocupación de tierras a la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, perteneciente al pueblo Qom, en la localidad de Makallé, Chaco.
La revocación fue oficializada a través de la Resolución 5/2025 y anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional de la comunidad sobre el lote 175 de Makallé. La decisión se tomó tras un reclamo de Mariel Luisa Crespo, quien se identificó como copropietaria de una parte del inmueble y denunció irregularidades en el proceso administrativo que había otorgado el permiso a la comunidad.
El INAI evaluó la documentación presentada por Crespo y concluyó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de la reclamante sobre el terreno. En consecuencia, el organismo resolvió dar lugar al recurso de revisión interpuesto y anular la Resolución 144/2023, que había autorizado la ocupación del territorio.
Las autoridades indicaron que la determinación sobre la existencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho y su localización deberá ser tratada por el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco. Mientras tanto, se aguardan nuevas resoluciones provinciales sobre el futuro del lote 175 en disputa.