ATE rechazó el límite a las paritarias estatales: "Pone en riesgo la paz social"
El secretario General de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó contra la resolución del Gobierno que prorrogó los límites para las paritarias de los empleados públicos y advirtió que la misma "pone en riesgo la paz social". "Es inviable y de cumplimiento imposible, a esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización", sentenció el dirigente.
Las críticas de Aguiar llegaron luego de que el Gobierno prorrogara este martes por un año la vigencia de la Decisión Administrativa No 28 del 1°de febrero de 2024, que establecía que las paritarias del personal del Sector Público Nacional "en todos los casos deberá estar encuadrado en el marco de las previsiones presupuestarias vigentes".
Esto implica que los aumentos salariales de los empleados públicos que dependan del Gobierno nacional no podrán superar los montos previstos para cada dependencia, los cuales fueron fijados en el presupuesto de 2023. Dado que el presidente Javier Milei decidió extender por segundo año consecutivo el presupuesto, el mandatario está habilitado a manejar con discrecionalidad las actualizaciones de cada organismo.
"La última norma se formuló en el 2022 y acarrea más de un 1000% de inflación", señaló el sindicalista, que acusó al Gobierno de "hacer todo para que no hubiera Ley de Presupuesto". "Con salarios del 2023, si de algo puede estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social. Condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia estatal es igual a decir que vamos a tener 0% de aumento anual", aseguró el titular de ATE a través de un posteo en sus redes.
Para Aguiar, la medida pretende "asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público". "No van a poder cumplir con esta decisión. A esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización", advirtió el gremialista.
Por su parte, el Gobierno enfatizó en la decisión administrativa que publicó en el Boletín Oficial que la medida apunta a "optimizar los recursos del Estado Nacional" y dispone "pautas uniformes de negociación salarial" hasta el 31 de diciembre de 2025 dentro de las jurisdicciones, entidades y organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
De acuerdo al texto, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, "la implementación de estas medidas marcaron un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del Estado".
"Resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que se adecuen a los objetivos mencionados y garanticen la equidad salarial", agregó la publicación.
Negociaciones en cuarto intermedio
La negociación paritaria entre la Secretaría de Trabajo y los gremios estatales había sido convocada para el 30 de diciembre, pero pasó a un cuarto intermedio hasta la segunda semana de enero luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apuntara contra el Gobierno por "asistir a la reunión sin una oferta concreta".
Desde el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar, reclaman "una compensación por el deterioro salarial sufrido en los últimos 12 meses que supera los 40 puntos" en forma de una suma fija para los salarios más bajos de la administración pública. El secretario General de ATE también demandó la reapertura de los convenios sectoriales, la reincorporación de "todos los cesanteados de manera ilegal" y garantizar la continuidad de todos los vínculos que vencieron el último día del año, que finalmente el Gobierno prorrogó por otros 3 meses.
La postura del Ejecutivo es que no aceptará ningún aumento salarial por encima de la inflación, mientras que continúa con su campaña para evaluar la aptitud de los trabajadores estatales que tienen contratos temporales (alrededor de 40 mil empleados). Mientras tanto, el Gobierno cerró el año celebrando la desvinculación de casi 36 mil trabajadores estatales como parte de la política de recorte del gasto público.