Juicio por YPF: las dos páginas con las que Argentina le contestó a Preska
Luego de que la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) pidiera la semana pasada que la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska revoque el fallo en contra de la Argentina por US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno le envió este martes un descargo a la magistrada donde apoyó el planteo de la ONG y pidió investigar las supuestas irregularidades en el proceso de estatización de la petrolera. Este miércoles se conocieron los detalles.
La entidad liderarda por el abogado Fernando Irazu había solicitado a Preska poder intervenir en el caso YPF para pedirle que instruya al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a cualquier otro organismo relevante iniciar una investigación penal sobre un supuesto esquema criminal entre la familia Kirchner y los Eskenazi a costa de la Argentina y la petrolera.
Allí, la ONG reclamó que se suspenda el procedimiento judicial en curso estando pendiente esa investigación penal y que oportunamente anule la sentencia por la que se condenó a la Argentina a pagar US$16,1 mil millones de dólares. Fue en ese marco que la jueza norteamericana le pidió a las partes involucradas -el Estado argentino y los fondos Burford Capital y Eton Park- que se expidan sobre la presentación.
Tal como anticipó MDZ, en la presentación -enviada por el abogado estadounidense Robert J. Giuffra, Jr, copresidente y socio del estudio Sullivan & Cromwell de Nueva York- el Estado argentino apoyó la moción de Republican Action por Argentina, con quien dijo "no tener afiliación ni conocimiento de sus miembros" su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi.
"Argentina ha experimentado de primera mano cómo la corrupción no sólo impacta casos específicos, pero también socava la integridad de los derechos republicanos y instituciones democráticas. La presentación de RAFA plantea serias acusaciones de corrupción", advierte la presentación, y agrega: "Si RAFA tiene pruebas que respalden las acusaciones planteadas en su presentación ante la Corte, la República agradecería recibir tales pruebas, incluyendo cualquier evidencia de que los demandantes Petersen obtuvieron la sentencia en este acción por fraude".
Además, el texto señala que "algunas de las acusaciones de RAFA son actualmente objeto de una investigación en curso en Argentina" y remarca que el país "se reserva todos los derechos de llamar la atención del Tribunal sobre los resultados de ese o de otros investigaciones en el momento adecuado, si fuera necesario". También enfatiza que "el ordenamiento jurídico argentino contiene disposiciones específicamente diseñadas para prevenir prácticas corruptas y sancionar a los involucrados".
Para concluir, la presentación subrayó que "el Gobierno argentino, bajo la presidencia de Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y se compromete a investigar cualquier acusación creíble a fondo".
"Por su fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción, incluida la corrupción histórica, la República Argentina apoyaría y cooperar plenamente con cualquier investigación que el gobierno de los Estados Unidos pueda realizar sobre las cuestiones planteadas por RAFA, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales de Estados Unidos no son el foro adecuado para resolver los reclamos de los Demandantes en este caso", finaliza el documento.
La carta de Argentina a Loretta Preska
El caso YPF
El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner dispuso en 2012 la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a la petrolera española Repsol, sin realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes como exigía el estatuto de la empresa.
En ese marco, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, afirmando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que había adquirido un 25% del paquete accionario de la compañía durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.
Debido a ese proceso judicial, en septiembre de 2023, Loretta Preska falló que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park, fondos que adquirieron el derecho a litigar en nombre de los accionistas involucrados.
En el planteo de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) se argumenta que existieron supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera en favor de los demandantes, dentro de los cuales están los Eskenazi.
