La mafia del desmonte: la masiva trama de corrupción que arrasa con los bosques de Chaco

Fue durante la madrugada del 20 de abril, mientras el país tenía los ojos puestos en el tratamiento de la Ley Bases en Diputados, que la legislatura de Chaco modificó en secreto el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, habilitando ilegalmente el desmonte de miles de hectáreas. A partir de allí, se abrió una investigación que parece develar una trama de corrupción enorme, la cual involucra a funcionarios, exfuncionarios, empresas y diputados peronistas. 

Dicho ordenamiento estaba amparado en la Ley Provincial de Bosques N° 1762, enmarcada -a su vez- en la Ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331. No obstante, a partir de esta nueva legislación de ordenamiento se redujo la protección de este terreno, permitiendo así el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos, indígenas y de especies en peligro de extinción.

Se trata, precisamente, de un esquema de corrupción de larga data, pero que sigue igual de vigente. El principal apuntado es Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, quien habría tramitado alrededor del 40% de los desmontes en la provincia entre 2014 y 2021. El objetivo de esta trama, según expresan en la denuncia, es el corrimiento de la frontera sojera, ganadera, y la comercialización de productos y subproductos como la madera o el carbón a partir de la explotación de suelo protegido. 

Los delitos que están en juego, dentro de esta causa encabezada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), son: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, defraudación de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica de instrumento, tráfico de influencias e incluso trata de personas, apuntando a explotación laboral de menores.

Los imputados en la “mafia del desmonte”

Patricio Sabadini, fiscal federal de Resistencia que lleva adelante esta investigación, explicó a MDZ que hay varios involucrados dentro de este entramado, como lo es la famosa compañía aceitera Vicentin. "Son varios funcionarios y empresas pesadas que llegaron a Chaco bajo la complicidad del poder público, y les habilitaron terrenos para poder desmontar y tener la posibilidad de, por ejemplo, plantar soja, que es lo que más se siembra". Los imputados son:

• Hernán Halavacs, ministro de Producción de Chaco y quien autorizó el 40% de todos los desmontes entre 2014 y 2021.
• Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde 2014 y hoy asesor forestal de Halavacs. Es también hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos. En su perfil de LinkedIn figuró como coordinador del Consejo Consultivo Local y Comite Cuenca Forestal del Chaco desde febrero del 2022 hasta diciembre del 2023.
• Atlanto Honcheruk, diputado provincial del PJ y empresario del transporte forestal. Es, de hecho, el titular de Honcheruk S.A., la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
• Miguel Ángel López, fue director de Bosques en la administración de Capitanich, y hoy titular de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Chaco SAS. 
• Ana Victoria Hupaluk, empresaria forestal de Los Frentones, dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., firma dueña de la Estancia La Nueva Pirámide; un dato no menor es que comparte socios con Indunor S.A, una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los departamentos Brown y Güemes. 
• Adolfo Eduardo Hupaluk, empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Familiar y socio de Ana Victoria; a ambos se los investiga por adquirir tierras de forma irregular y por explotación laboral e infantil. 
• Juan José Bergia, diputado del bloque Nuevo Espacio de Participación (NEPAR), su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la "explotación irracional" de madera a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares habrían malversado fondos verdes para el clima otorgados por la ONU (de alrededor de U$S 100.000 cada uno).
• Hernán Miguel Brunswig, del ministerio de Producción provincial.

La señora Ana Victoria Hupaluk y el señor Adolfo Eduardo Hupaluk, propietarios de un campo en “Los Frentones”, son un caso para ahondar aparte. Uno de sus predios funcionó como un grave escenario: se rescataron a 76 ciudadanos víctimas de explotación laboral. Fueron hallados con hambre y viviendo en un campamento precario, hacinados, en pésimas condiciones de higiene y sanitarias. El hecho se agravó al encontrar a menores de edad. 

