Polémica: Milei autorizó la exportación de chatarra y generó preocupación en un importante sector de la industria
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1/2025, estableció nuevos lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización. Esta medida pone fin a una prohibición que llevaba 16 años en vigor, instaurada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el precio de la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.
Con la firma del presidente Javier Milei, se autoriza la comercialización de chatarra y residuos metálicos, ya sea de manera definitiva o temporaria. Estos materiales podrán ser utilizados como insumos para procesos productivos específicos o productos de uso directo en el territorio nacional, así como en el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluyendo sus espacios aéreos y marítimos. La medida busca abrir las puertas a un mercado que podría generar precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada.
Sin embargo, esta liberación de la exportación de chatarra ha provocado el rechazo de actores clave dentro de la industria siderúrgica, particularmente entre las principales empresas como Techint y Acindar, así como en unas 300 pequeñas y medianas empresas (pymes) metalúrgicas que emplean a alrededor de 6.000 personas. La preocupación se centra en que, al igual que en la cuota Hilton de carne, los mejores "residuos" (en la industria se prefieren llamar "insumos") se destinarán al mercado internacional, mientras que el país se quedará con los de menor calidad, los cuales no pueden ser procesados por las pequeñas fundiciones nacionales.
La industria siderúrgica argentina enfrenta diversos costos, entre ellos la importación de hierro desde Brasil, carbón desde Australia, y la creciente tarifa de la electricidad, que aumentó más de un 30% el año pasado, superando la tasa de inflación. Además, los salarios, que se ajustan en dólares debido al atraso cambiario, suman presión a las cuentas de las empresas. A esto se le suman los impuestos, que los industriales consideran elevados.
En este nuevo escenario, Techint, por ejemplo, podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón para reemplazar la chatarra, aunque esto implica una mayor huella de emisiones de dióxido de carbono, pues la calidad de los insumos será inferior. No obstante, este cambio depende de que el Banco Central provea los dólares necesarios para las importaciones, lo que genera incertidumbre en el sector.
Según la normativa, la importación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a un proceso de valorización para su disposición energética o final está prohibida. Esto se enmarca en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, lo que asegura que los materiales exportados no representen riesgos ambientales.
La nueva normativa también exige a los exportadores presentar una "Declaración Jurada" que certifique que los residuos no son peligrosos, conforme a las regulaciones nacionales e internacionales. Además, deberán demostrar el cumplimiento con las normativas internacionales para garantizar que la carga a exportar sea adecuada y no dañe el medio ambiente.
A través de esta medida, el Gobierno clasificó diversos tipos de residuos, entre ellos los residuos no peligrosos valorizados, que son aquellos sometidos a un proceso de valorización que elimina su peligrosidad. De acuerdo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la prohibición vigente hasta ahora "era nociva por varios motivos", ya que deprimía el precio local de los desechos y desincentivaba el reciclaje. Además, afectaba a pequeños recicladores, restringiendo el acceso a un mercado internacional para los materiales reciclables, como cables de cobre desechados por las empresas telefónicas.