Deporte y Ludopatía Infantil: una alarma creciente
El autor de la columna, el abogado Francisco Muscará, cuestiona la tibieza de los gobiernos a la hora de abordar una problemática en franco ascenso.
Las apuestas deportivas en línea están causando serios trastornos, especialmente en menores y adolescentes, al fomentar una adicción incontrolable al juego, conocida como ludopatía. A pesar de que la legislación local prohíbe la participación de menores en apuestas, las empresas no disponen de la tecnología necesaria para evitar de forma infalible el registro de menores de edad. Además, los gobiernos responsables de fiscalizar a estas empresas, impulsados por intereses recaudatorios, sólo adoptan medidas tibias. Retrasan medidas efectivas como la clausura de estos establecimientos hasta que puedan garantizar el acceso exclusivo para adultos, creando las condiciones perfectas para que crezca el “negocio”.
Este fenómeno de complicidad económica entre empresas y gobiernos, que acarrea graves consecuencias en la vida personal, familiar y social de los afectados, ha encontrado en el fútbol un aliado fundamental. ¿Cómo contribuye este deporte, tan popular en Argentina, a este problema?
El vertiginoso crecimiento de las agencias de apuestas deportivas se debe en gran parte a la copiosa publicidad que estas empresas contratan en los eventos deportivos que captan la atención masiva de los niños y adolescentes. Basta con observar la Copa América, cuyos derechos televisivos fueron comercializados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y que estuvo plagada de comerciales de plataformas de juego en línea. O el caso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes icónicos como River Plate, Boca Juniors y Racing Club cuyos principales patrocinadores son estas empresas que violan la legislación local y afectan gravemente los derechos humanos básicos de las personas más vulnerables: los niños.
El fútbol, una pasión que une a la mayoría de los argentinos, ha proporcionado a estas agencias una plataforma publicitaria sin igual, permitiéndoles triplicar sus ingresos desde su incursión en el deporte. Sin embargo, este vínculo plantea serios cuestionamientos éticos. La CONMEBOL, AFA, River, Boca y Racing, al comercializar los derechos televisivos sin incluir límites al uso de esos derechos, son cómplices de que los nuevos casinos digitales ingresen a nuestros hogares y a los celulares de nuestros hijos.
Según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, es imperativo que las organizaciones establezcan y sigan políticas claras para proteger a los grupos más vulnerables, incluidos los niños, de los daños asociados a sus actividades. Los Principios Rectores de la ONU permiten que las empresas identifiquen los riesgos para los derechos humanos de sus actividades. Si bien la FIFA cuenta con una política en derechos humanos y procesos de debida diligencia para prevenir afectar derechos humanos, el resto de las entidades deportivas inferiores (CONMEBOL, Asociaciones Nacionales y Clubes) no lo tienen. Al carecer de estos procesos, el fútbol, que tanta alegría nos ha causado a los argentinos, está contribuyendo a la destrucción de miles de niños, sin quizá advertirlo.
Es fundamental que el deporte, especialmente el fútbol, adopte un rol proactivo en la protección de los derechos de los menores, adopte los Principios Rectores de la ONU y establezca medidas como la inclusión de cláusulas que prohíban a quienes compran sus derechos televisivos vender publicidad a empresas que cometen delitos, no cumplen con la ley o afectan derechos fundamentales de menores. Otra medida efectiva sería no aceptar patrocinadores de este tipo de actividades económicas que afectan a menores de edad. La prohibición de publicidad de empresas tabacaleras puede ser un camino a seguir.
Hechos como el “FIFA gate” nos han demostrado que cuando los intereses económicos se mezclan con la más pura de nuestras pasiones, el fútbol termina dañado. No manchemos otra vez al fútbol por mezquinos intereses. No manchemos la pelota. No manchemos a nuestros niños y su futuro.
Por Francisco Muscará. Abogado. Asociado de Southern Lights Group.