Malargüe aprobó el Presupuesto 2025 con un polémico adicional al sueldo de Celso Jaque

Luego de más de un mes de discusiones y dilaciones, el Concejo Deliberante de Malargüe aprobó el Presupuesto 2025 para el municipio. La pauta de gastos de la comuna para este año se aprobó en general con votos de los concejales oficialistas y respaldos opositores. No obstante, un grupo de ediles de la oposición votaron en contra polémico artículo que fijó un adicional particular que establece un aumento del 30% en los haberes del intendente Celso Jaque y otros dos funcionarios municipales.

El proyecto de presupuesto municipal había ingresado al recinto el 12 de diciembre y planificaba gastos por $35.578.008.236, con $29.562.791.297 de recursos corrientes y $491.182.457 de recursos de capital, más un remanente de $5.524.034.482 del ejercicio anterior.

Durante las últimas semanas el año había sido debatido en reuniones con distintas áreas municipales. Sin embargo, el oficialismo, que es minoría en el cuerpo deliberativo, no pudo conseguir su aprobación antes del comienzo del año, a raíz de algunos cuestionamientos de los bloques opositores. De hecho, el pasado 14 de enero hubo un intento frustrado de aprobar la iniciativa en una sesión extraordinaria que finalmente no prosperó.

Finalmente, la pauta de gastos de Malargüe para este año fue aprobada este miércoles por unanimidad durante una votación en general, mientras que en el tratamiento en particular hubo dos artículos que tuvieron objeciones opositaras, pero que obtuvieron el aval de la mayoría.

Los artículos cuestionados eran el 17 y 18, que obtuvieron tres y cuatro votos negativos respectivamente.

El primero de ellos generó una fuerte controversia porque en uno de los párrafos de la redacción estableció un adicional del 30% en el sueldo bruto del intendente Celso Jaque y otros dos funcionarios de alto rango, como la contadora general y el asesor legal.

El argumento esgrimido desde el municipio para incorporar este plus salarial fue que estas tres autoridades del municipio son los responsables objetivos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, es decir quienes están encargados de las rendiciones finales ante este organismo de control. A su vez, resaltan que esta disposición está avalada por la Ley de Administración Financiera y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Concretamente, el último párrafo de este artículo señala: “Fijase un adicional del 30% (Treinta por ciento) sobre el total bruto de haberes, en un todo de acuerdo con la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, DR 1000/2015, Ley 1.079 para el Intendente Municipal, Contador General y Asesor legal en su carácter de responsables objetivos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”.

Este adicional fue cuestionado por los concejales de la oposición Martín Palma (UCR Independiente), Elizabeth González (La Unión Mendocina) y Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe).

Tras la votación, la edil Camiolo manifestó que originalmente hubo pedido del intendente Jaque de aumentarse el sueldo en un 40% y que luego se modificó para que sea del 30%. “Esta solicitud generó un fuerte rechazo, ya que su salario ya está atado al del gobernador. Mientras tanto, los empleados municipales siguen esperando aumentos justos y además trabajan sin viáticos, sin viandas y sin pagos extra por representación, beneficios que sí perciben los funcionarios”, expresó la concejal peronista que no está alineada al oficialismo municipal.

Otro de los aspectos que se criticó del artículo es que se mezcló en la redacción un reclamo de los concejales que desde el año pasado habían advertido que existía un error en la liquidación de sus haberes, por lo que estaban cobrando menos de lo que les correspondía, y que había establecido una ordenanza sancionada en el 2004.

“En el caso de las autoridades superiores se encuentra vigente para su liquidación la Ordenanza 1.236/2004 modificada por la ordenanza 1.411/2007 y la Ordenanza 1.996/2019”, determina el tercer párrafo del artículo 17.

Algunos concejales opositores consideraron que no correspondía esa aclaración para que el municipio liquide correctamente las dietas de los funcionarios del Concejo Deliberante y encima sumar en el mismo punto el adicional salarial para el intendente, la contadora general y el asesor legal.

El otro artículo que generó rechazo en algunos ediles fue el 18, que autorizaba al Ejecutivo municipal a hacer modificaciones en la planta de personal. Este punto fue votado en contra por Palma, González, Camiolo y Pablo Villarruel (Cambia Mendoza). Los concejales señalaron que los cargos vacantes que pretenden cubrirse deberían trabajarse en conjunto con el gremio ATE.