Tras el escándalo de Manuel Adorni, la Oficina Anticorrupción volvió a prorrogar la presentación de las declaraciones juradas
El organismo justificó la decisión en la necesidad de otorgar más tiempo para completar y validar la información patrimonial, luego de que ARCA postergara los vencimientos de las declaraciones impositivas.
Los funcionarios tendrán hasta el 31 de agosto para presentar sus declaraciones juradas.
La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender nuevamente el plazo para que los funcionarios nacionales presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025. A través de una Resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo fijó como nueva fecha límite el 31 de agosto de 2026, un mes más tarde de lo previsto hasta ahora.
La decisión modifica la Resolución 3/2026, que ya había prorrogado el vencimiento hasta el 31 de julio. Según explicó la Oficina Anticorrupción, la medida responde a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 27 de julio el plazo para presentar las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, documentación que sirve de base para confeccionar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
En los considerandos de la resolución, el organismo sostuvo que el nuevo calendario fiscal reducía a apenas cuatro días el margen disponible para completar la carga, revisar y validar la información patrimonial exigida por la Ley de Ética Pública. Además, recordó que las declaraciones juradas no solo incorporan los datos provenientes de los formularios impositivos, sino también información adicional que debe ser consignada manualmente por los funcionarios obligados.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral constituye una de las principales herramientas de control sobre el patrimonio de quienes ejercen cargos públicos. Establecida por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, exige que los funcionarios informen los bienes, ingresos, deudas y participaciones societarias al asumir un cargo, de manera anual y también al finalizar su gestión. Parte de esa información tiene carácter público y puede ser consultada por cualquier ciudadano.
La prórroga alcanza a miles de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, quienes deberán completar el trámite antes del 31 de agosto. La resolución también instruye a las áreas de recursos humanos de los distintos organismos públicos a comunicar formalmente el nuevo vencimiento a todos los funcionarios alcanzados por la obligación.
La Oficina Anticorrupción justificó la medida en la necesidad de garantizar que las declaraciones sean confeccionadas con información completa y precisa, evitando errores u omisiones involuntarias que puedan afectar la transparencia del régimen patrimonial de los funcionarios públicos. La resolución ya entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
