Alianzas y resistencias en la previa de la audiencia de un proyecto clave

Alfredo Cornejo y Celso Jaque han coincidido varias veces en la vida, algunas por casualidad y otras por decisión política pese a ser de partidos distintos. Una de las gestiones del actual gobernador radical frente a la intendencia de Godoy Cruz se dio en simultáneo con la gobernación de Jaque, desde 2007 a 2011. Ahora, que Cornejo transita su segunda gestión frente al Gobierno de Mendoza, el malargüino volvió a ser intendente del departamento sureño, un cargo que no ocupaba desde principios de los 2000. Pero otro punto central los une en esta época: la impulsión de la minería, a través de la creación del Distrito Minero Occidental, que este sábado 14 tendrá su audiencia pública. En esa convocatoria, además de las alianzas entre el Gobierno y la comuna, se verán algunas resistencias de distintos sectores para avanzar con la iniciativa que incluye 34 proyectos.

Quienes hablan con Jaque reconocen que está muy contento con esta situación y que cree que Cornejo fue el único gobernador  que se animó a avanzar con la minería y mucho más en su departamento, donde hay licencia social. "Sino aprovechamos esta oportunidad, no habrá otra más", sentencia y lamenta que él dejó el Gobierno en 2011 con algunos proyectos listos pero sus sucesores no quisieron compromenterse. En el proceso, las charlas entre Cornejo y Jaque se han aceitado y ahora a las puertas de este momento clave, que es la audiencia pública- que de acuerdo a la legislación no es vinculante- , exige que sea todo cumpliendo con las normativas porque cree que si hay algún ítem que genere desconfianza en la población, será un óbice para avanzar con el sueño que comparten con el gobernador. Es decir, contar con una superficie de casi 20.000 km2  en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe para el desarrollo minero- se buscará cobre- y la transición energética para el mundo, a través del trabajo de la empresa estatal Impulsa Mendoza S.A.

En la audiencia pública que será este sábado 14 desde las 9 de la mañana, de forma presencial y virtual. La primera en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado en avenida San Martín, Pasaje La Orteguina, Malargüe y por zoom a la que se podrá acceder mediante el siguiente enlace, ID de reunión: 427 055 0206, código de acceso: 12345. En la audiencia se podrán conocer  los detalles de la de evaluación de Impacto Ambiental de los 34 proyectos mineros que buscan sean autorizados en conjunto luego por la Legislatura provincial. 

El Gobierno provincial tiene los números para que eso ocurra en la Casa de las Leyes y Jaque, el aval de los intendentes peronistas. "Políticamente hay un apoyo del PJ al Celso. Se ha hecho mucho hincapié en los pasos de la Declaración de Impacto Ambiental, en la audiencia y en los controles partir de respaldo político que hay con el Celso y también con la convicción de que hay licencia social  y hay que hacer una prueba que para para ver el crecimiento en minería del distrito", sostuvo en diálogo con MDZ uno de los pares del malargüino.

Esta situación anticipa que tras pasar la audiencia del sábado, la llegada del proyecto a la Legislatura puede ser sin inconvenientes. Sin embargo en esta primera instancia habrá algunos reparos, de pobladores del lugar que reclaman que los consulten antes de que los proyectos empiecen la etapa de exploración - la primera etapa- y además, de dirigentes y profesionales que no están de acuerdo con los procedimientos a pesar de la advertencia del Gobierno de que todo el proceso se hará bajo el estricto cumplimiento de la ley 7.722, que fue sancionada en 2007 tras el reclamo popular de varios departamentos y prohibe el uso de algunas sustancias químicas en la minería. 

Gabriel Jofré es el vocero de 100 familias que conforman 15 comunidades de pueblos originarios que viven en la zona y un conjunto de ellas se verán afectadas porque viven y trabajan en parte de lo que será el distrito minero occidental- en 50 km-. La organización, con personería jurídica, que conforman estas 15 comunidades se llama identidad territorial Malalweche y representa a mapuches. Jofré contó a MDZ que estará presente en la audiencia del sábado y planteará un punto que viene diciendo de frente, junto al resto del grupo- entre quienes se encuentran abogados- que el proceso previo a la exploración de los 34 proyectos debe incluir la consulta a estas comunidades. 

