El Gobierno denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
El Gobierno denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas trucas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se estima en 3.400 millones de dólares, sólo en 2023. Tras las auditorías que realizaron las nuevas autoridades del área sobre pensiones por invalidez se encontraron "fraudes de grande escala" y el vocero Manuel Adorni hasta denunció que se usaron radiografías de perros.
Este viernes, Adorni explicó que el director de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Salud, liderado por Mario Russo, realizaron auditorías sobre las pensiones de invalidez que se entregaron durante gestiones pasadas.
"A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de ser 79.000 a 1.045.000", lanzó el funcionario. "Esa cifra bajó a a 1.026.000 entre 2015 y 2019 para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández", agregó.
Del total de pensiones otorgadas, se descubrió que hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando y 60.000 personas que presentan incompatibilidad de requisitos.
Entre los ejemplos dados, el vocero explicó que había gente que cobran la pensión "y tienen varios autos, varias propiedades, incluso algunas fuera del país, embarcaciones y hasta aviones privados". "Cabe aclarar que a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de la obra social 'Incluir Salud', que representó una transferencia promedio desde el Gobierno Nacional a las provincias de 1.500.000 pesos por afiliado", expresó.
Por último, se dio un momento "cómico" en donde Adorni dio cuenta de "lo exótico de este fenómeno" y detalló "algunos casos peculiares que fueron revelados por auditorías que se están llevando a cabo en todos los organismos".
"La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez. De estas 683 pensiones, el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días, en comparación con el promedio de los trámites del organismo que tardan 2 años, y el 90% de los pensionados se salteó la auditoría médica", aseguró Adorni.
En Chaco, según los estudios que realizó el Gobierno, una "misma radiografía de un hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes" y en 2022 un médico correntino "adjuntó una radiografía de un perro como certificado para la obtención de una pensión por un 'transtorno de disco lumbar e hipertensión'".
Según se informó, se comenzó el proceso para revertir el "desmanejo" y "cada pensión que fue otorgada de manera fraudalenta será denunciada penalmente".