Pero la empresaria imputada no es sólo conocida entre los chaqueños debido al trabajo esclavo en sus tierras, sino por adquirir terrenos de manera irregular y “meterlos en el mercado”. Se encuentra involucrada, a su vez, en la actividad del predio de la Triad S.A. donde se realizó un desmonte de 2100 hectáreas a pocos kilómetros del Parque Nacional Copo, el cual fue quemado dos semanas después de haber sido denunciado en la audiencia pública del 13 de octubre de 2021.

"En la denuncia vamos a hacer un pedido fuerte de esas imputaciones que se hicieron y pedirle a la que será la jueza, Zunilda Niremperger, que suspenda los desmontes hasta tanto esto se aclare un poco lo ocurrido", anticipó el fiscal Sabadini. El requerimiento de instrucción lo presentó este miércoles 14 en horas de la tarde.

¿Por qué se involucra a Vicentin?

La figura central que se encuentra en el banquillo de los acusados es, como ya se explicó, el ingeniero agrónomo Hernan Halavacs, el cual antes de llegar al gobierno de Leandro Zdero habría emitido la mayor cantidad de permisos (irregulares) de desmonte de toda la provincia, en su carácter de fundador de la consultora “Hiula” contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria.

Entre los años 2014 y 2021, tramitó 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los que se realizaron en ese período. A su vez, sólo en el año 2020, autorizó el 70% de los 10 desmontes que hubo.

La familia Vicentin también cumpliría un rol dentro de esta trama de corrupción. Para hacer memoria, Vicentin SAIC es una empresa aceitera, la sexta mayor agroexportadora del país entre 2018 y 2019, que había caído en default ese último año. Durante el gobierno de Alberto Fernández cobró gran protagonismo cuando este firmó un DNU para intervenir temporalmente en el grupo, y luego envió un proyecto al Congreso para avanzar en su expropiación; todo en vano porque a las semanas dio marcha atrás con cada una de estas medidas. 

¿Qué tiene que ver esta empresa? El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentin en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 hectáreas, en las que el técnico les realizó planes de desmonte, donde gestionó “personalmente” el respectivo permiso. Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas por el ministro pertenecen a esta familia, como lo demuestran las pruebas. La denuncia apunta a que "benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)".

Al mismo tiempo, miembros de la familia han sido denunciados públicamente en múltiples oportunidades por deforestar ilegalmente. Por ejemplo, Orlando Luis Vicentin fue denunciado por Greenpeace al recategorizar en dos oportunidades 2076,87 y 2481,00 hectáreas en el Departamento Brown en 2013. Tienen además otros desmontes en Brown, como uno por 495 hectáreas de 2011.

Otro miembro de la familia, René Segundino Vicentín, empresario de Santa Fe, fue denunciado por: Greenpeace, el medio Zona Bancos, y la asociación Somos Monte por acaparar y recategorizar 999 y 1658 hectáreas en Brown y Güemes respectivamente en 2017, así como también en años anteriores.

Más empresas involucradas

Pero esta firma no es la única involucrada. Lo mismo ocurre con “Las Guindas S.A”, una compañía agropecuaria que obtuvo permiso de desmonte por 1331 hectáreas en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico privado Halavacs. También tiene actualmente un campo en la zona recategorizada regresivamente por el ilegal OTBN que impulsó el ahora ministro. 

Otro ejemplo es el del “Establecimiento Monterrey”, propiedad del empresario agropecuario de Buenos Aires Juan Antonio Aloi, para el que Halavacs realizó permisos de desmontes en -al menos- 2 oportunidades para Juan Aloi y su esposa, Marcela Silvia Bortolin, por 1000 y 1000 hectáreas respectivamente, dentro del Departamento Brown. 

El Grupo Buratovich Hnos también está involucrado; es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de: Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich, José Antonio Buratovich y Ana Inés Buratovich, entre otros. Por su gran peso económico, posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños. Tiene denuncias por acaparamiento de tierras desde 2007, y por realizar un desmonte ilegal de más de 1000 hectáreas en el Departamento Güemes en 2017. Halavacs realizó al menos 8 permisos para ellos.