Licitación de la Hidrovía: pese a los cuestionamientos, el Gobierno avanzará con la apertura de ofertas

El Gobierno está decidido a avanzar este miércoles con el proceso de la licitación de la Hidrovía, la adjudicación más importante hasta el momento para la gestión de Javier Milei, pese a las denuncias que acusan un supuesto direccionamiento en favor de una de las compañías interesadas. En ese marco, la Casa Rosada llamó a cumplir el cronograma fijado y realizará a las 13 la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en quedarse con la concesión de la ruta comercial más importante del país.

De esa forma, el Ejecutivo decidió sostener los tiempos previstos por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Economía pese al dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA), el cual advirtió este martes, a menos de 24 horas de la apertura de sobres, "serias y evidentes irregularidades" en la redacción del pliego que establece las condiciones y requisitos que se les exige a las compañías para competir.

El dictamen de la PIA no es vinculante, es decir, el Gobierno no está obligado a frenar la licitación. Sin embargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti advirtieron en su texto que las irregularidades "conducirán inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales".

El pronunciamiento de la PIA llegó tras una serie de denuncias impulsadas por varias de las compañías competidoras, entre ellas la belga DEME, la danesa Rhode Nielsen, y la brasileña DTA, que acusaron un direccionamiento explícito en el pliego del Gobierno para que la concesión caiga en manos de la empresa que tiene el control la Hidrovía desde 1995, el gigante belga Jan de Nul.

En sus argumentos, las empresas sostienen que el Gobierno estableció cláusulas como requisitos para competir que solo puede cumplir la compañía belga, por su condición de ser la actual concesionaria. Entre los principales puntos, las denunciantes acusaron que la licitación establece un tiempo muy corto para la presentación de una oferta razonable y sostuvieron que el Estado no ofreció a los oferentes la información adecuada con todos los detalles técnicos para evaluar correctamente la presentación, algo que sólo Jan de Nul está en condiciones de hacer.

A su vez, plantearon que el 40% de la evaluación de la oferta tiene que ver con un puntaje técnico en lugar de premiar el precio ofrecido más bajo. Por ejemplo, se solicita experiencia en el manejo de este tipo de operaciones en la Argentina, cuando la única que cumple ese requisito es la compañía que trabajó sobre el canal durante los últimos 30 años.

Sin embargo, el Gobierno defiende la redacción del pliego y según pudo saber MDZ se ancla en un fallo de la Justicia federal para avanzar con la licitación pese a las advertencias de la Procuraduría de Investigación Administrativa, el organismo encargado de investigar y denunciar irregularidades en la administración pública.

“No se advierte del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación”, explicó el juez federal de turno, Enrique Lavie Pico, en un fallo firmado a mediados de enero donde rechazó la medida cautelar presentada por DEME para suspender la licitación.

Respecto a las denuncias, en la Casa Rosada sostienen que la "ventaja" que tiene Jan de Lun en la licitación es algo lógico debido a su mayor experiencia, conocimiento e infraestructura, pero niegan que esto sea un direccionamiento. "Es la compañía de dragados más grande del mundo", aseguraron a este medio.

Para un alto funcionario del Ejecutivo, las acusaciones contra el pliego responden "al lobby que están haciendo desde una de las compañías es para que el Gobierno modifique las condiciones del pliego para que Jan de Lun pierda, algo ilegal".

Mientras tanto, Maximiliano Ferraro, el titular de la Coalición Cívica, uno de los actores que presentó denuncias contra el supuesto direccionamiento, aseguró este martes tras conocer el dictamen de la PIA que "es urgente que convoquen a un plenario de comisiones en Diputados para que los funcionarios responsables brinden informes, y ahora explicaciones, sobre este proceso de concesión vergonzoso".

Sin embargo, el Gobierno hace oídos sordos a los cuestionamientos y redobla el paso. De acuerdo a la propuesta del Gobierno, se estima que la compañía que se quede con la concesión percibiría unos US$ 15.400 millones durante los próximos 30 años en materia de peajes. Para muchas voces del sector, la gran ganadora será Jan de Lun.