La extrema limpieza de un funcionario de Axel Kicillof expone todo lo que había
El nuevo ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, sabe que esta es una de las últimas oportunidades que tiene el Frente Renovador para marcar una diferencia y despegarse del escandaloso manejo que tuvo su antecesor, Jorge D´Onofrio, al frente de esa misma cartera, que en la distribución interna el gobierno de Axel Kicillof le pertenece al Frente Renovador.
Marinucci, concejal en uso de licencia del municipio de Morón, había tenido un rol importante en el manejo del transporte público durante la gestión de Alberto Fernández cuando llegó con el fallecido Mario Meoni a la conducción de Ferrocarriles Argentinos. Hijo y sobrino de históricos militantes peronistas de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, fue uno de los que se sumó al Frente Renovador cuando se presentó en 2013.
Sergio Massa lo designó con un claro mensaje. “Basta de joda”. Se lo dice a cada uno de sus más íntimos colaboradores. Nadie pregunta cuándo él cree que hubo joda, pero la frase encierra un anhelo de reconstrucción que cree es imperioso e inevitable. Hace una semana, en Pinamar, donde juntó a sus principales dirigentes, lo reiteró. El caso "Chocolate" retumba como un antecedente imposible de repetir.
Al parecer, saber qué pasaba con las fotomultas, el funcionamiento de la VTV y la correlación que tenían con un monumental negociado en el que participaban los jueces de faltas provinciales y municipales no era tan difícil de observar. Al nuevo funcionario le bastó una resolución interna en la que les pidió que le pasen toda la información en un plazo de setenta y dos horas. Como antecedente existía una investigación judicial en el juzgado federal de Campana donde se involucraba al ministro y a su pareja Claudia Pombo, poseedora de un patrimonio que no podía justificar ni siendo presidenta del HCD de Pilar, lugar del cual fue desplazada ante la presión pública y política.
Como primera medida Marinucci desplazó a todos los secretarios y subsecretarios nombrados por su antecesor, a pesar que ambos provienen de la misma corriente interna de la que D´Onofrio se había empezado a emancipar. Para permanecer en su cargo buscó cobijo bajo la conducción de Carlos “Carli” Bianco, con lo que complicó más al gobernador Axel Kicillof, quien prefiere mantenerse ajeno de todo lo que sucede fuera de su secretaría privada.
Desde hace dos años empezaron a trascender las denuncias de los jueces de faltas municipales y de varios secretarios de gobierno que se sintieron “caminados” por las autoridades provinciales. Inclusive había en redes sociales cuentas especiales dedicadas a “blanquear” deudas por un monto que oscilaba entre el 30% o el 40% de las multas del infractor.
Los primeros reclamos fueron formulados por la jueza de faltas de General San Martín, Norma Masiero, quien observó con mucha preocupación cómo, súbitamente, una infracción cometida en esa localidad “desaparecía” entre las deudas a cobrar por el Municipio porque en el sistema provincial ya había sido saldada.
Como Masiero más de una docena alzó la vos denunciando el mismo episodio. D´Onofrio había montado un sistema muy cerrado en el cual no sólo participaba su pareja Claudia Pombo sino la hermana de esta, la también concejal Roxana y colaboradores de los involcurados. Al parecer, en Pilar el ex ministro debe pagar "el cupo femenino" para tener un edil en el HCD. A cargo de Dirección de Administración de la verificación vehicular estaba Facundo Asensio, hijo de un dirigente sindical de la zona oeste y propietario, en los papeles, del Audi Q8 que manejaba el ex ministro.
Tras la intervención del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito, SACIT, a cargo de Jorge Orsani, se dio de baja al juez de faltas provincial que tenía a cargo las jurisdicciones de La Plata y San Isidro, Mario Quattrochi, al igual que sus pares de Dolores y Don Torcuato, entre otros. De diez juzgados bonaerenses, ocho fueron corridos como magistrados autorizados para laudar en caso de las fotomultas, en tanto que quince encargados municipales también sufrieron la inhibición de aplicar justicia sobre ese mismo tema.
Si bien no eran jueces, hubo otros 62 funcionarios públicos separados de sus cargos, entre provinciales y municipales, que por no tener nombrados los titulares ellos podían activar el levantamiento de las sanciones.
"Nunca había pasado esto", le confesó a MDZ un experimentado juez de faltas de un municipio bonaerense. "Pero lo que se hacía ahora con las multas solo pasaba hace treinta años, cuando no existía el nivel de sistematización que hay ahora. Esperemos que no sea como muchas veces, que escoba nueva limpia bien hasta que arma su propio esquema", sentenció.