Toxicidad, infidelidades y gritos: las explicaciones que dará Alberto Fernández a la Justicia

Negar todo como estrategia. El momento en que el expresidente Alberto Fernández enfrente a la Justicia es inminente. La denuncia de su expareja, Fabiola Yañez, por violencia de género contra él y la posterior aparición de evidencias que darían prueba de eso, lo complican. Dos fotos de ella con hematomas en su rostro y brazo, y la filtración de capturas de pantalla de Whatsapp en las que se lee cómo la pareja discutía por las situaciones de golpizas a las que él sometía a ella, dejaron a Fernández con poco margen para desconocer su historia, como lo hizo apenas se supieron las primeras versiones.

El expresidente, que además es abogado, trabaja a contrarreloj en su estrategia de defensa. Al principio optó por decir que nunca sucedió lo que ella dijo que había pasado; que el asunto remitía a una discusión económica, que Fabiola le había pedido 3 millones de dólares, pero ahora planea otros argumentos y, según miembros de su entorno, Fernández intentará demostrar que la relación con Yañez era conflictiva, que ella tenía problemas de adicciones y que consumía una serie de medicamentos psiquiátricos en exceso que le alteraban la razón.

Querrá instalar también que era celosa, que reaccionaba ante versiones de infidelidad y que la convivencia en la Quinta de Olivos fue a la vista de cientos de personas y que nunca nadie vio nada. Explicará que hubo peleas, que se "extralimitó" en sus formas, pero no aceptará haberle pegado. Sus chances de lograrlo son bajas. Nada justifica golpear a otra persona y las asimetrías de poder en este vínculo hablan por sí solas.

La causa contra el expresidente fue sorteada este viernes y quedó nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10. El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo magistrado.

El legajo fue extraído de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del exmandatario a la exprimera dama Fabiola Yáñez.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10, a cargo de Ercolini. Con el cambio de juzgado, el fiscal que intervendrá ahora es Ramiro González, y el expresidente fue notificado de la nueva carátula.

Denuncia y horas decisivas

Fernández fue denunciado por "violencia física" y "terrorismo psicológico". El expresidente pasó de preparar solo su defensa —en la que se basaba en la negación de los hechos— a designar como su abogada a la penalista Silvina Carreira una vez conocidas las imágenes de la periodista Tamara Pettinato y de Fabiola Yáñez golpeada. 

Carreira está especializada en Familia y se espera que trabaje a partir de los argumentos que él sostiene: que su naturaleza no es la de un golpeador, sino que el contexto, terceros y tensiones contextuales habrían conducido a la violencia, pero que aún así nunca le pegó y que no hay manera de comprobar que las fotos que ella le envía están asociadas a golpes que hubiesen sido efectuados por él.

"He tenido conocimiento de la presente causa y por ellos vengo a ponerme a derecho en el marco de esas actuaciones", expresó el expresidente en la presentación que hizo ante el juez Ercolini. Además, solicitó al magistrado que "dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones" se vincule a Carreira "lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa".  

Con el paso de las horas el cielo se oscureció aún más para Fernández. El viernes por la noche, la Justicia ordenó un allanamiento en su departamento. Según fuentes judiciales, el objetivo del procedimiento fue secuestrarle el celular. 

La orden del allanamiento fue pedida por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo, y materializada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero.

Al respecto, para el director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, la Justicia "debería ordenar la detención" del Fernández de modo inmediato. “Puede ir preso. Hay casos similares con detenidos. Él está hostigando a los testigos. Cualquier hijo de vecino estaría preso", dijo.

“¿Qué espera la Justicia para poner preso a Alberto Fernández?”, preguntó en sus redes sociales e indicó: "Cada hecho tiene una pena de 2 años, pero si son cinco hechos, la pena es de 10 años. Debería tener una pena grande por violencia de género, hostigar a la víctima, violar su decreto presidencial”.