Dudas detrás de la ley para regular la seguridad privada en Mendoza y la respuesta del Gobierno

Este miércoles se trata en la Cámara de Diputados el proyecto que busca regular la seguridad privada en la provincia. Forma parte del paquete de once leyes que el Gobierno de Alfredo Cornejo presentó en la Legislatura. Se trata de la modificación de la Ley N°6441, que -en términos generales- busca integrar a los más de 10.000 vigilantes privados a un sistema de seguridad unificado, terminar con la clandestinidad y, a través del control y seguimiento, prevenir que no haya "dateros" que ocasionen eventuales situaciones delictivas.

La iniciativa causó impacto en el sector que presta servicios de seguridad privada para empresas, barrios privados, etc. Pero existe una porción de la seguridad privada que se siente perjudicada con la propuesta y que, en diálogo con MDZ, manifestó sus inquietudes. Dichos planteos fueron respondidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Todo estará en manos de la Dirección del Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada Humana, Interna y Tecnológica, u organismo que en un futuro lo reemplace, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En el despacho de comisión -antes de su tratamiento en el recinto- se hicieron leves modificaciones. La oposición presentó sus reparos y todavía queda una breve ventana de negociación. Mientras tanto, el sector de las cooperativas, que al día de hoy cuenta con 1200 empleados en la provincia, presiona y asegura que en el medio hay puntos que resultan inconstitucionales.

"Esta ley quiere regularizar situaciones y ordenar, pero tiene características inconstitucionales. En algunos articulados establece que solamente las sociedades comerciales pueden dar el servicio, lo cual corre a las cooperativas. Siempre hubo un lobby de empresas de seguridad contra las cooperativas. Limita la actividad. Van a poder seguir funcionando pero, sin crecer más", deslizaron fuentes a este diario. Puesto en un ejemplo concreto, algunos barrios privados tienen contratada a una cooperativa que brinda seguridad en el predio. De sancionarse la ley, dicha cooperativa no podría expandir su clientela. Incluso, uno de los barrios de mayor renombre, ubicado en el Oeste de la Ciudad, maneja su personal a través de una cooperativa.

Desde el ala de las cooperativas aseguraron que esto "afectaría el derecho al trabajo, la libre de asociación con fines comerciales y laborales y otros derechos amparados".

El proyecto señala en su artículo 16 sobre exclusiones de habilitación que "las siguientes personas jurídicas no podrán ser prestadoras de seguridad privada: a) Asociaciones Civiles, b) Simples Asociaciones, c) Fundaciones, Mutuales y d) Cooperativas, con excepción de las que estén constituidas antes de la vigencia de la presente ley y autorizadas por el registro dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, podrán seguir prestando el servicio de seguridad privada a la comunidad sólo en los objetivos ya autorizados y/o relacionados, con el alcance y según reglamentación".

Consultada por MDZ, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que "en principio, nosotros queremos esa forma jurídica porque genera que no haya competencia desleal con el resto del sector. Lo que hacemos es regularlo de esa forma y establecemos que la vigentes sigan funcionando en el marco de la reglamentación. Atendemos a criterios uniformes dentro del derecho para no generar que se incline la cancha, siempre buscando profesionalizar el sector".

Rus dio señales de que el Gobierno no dará el brazo a torcer al indicar que "el artículo sigue así", pese a los reclamos planteados por lo bajo por parte de las cooperativas. "La ley es clara y respeta el Registro de Empresas Privadas de Investigación y Vigilancia (Repriv). Las cooperativas que trabajan por fuera de los registros a la fecha de la ley, no podrían estar", sumó.

Respecto a quienes consideran que se trata de una propuesta inconstitucional, se mostró confiada. "Creemos que no lo es. Lo considerará la Justicia. Se puede reglamentar porque hace al sistema de seguridad pública. Tenemos una mirada integral de la seguridad. No es solo poner policías y comprar móviles. Involucra a los tres poderes de Gobierno y a los sectores público y privado. El Estado puede regular y ser exigente".

"No pienso que sea inconstitucional. Hay muchos intereses... Por algo usan las figuras de cooperativas", lanzó. Y reflexionó que "a todos los tenés que controlar para poder brindar un mejor servicio que necesariamente está en relación con la seguridad pública. Es una legislación de vanguardia que va a requerir de mucha gestión".

