Reapertura de causas: críticas a Victoria Villarruel por exceder sus atribuciones como vicepresidenta
Victoria Villarruel anunció en el día de ayer que se reabrirán todas las causas judiciales relacionadas a víctimas del terrorismo ocurrido en los 70, perpetrado por la organización guerrillera Montoneros.
El anuncio fue dado en un homenaje a víctimas del terrorismo que además contó con la participación de descendientes que contaron su experiencia. Verónica Torras, directora de Memoria Abierta y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), compartió su perspectiva sobre la medida en MDZ Radio 105.5 FM.
Torras comenzó diciendo que "la vicepresidenta se extralimita en su promesa de apertura de causas judiciales, porque ella no tiene en realidad las atribuciones como para abrir causas judiciales". Estas las abren o reabren los jueces. "En todo caso, ella puede presentarse y solicitar la apertura o reapertura de una causa judicial", explicó.
En su discurso, Villarruel mencionó varias veces la impunidad total por parte de los terroristas, cuyas víctimas habrían sido silenciadas por el Estado. Para la directora de Memoria Abierta, la historia es otra: "No es que estos delitos cometidos por las organizaciones armadas hayan quedado impunes. Este panorama, que es el que presenta la vicepresidenta en el discurso de ayer y que ya ha repetido varias veces, no se corresponde con la situación argentina".
Por un lado, "porque Argentina justamente es reconocida en el mundo por haber logrado como pocos países juzgar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la última dictadura. A partir de un proceso de justicia que es ejemplar para la región, que es ejemplar para el mundo".
"Si uno revisa la situación particular de los delitos cometidos por militantes de organizaciones armadas durante los años 70, lo que puede decir es que estos delitos fueron juzgados, investigados. Fueron condenados, en muchos casos, en el período democrático previo a la última dictadura o a partir de 1983", argumentó.
También comentó que estos crímenes, al no ser perpetrados por agentes estatales, "no se consideran en la jurisprudencia argentina como delitos de lesa humanidad y por lo tanto prescriben, con los mismos plazos de prescripción que los delitos comunes, como fueron cometidos hace ya más de 40 años", sin tener en cuenta algunas excepciones concretas como el caso del difunto militar argentino Del Valle Larrabure.
Por último, Torras cree que en el país "hay un intento de revertir" los logros alcanzados en Derechos Humanos durante los últimos 40 años. "Hay un intento de modificar, de afectar, lo que ha sido un balance social crítico de la sociedad argentina, que se ha conseguido con muchísimo esfuerzo social e institucional a lo largo de varias décadas respecto de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado", concluyó.
