El sutil cambio que sumó el Gobierno al RIGI que amplía los posibles beneficiarios
El Gobierno nacional tiene como puntal de su plan productivo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Se trata de la burbuja que genera una enorme burbuja fiscal, aduanera y de acceso a divisas que diferencia a las inversiones convencionales de aquellas que entren en los beneficios. Las inversiones de más de 200 millones de dólares que se ejecuten en algunos de los rubros elegidos, tendrán tres décadas de beneficios. Los grandes ganadores son los sectores ligados a la energía y la minería. Ambos requieren inversiones de capital enormes y ahora tendrán un plus a los beneficios que ya arrastraban desde los 90. Por eso, por ejemplo, tras la sanción de la ley bases hubo acuerdos entre mega empresas para ejecutar planes de explotación minera, como es lo que ocurrió entre BHP y Lundin en San Juan. Pero hay más novedades.
El RIGI fue incorporado por la Ley Bases, pero el Gobierno lo reglamentó con algunos detalles novedosos que no estaban incluidos en la norma. El principal agregado es que no solo será para proyectos nuevos: podrán acceder a los beneficios proyectos que ya estén en marcha y quieran ampliarse. Eso abre el panorama enormemente y también entra en juego la especulación. Quienes conocen la historia fiscal argentina recuerdan el tipo de transacciones que se hicieron en épocas de la Promoción Industrial y otros regímenes de beneficios en los que hubo exceso de creatividad de contadores y asesores.
La ampliación del espectro se acomoda a los reclamos de algunos sectores y empresas en particular que tenían proyectos aprobados por fuera del RIGI. Es el caso, por ejemplo, de la explotación de la mina Potasio Río Colorado en Mendoza, lo mismo que varios proyectos de energías renovable que habían sido anunciados antes de la llegada de Milei al poder. Incluso tendidos eléctricos que son necesarios, rutas y hasta hoteles de cadenas ya instaladas podrían acceder. Claro, por una cuestión de escala se trata solo de mega obras, pues el piso de 200 millones de dólares es enorme.
La reglamentación dispone una serie de garantías y requisitos para evitar especulaciones y picardías. El principal temor es algo que ya ocurrió: la reconversión de viejos proyectos para presentarlos como nuevos “o ampliaciones” y así incorporarlos al régimen exenciones impositivas sin que haya nuevas inversiones reales.
Los artículos 30 y 60 del Decreto reglamentario incorporan la posibilidad de que adhieran al RIGI los planes de ampliación de proyectos preexistentes. Los beneficios se aplicarían solo a esa porción de la inversión y no a todo. El piso de inversión es el mismo: 200 millones de dólares para casi todos los rubros. Los principales concesionarios de servicios públicos están atentos. De hecho entre los beneficiados están “las actividades de generación; almacenamiento; transporte y/o distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables”. Justo uno de los sectores más críticos de la cadena energética podrán acceder a esos beneficios.
En las compañías leen la letra del Decreto reglamentario para recalcular inversiones y plazos de ejecución. Ya lo habían hecho a la espera del levantamiento del cepo y ahora para acomodar sus planes al RIGI.
Los ganadores
La inversión intensiva se espera en los sectores relacionados con los recursos naturales, en particular la explotación y exportación de gas y petróleo. También en la minería de cobre, que requiere “plantar” miles de millones de dólares para armar un proyecto de explotación. Los primeros en reaccionar fueron los canadienses de Lundin, que tienen proyectos clave en la cordillera sanjuanina, en el límite con Chile. Allí está la nueva meca del cobre con el “distrito Vicuña” que comparte con el país trasandino. La sociedad con la australiana BHP promete crear el epicentro del cobre.