Existen otros puntos que cuestionaron legisladores opositores. El presidente del bloque del Partido Justicialista en Diputados y titular de la Comisión Bicameral de Seguridad, Germán Gómez, dijo que que es "inconstitucional" que "sin el pedido de un juez, el ejecutivo obligará a las empresas privadas a entregar la información a gusto y piacere, contradiciendo a la Ley 7.924 que entiende a dicha información como confidencial y puede ser requerida por jueces o fiscales en una investigación penal".

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. La ministra Mercedes Rus contó que "la ley de videovigilancia incorpora cámaras de privados bajo convenio y que "el único que puede requerir para evidencia es el Ministerio Público Fiscal. "El almacenamiento siempre queda en el sector privado. Es más, las empresas privadas de seguridad están obligadas a guardar confidencialidad de datos e imágenes en virtud de los servicios prestados. Nosotros podemos pedir plan de contingencias al organismo, pero no los datos del clientes. Tampoco planillas de ingresos y egresos", aportó.

El peronista Gómez también puso sobre la mesa que el Ministerio de Seguridad pueda poner a disposición de los organismos policiales “al personal de vigilancia y seguridad privada, para eventos o contingencias de urgencia declaradas por el Ejecutivo". Sin embargo, Rus aseguró que esto ya funciona así, pero que no se ha usado. "Eso está en la ley actual y en todas las legislaciones del país. Es para situaciones de emergencia declarada por decreto. Hasta ahora no ha pasado, ni siquiera en el marco de la pandemia", esgrimió.

Un aspecto -quizás de menor magnitud- , pero que también fue criticado es que los prestadores de seguridad privada deben "proveer a su personal de uniformes, vehículos, material reflectivo y demás material, en relación a los objetivos a cumplir y dependiendo del tipo de actividad y de conformidad con lo que establezca la reglamentación".

Tanto a empresas como cooperativas les pareció "desacertado" debido al stock de uniformes a futuro con el que ya cuentan algunas compañías. Aunque Mercedes Rus comentó que se negoció establecer un período de gracia desde la sanción. "Quedamos de acuerdo en que esa parte de la ley entrará en vigencia a los 90 días, por lo cual ahí ya tienen un plazo para ir acomodándose. El sector entendió las condiciones de razonabilidad". Y agregó que el servicio peticionaria podría proveer de los uniformes, que serían confeccionados por los internos de las cárceles.

Qué piensan las empresas privadas

Una empresa de seguridad privada conversó con MDZ y se mostró a favor de quitarle protagonismo a las cooperativas. "No tienen que existir. Les pagan miserias a los vigilantes y el valor hora a la mitad. Nosotros, además, tenemos cargas impositivas como el 931 (aportes y contribuciones). A las cooperativas los vigiladores les facturan".

Una empresa de seguridad puede ser SA, SRL o cooperativa. Las empresa privadas dicen que las cooperativas tienen menores costos. Un dato a tener en cuenta es que, en la actualidad, hay más personal de seguridad privada que policías en funciones.

A su vez, la empresa consultada -bajo anonimato- expresó estar a favor de regulaciones porque "las empresas privadas que se manejan con barrios privados chicos ponen a cualquier persona. Hay muchas empresas que pagan de $300 a $400 mil a quienes hacen 12 horas. La rotación de gente es un problema".

Quedan alcanzados por el registro de esta ley, con el alcance y según la reglamentación, los siguientes servicios de Seguridad Privada Humana: Vigilancia Privada, custodias personales, custodias de mercaderías en tránsito y en depósitos, investigación, seguridad y vigilancia de locales bailables, de diversión nocturna y de recreación, servicios de seguridad nocturna, seguridad y vigilancia en eventos de concurrencia masiva.

Desde el Gobierno de Mendoza consideran que la expansión en la oferta de servicios de seguridad privada no ha sido acompañada por una extensión en el alcance del control y supervisión y tampoco de una normativa acorde con estos cambios.

En 1997, cuando se sancionó la ley, existían aproximadamente 20 empresas de seguridad privada, con un total de 400 vigiladores. Actualmente, se han habilitado 175 empresas y más de 10.000 personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector, detallan. Por ello, el proyecto "busca mejorar los controles, incorporar el sector de seguridad privada tecnológica, profesionalizar los servicios y lograr una mejor coordinación y colaboración con la seguridad pública. Por su parte, no se contempla la seguridad privada tecnológica, que hoy ocupa un lugar central en materia de sistemas de vigilancia".