El Superior Tribunal de Entre Ríos ordenó la liberación del exgobernador Sergio Urribarri
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decidió este viernes con voto dividido otorgarle la libertad al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes estaban detenidos preventivamente desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná por corrupción y delitos contra la administración pública.
El exmandatario de Entre Ríos había sido detenido luego de que la Cámara de Casación Penal de Paraná ordenara su captura inmediata en el marco de una causa que lo investiga por utilizar de forma indebida fondos públicos, algunos de los cuales se destinaron a financiar sus campañas electorales, a través de contratos de impresión y publicidad, entre otras maniobras.
Por ese motivo, Urribarri había sido condenado a 8 años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, pero el fallo todavía debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia para que quede firme. En ese contexto fue que Casación pidió la prisión preventiva por considerar que había riesgo de fuga.
Sin embargo, el Supremo Tribunal de Justicia entrerriana habilitó la feria y determinó que esa posibilidad no se había comprobado de manera indubitable. Con ese argumento, los vocales Leonardo Portela y Germán Carlomagno votaron a favor de su liberación, mientras que Miguel Ángel Giorgio se pronunció en disidencia. Una vez liberados, ambos deberán cumplir las medidas restrictivas que había impuesto originariamente el Tribunal de Juicio.
El caso Urribarri
El exgobernador, quien durante el gobierno de Alberto Fernández se desempeñó como embajador en Israel, había sido sentenciado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, condena que luego fue ratificada por la Casación de Entre Ríos en 2023.
La denuncia surgió originalmente a partir de una investigación del periodista Daniel Enz, quien había advertido en 2015 que "el crecimiento patrimonial de Urribarri no tenía relación con sus ingresos". Esa denuncia derivó en una causa penal de enriquecimiento ilícito, "y después se fueron sumando más publicaciones con otras denuncias que fuimos haciendo respecto a desvíos de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública de varios funcionarios y dinero que se iba desviando para la campaña presidencial de Uribarri en el 2014", explicó.
En 2022, la Justicia de Entre Ríos recopiló estas investigaciones y finalmente condenó al exgobernador junto al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez y el cuñado de Urribarri Juan Pablo Aguilera.
Tras la condena de en segunda instancia, la fiscalía solicitó la detención del exmandatario, recurso que fue inicialmente rechazado por la Cámara de Casación. Sin embargo, luego de una apelación de la fiscalía, el tribunal ordenó la captura.
Esta causa también está vinculada con la remoción de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien había enfrentado un jury por presunto mal desempeño tras liderar el equipo de investigación que avanzó en la causa contra Urribarri. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituyó en su cargo luego de 3 años de espera. El máximo tribunal argumentó en esa oportunidad que existieron graves irregularidades en la conformación del órgano acusador y en la integración del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a la fiscal.