Cuando se diseñó el RIGI las propias empresas decían que los beneficios eran “superiores” a los esperados. Aún así , aseguran que “no alcanza” del todo porque esperan señales de tranquilidad política y otros detalles provincia adentro. Las condiciones macroeconómicas, en cambio, aún no ayudaban para conseguir financiamiento y ejecutar los planes. Y se vienen detalles finos: las empresas mineras, por ejemplo, negocian que las obras de infraestructura necesarias para que las minas funcionen sean tomadas “a cuenta de regalías”, es decir que las inversiones que se ejecuten sean descontadas de los aportes futuros que deberán hacer por la extracción de mineral. Se trata, justamente, de obras de varios cientos de millones de dólares.
Los beneficios del RIGI son amplios. El que más tienta a las empresas es la libre disponibilidad de divisas. Es, justamente, la principal traba actual a las inversiones extranjeras. Pero además el Régimen libera del pago de impuestos a las importaciones, rebaja sensiblemente el pago de ganancias y libera de otros gravámenes. En la reglamentación se obvia por completo a las provincias y allí hay otra clave: los estados subnacionales que adhieran tienen prohibido sumar cargas que puedan complicar la ecuación de las inversiones del RIGI. Es decir, fuera de las regalías y los impuestos ya establecidos, no pueden sumar aportes extra. Hubo casos, como ocurrió con Vale, en los que se agregaron aportes a fondos sociales y ambientales que ahora están prohibidos. San Juan, Mendoza, Río Negro ya adhirieron al RIGI y, así, al cepo impositivo para potenciales proyectos.
Los ganadores arrastran a las provincias donde están los recursos naturales que son objeto de los proyectos de extracción e inversión. San Juan, Neuquén, Río Negro serán la meca. Pero los gobernadores esperan algún gesto de la Nación para que haya un régimen para las pequeñas y medianas empresas que pueden tener inversiones productivas de escala más baja. Un "RIGI Pyme". Así lo reclaman Alfredo Cornejo y otros mandatarios provinciales que aportaron votos en el Congreso, pero tendrán beneficios marginales en sus localidades.
Uno por uno, los sectores beneficiados
- Sector de forestoindustria. Las actividades cuyo principal insumo para la obtención de productos sea la madera e incluyen la implantación de bosques.
- Sector de turismo. Las actividades que tengan por objeto el servicio de hospedaje y alojamiento.
- Sector de infraestructura. Las actividades que tengan por objeto la construcción de:
- estructuras físicas, redes y/o sistemas públicos y/o privados, necesarios para el correcto funcionamiento de la logística y el transporte vial, terrestre, marítimo, fluvial, portuario o ferroviario y aeroportuario;
- estructuras físicas, redes y/o sistemas, públicos o privados, que tengan por objeto el desarrollo de proyectos de esparcimiento;
- estructuras físicas, redes y/o sistemas, públicos y/o privados, necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como los servicios declarados de interés tales como la asistencia sanitaria, salud, educación, telecomunicaciones y defensa y seguridad.
La infraestructura accesoria, propia y necesaria para el desarrollo de cualquiera de los demás Sectores previstos en esta norma, se computará como parte de la inversión correspondiente en dichos Sectores.
- Sector de minería. Las actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales comprendidas por el Título I de la Ley N° 1.919, así como los procesos comprendidos en el inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 24.196.
- Sector de tecnología. Las actividades cuyo objeto principal sea la producción de bienes y servicios tecnológicos, tanto en su aspecto básico como aplicado, de carácter innovador, en: biotecnología, nanotecnología, movilidad en base a nuevas tecnologías de motorización y tecnologías de transición energética, industria aeroespacial y satelital, industria nuclear, industria del software, industria robótica, inteligencia artificial, industria armamentística y de defensa.
- Sector de siderurgia. Las actividades de industrialización y/o procesamiento del mineral de hierro, el acero y/o sus aleaciones, para la obtención de productos en formas primarias y/o productos elaborados.
- Sector de energía. Las actividades de generación; almacenamiento; transporte y/o distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables; de producción de otras energías bajas en carbono; bioenergía; y la captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono.
- Sector de petróleo y gas. Las actividades relativas a:
- la construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento;
- el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos;
- la petroquímica, incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación;
- la producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria; y
- la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa afuera.