La Justicia le puso un freno a la motosierra de Javier Milei y ordenó la reincorporación de trabajadores trans
El recorte de trabajadores en el Estado encontró este lunes su primer freno judicial. Y es que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y solicitó la rápida reincorporación de los empleados trans despedidos por el gobierno de Javier Milei. De esta forma, la medida podría marcar un precedente para otras decisiones similares en los amparos presentados.
"Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato en un comunicado.
De acuerdo con el gremio, el tribunal de justicia superior exigió la inmediata vuelta de los trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, indicando sus inmediatas reinstalaciones en los puestos de trabajo.
Según el titular de ATE, esta decisión implica que la Justicia comienza a dar la razón a los reclamos y "demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración".
En esa línea, Aguiar valoró "la importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de contralor de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas".
"Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores", planteó.
"Esta resolución judicial nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de despidos masivos que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población", completó.