"Voy a participar de la audiencia y algunos compañeros también. Además, quienes están trabajando están viendo si pueden hacerlo online pero se dificulta la conexión. Para muchos es dificil asistir porque es una época de trabajo en el campo. Nosotros venimos planteando que se cumpla con la reglamentación que el Gobierno provincial promovió: la inclusión en el código de procedimiento minero de la consulta a las comunidades", sostuvo. "Con otros proyectos como Vale, Portezuelo del Viento y otro de fracking llevado adelante por Trébol S.A, se armó una mesa de diálogo donde pudimos conversar, sacarnos dudas, y no nos opusimos al avance de esas iniciativas". 

En esa línea, agregó: "El problema es que con este megaproyecto nos enteramos de casualidad en febrero porque geólogos ingresaron a la zona. Después supimos que eran de la empresa Impulsa Mendoza S.A. Las autoridades de minería firmaron un documento con esto, pero no figuraba de manera electrónica, se los hicimos saber, nos dijeron que se habían olvidado cuando vinieron a un taller que hicieron hace un mes. Así, como están las cosas, sin consultas previas, que incluyan una mirada sociambiental, cultural, territorial, nos vemos obligados a decir que no al proyecto. Queremos que se ajuste todo a la normativa y se consulte a las comunidades", remató. 

Silvina Camiolo es concejal por Reconstruyendo Malargüe. También irá a la audiencia de este sábado y dialogó con este diario. "Estoy a favor de la minería, porque la creo una actividad lícita y constitucional.  Los resquemores que tengo son los de cualquier ciudadano malargüino: y es que la Provincia no ha dado muestras reales y efectivas de interés por proyectos sostenibles. Somos el departamento de mayor producción gasífera y petrolífera de la provincia y en muchas de nuestras viviendas no hay gas, no tenemos rutas ni industria para el desarrollo. Se habla de un Distrito Minero con 34 proyectos en una amplia extensión y la provincia no pudo asegurar la custodia de 300 toneladas de asfaltita que estaban en un galpón y se esfumaron como por arte de magia, algo que trascendió en diciembre del año pasado", lanzó. Además, la edil agregó: "¿Alguien puede contestar por qué echaron al anterior Director de Minería inmediatamente después de denunciar esta irregularidad? A la vista está que una delegación con un solo policía minero y sin recursos, no genera la confianza social necesaria. La Provincia le debe mucho a Malargüe y ojalá este proyecto sirva para el desarrollo efectivo del departamento y no sea otra alharaca política que se suma a otras muy tristes y recientes, como la siempre postergada Portezuelo del Viento. La credibilidad no se impone, se construye y los responsables del Proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental deberán trabajar arduamente en esta construcción. Realmente espero que sirva al progreso local", explicó. 

Otro asistente crítico a la audiencia será Eduardo Sosa, el licenciado en gestión ambiental, de larga trayectoria en estos temas en la provincia, que hizo una denuncia por el proyecto que fue rechazada por Fiscalía de Estado.pero sus reclamos seguirán.  "Creo que la audiencia pública debería ser anulada porque la autoridad ambiental utilizó un precedimiento administrativo especial que es la ley 9.003 que acorta todos los plazos de la audiencia públicas, básicamente de 30 a 15 días, cuya redacción es confusa. Deberían haber usado la norma 5961 de preservación del ambiente, el decreto 820 y la resolución 109 del año 1996 que reglamenta la audiencia pública. La autoridad tiene que convocar la audiencia pública una vez producido los informes sectoriales y el dictámen técnico, algo que no se hizo en este caso. Se tuvo que cambiar dos veces la fecha de la audiencia pública porque no llegaban con los tiempos. Los últimos informes se conocieron la semana pasada, con lo cual recién ahí deberían haber convocado a audiencia pública. Debería haberse hecho el 6 de octubre. Hay miles de fojas para leer y la gente que está interesada en esto,tuvo un poco más de una semana para poder estudiar todos estos últimos informes que son centrales. Es claramente una restricción al derecho a la información ambiental y a la participación pública que son consagrados no solamente por la Constitución nacional, en su artículo 40,  y además por el convenio Escazú".

Otra voz crítica es la de Jorge Difonso, diputado provincial por La Unión Mendocina. "La audiencia pública debe ser un lugar donde se escuche la voz de los sectores, los colegios profesionales, los pobladores de la zona. Nuestro rol será expresarnos en la Legislatura, cuando tengamos que tomar postura sobre la iniciativa". 

Los interesados en participar de la audiencia pública deberán inscribirse previamente proporcionando nombre, apellido, DNI, acreditación de personería en caso de representar a una persona jurídica, domicilio electrónico y número de celular. La inscripción se realizará a través del correo electrónico [email protected]. Durante la audiencia, los participantes podrán presentar propuestas y documentación tanto de manera virtual como física.