Asesinato en Guaymallén: la Suprema Corte cruzó a Mercedes Rus por sus críticas a la Justicia

Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitieron un comunicado en respuesta a lo expresado por la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, en el marco del asesinato del expolicía y dirigente político Héctor Pelayes (60), quien fue ultimado por un delincuente con libertad condicional que ingresó a su domicilio en Guaymallén este domingo por la noche.

El Ministerio de Seguridad compartió un escrito recordando los antecedentes del autor del aberrante hecho. Precisamente, acerca de Roberto Rolando Pereyra Cruz, el hombre de 36 años oriundo de Rodeo del Medio, Maipú, que tenía antecedentes penales y una condena de 11 años y 6 meses de prisión por un homicidio en ocasión de robo y que, antes, había estado preso por un robo agravado.

Pereyra Cruz había accedido al beneficio de libertad condicional por medio del juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado Penal Colegiado N°1. Como contó MDZ, en los considerandos se destacó que el difunto malviviente tenía "un trato muy respetuoso, tanto hacia el personal penitenciario como con sus pares", "realizaba labor terapia de forma regular en el área de producción agrícola" y poseía "estudios secundarios incompletos y finalizó distintos talleres durante el ciclo 2022".

En ese orden, Rus sostuvo que "es difícil lograr seguridad si no hay Justicia" y apuntó directamente contra la Justicia local al señalar que "la Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes".

Ante esto, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia contestaron mediante un comunicado oficial:  "Pereyra Cruz Roberto ingresa detenido al penal el 29/1/16, ingreso primario. Lo condenan el 22 /3/18 por homicidio en ocasión de robo a 12 años y 6 meses. La libertad condicional es otorgada el 26/4/23 por el Juzgado Penal Colegiado 1".

"La intervención de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia se da en diciembre del 2022 motivada en la comunicación de la persona detenida que solicita, estando ya con salidas transitorias otorgadas, alojado en la Unidad IV Gustavo André, que se inicie el trámite de libertad condicional. Tal como se realiza en numerosos casos a diario y en función de ser un organismo administrativo de acceso a justicia, se envía oficio a la unidad que lo aloja para que le den inicio a la pieza administrativa", justificaron.

"En toda pieza administrativa se ordenan informes del Consejo Correccional de la unidad que lo aloja así como del Organismo Técnico Criminológico. La resolución de otorgamiento en todos los casos es competencia exclusiva del Juzgado que tiene a cargo la ejecución de la pena y el control de legalidad, con participación de la Defensa y de la Fiscalía", sumaron desde la Dirección que tiene como referente al juez de la Suprema Corte, Omar Palermo.

"En forma posterior se interviene nuevamente el 14 abril del 2023 solicitando al JPC interviniente, por comunicación del interesado, solicitando ordenen al OTC la remisión de informes social y psicológico del trámite de libertad condicional. Este nuevo oficio obedece al paso del tiempo desde que el propio juzgado había solicitado la remisión de los informes el 28/3 sin que a la fecha del oficio de la dirección se hubiera concretado", esgrimieron desde la Dirección de Derechos Humanos, conducida por Milagros Noli.

Y concluyeron: "Pereyra contaba al momento de resolución de la libertad condicional con dictámenes favorables por parte del Consejo Correccional tanto para el acceso a la ampliación de salidas transitorias como para libertad condicional".