Deberán pagarle por los daños a su casa que provocó la ampliación del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza aceptó el reclamo presentado por una vecina de Las Heras que solicitaba el resarcimiento por los daños provocados a su vivienda por las obras de ampliación del Metrotranvía. Determinó que Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) deberán resolver el pedido de la mujer.

A través del decreto N° 2751, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este viernes en el Boletín Oficial, se aceptó formal y sustancialmente un recurso de alzada interpuesto por María Fernanda Fader contra una resolución del IPV que había rechazado un reclamo pidiendo un resarcimiento por los daños causados en su vivienda a consecuencia de la ampliación del Metrotranvía Urbano hacia el departamento de Las Heras.

Al mismo tiempo, determinó que el IPV deberá reencauzar el reclamo y tramitarlo en forma conjunta con la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para brindar una solución, ya que ha habido casos similares de propietarios de viviendas del mismo complejo habitacional.

La demandante es propietaria de una vivienda dúplex del IPV adjudicada en 2001, ubicada en la calle San Miguel al 900, en el Barrio Virgen de las Nieves, del departamento de Las Heras. Meses atrás había iniciado un reclamo solicitando el resarcimiento de los daños causados a su casa como consecuencia de la ampliación del trazado del Metrotranvía.

En la presentación ante el IPV hizo mención a que el organismo ya ha sido demandado judicialmente por otros adjudicatarios del mismo barrio, con los que se llegó a distintos acuerdos de solución en procesos judiciales.

Son embargo, el reclamo fue rechazado a través de una resolución del Instituto, quien se deslindó de la responsabilidad del daño provocado a la vivienda.

Ante este revés, la mujer presentó un recurso de alzada ante el Gobierno para que se declare ilegitima la determinación del IPV.

Al analizar el caso, las autoridades del Ejecutivo provincial le dieron la razón a la vecina de Las Heras y observaron que “los organismos técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda no aplicaron la normativa vigente al momento de la interposición del reclamo administrativo”.

Resaltaron que el organismo “conocía los antecedentes judiciales, los que facilitaban la actividad prevista legalmente para este procedimiento de resolución de conflictos, los que a la postre podrían resultar más beneficiosos para las arcas del Estado”.

En base a esto, desde el Gobierno provincial consideraron que la resolución del IPV es un acto “ilegítimo” y que no tiene fundamentos suficientes. El servicio legal de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial entendió que debía hacerse lugar al reclamo de la propietaria de la vivienda y en consecuencia revocar la resolución.

A su vez, la Asesoría de Gobierno compartió estas conclusiones y resaltó la existencia de distintos reclamos de los propietarios de viviendas del mismo complejo habitacional, que denuncian daños de distinta consideración sobre sus viviendas, señalando que es necesario que se arbitren los medios para realizar un estudio técnico pormenorizado de la situación del resto de las viviendas y realizar análisis de posibilidades de atender la problemática de los propietarios.