Cronología del pedido de captura que emitió la Justicia argentina contra el dictador Nicolás Maduro
La Justicia argentina ordenó el lunes la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, según informaron fuentes de la querella. Esta decisión vuelve a poner en pie de guerra al Gobierno de Javier Milei con el régimen chavista, el cual también lanzó una orden de captura contra el libertario, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Luego de que el régimen de Nicolás Maduro pidiera la aprehensión de Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por el "robo" del avión venezolano-iraní de Emtrasur, la aeronave retenida durante el gobierno de Alberto Fernández y enviada a Estados Unidos este año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó el pedido.
En tanto, la Justicia nacional aplicó anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Francisco Franco (1939-1975); en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
A modo de cronología, estas son las fechas de la causa contra Maduro en Argentina
El 18 de enero de 2023, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La denuncia se presentó en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido.
Unos meses después, más precisamente el 14 de junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de Argentina, pidiendo que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
Ambas denuncias fueron unificadas en una sola causa, asumida por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El 14 de febrero de 2024, El FADD presentó ante el despacho del fiscal una ampliación de la denuncia inicial, que incluía, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija, y desaparecida.
A los 12 días, Amnistía Internacional respaldó el pedido para que la Justicia Federal de Argentina, sobre la base del principio de jurisdicción universal, investigue las graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el Gobierno de Nicolás Maduro. Mediante la figura de 'amicus curiae' (amigo del tribunal), Amnistía Internacional sostuvo que la Justicia argentina era competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los culpables.
El 6 de abril de 2024, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenaron investigar la posible responsabilidad del Gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.
En su fallo, los indicaron que "corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento".
El 17 de septiembre de 2024, el tribunal celebró una audiencia en la que víctimas venezolanas, representantes del FADD y la Fiscalía solicitaron el arresto de Nicolás Maduro y otros jerarcas. En ella, expusieron sus testimonios cinco víctimas, quienes relataron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que presuntamente aplica el Gobierno de Maduro.
El 23 de septiembre de 2024, el tribunal ordena la captura de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.