Las 4 mega reformas legislativas que priorizó Cornejo en su primer semestre

La gestión de Alfredo Cornejo como gobernador cumple seis meses y el arranque de esta segunda temporada cornejista estuvo marcada por una agitada actividad legislativa por una serie de iniciativas del Ejecutivo. El mandatario impulsó paquetes de reformas en materia de salud, minería, recursos estatales y seguridad, las cuales han avanzado de manera dispar a lo largo del semestre.

En el inicio de su segundo mandato como gobernador, Cornejo priorizó una profunda reforma del sistema sanitario a través del Plan Provincial de Salud 2024-2030. La iniciativa consistió en la presentación de 26 proyectos de leyes que abarcaban modificaciones en el régimen salarial de los médicos, cambios a la ley de Residencias y a las normas que regulan las funciones de enfermeros, radiólogos y farmacéuticos, entre múltiples propuestas.

Plan de Salud al 90%

De ese voluminoso paquete, 23 de las iniciativas ya se convirtieron en leyes, mientras que tres de los proyectos ya cuentan con media sanción del Senado y esperan ser tratados por la Cámara de Diputados. Esto implica que casi el 90% de los proyectos ya obtuvieron sanción definitiva.

La terna de propuestas que aún siguen en discusión en la Legislatura tienen que ver con la modificación de las funciones de los licenciados en Enfermería; la promoción de la actividad física en niños, niñas y adolescentes; y el plan para recuperar el costo que genera la atención en el sistema de salud público a personas que cometen delitos, como por ejemplo los conductores alcoholizados.

Los cambios más significativos del ambicioso plan de salud de Cornejo apuntan a la declaración de la emergencia sanitaria, un nuevo régimen salarial para médicos, una nueva ley de residencias para incentivar la elección de especialidades críticas, la creación de un ente para recuperar fondos para el sistema de salud y la eliminación del bloqueo de título para los farmacéuticos que se desempeñan en el Estado.

Reactivación minera

Otro de los ejes del primer semestre del nuevo Gobierno provincial ha sido el impulso a la actividad minera, a partir de la reforma del Código de Procedimientos Minero. El proyecto que actualiza los procesos y las regulaciones para atraer inversiones y fomentar esta industria fue promulgado la última semana y puesto en vigencia.

La norma agiliza el trámite de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se conviertan en especulaciones inmobiliarias mineras. También apunta a la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera e inspectores, que tendrán mayores funciones y facultades, para tener un desarrollo económico responsable y sostenible.

A su vez, el nuevo código establece la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería, estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.

Por otra parte, le otorga facultades especiales a la empresa estatal Impulsa Mendoza. Esa compañía tendrá prioridad y concentrará gran parte de las decisiones de manera delegada. Podrá ejercer el “derecho de preferencia” sobre las áreas de exploración que hayan sido declaradas caducas.

Esta reforma es el primer paso del Gobierno provincial para la puesta en marcha del plan para promover el desarrollo de la industria minera en Mendoza y crear las condiciones para atraer inversiones para nuevos proyectos. El próximo paso que tiene en carpeta el gobernador es el avance de la propuesta Malargüe Distrito Minero Occidental, un área en la que se planea desarrollar varios proyectos de exploración.

Se destrabó el paquete fiscal

La tercera gran reforma que envió Cornejo a la Legislatura fue un proyecto para modificar una serie de leyes, apuntadas a una mayor eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado.

La iniciativa fue presentada a inicios de abril, pero obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados recién la semana pasada. El motivo de la demora en su tratamiento fue la resistencia de parte de muchos intendentes que tuvo la propuesta de modificar uno de los indicadores para la distribución de la coparticipación.

Se trataba de un cambio en el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal para compensar a los municipios más perjudicados en el reparto de recursos, por la actualización de los datos de la población a partir del Censo 2022.

Asimismo, esta propuesta establece la cesantía inmediata por presentar certificados médicos falsos, un cambio en la indemnización por incapacidad absoluta y restringir las licencias sin goce de haberes.

También habilita la liquidación de la cartera de créditos del IPV y agiliza la venta de bienes del Estado, además de ampliar las funciones del EPRE agregando el desarrollo de planes de obra e inversión.

Arrancan las reformas de seguridad y justicia

El último paquete de reformas que impulsó el Gobierno provincial consiste en una serie de modificaciones a distintas leyes en materia de seguridad. En total son 11 proyectos que tienen la intención de agilizar, modernizar y consolidar la estrategia de seguridad de la provincia.

Las reformas van desde la prevención del delito hasta reformas en el sistema judicial, e incluyen medidas para combatir el mercado ilegal de bienes, reforzar la seguridad vial y la ampliación de los juicios por jurado.

En concreto, se pretende regular las empresas de seguridad privada y ampliar el sistema de videovigilancia para la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos.

También se implementa un sistema preventivo, de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, complementado con un sistema de consulta de origen de los mismos.

Por otro lado, el paquete incluye la inhabilitación para conductores que conduzcan con más de 1 gramo de alcohol en sangre.

A su vez, se propone aumentar el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y también la ampliación de juicios por jurados para la intervención en robos con lesiones graves o gravísimas, muchas veces producto de entraderas, y los homicidios simples, sin uso de armas, por ejemplo, los casos de ajustes de cuentas de pandillas y entre bandas delictivas.

Finalmente, los proyectos también apuntan a modificar la ley orgánica del servicio penitenciario e impulsar el seguimiento, control y promoción del liberado.