Es oficial: el Senado aprobó la ley que cambia la distribución de la coparticipación municipal
El paquete de "eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado", presentado por el Ejecutivo en la Legislatura, obtuvo sanción definitiva en el Senado provincial este martes. La iniciativa aborda la gestión del recurso humano, el manejo de activos y las participaciones municipales en recursos nacionales y provinciales. Sobre este último punto, el artículo que refiere a recursos coparticipables -que fue foco de discusión durante más de dos meses- obtuvo el visto bueno con el respaldo mayoritario del Partido Justicialista, aunque con votación dividida de La Unión Mendocina.
El proyecto fue aprobado en general con 29 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En contra expresaron su negativa los legisladores de La Unión Mendocina Valentín González, Ariel Pringles y Marcos Quattrini. También Dugar Chappel, del Partido Verde. Se abstuvieron los peronistas Félix González y Helio Perviú. Todos los bloques opositores presentaron sus reparos a la hora de discutir diversos artículos.
En términos generales, la reforma propone regulaciones más estrictas sobre los certificados médicos falsos y condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Se modifica la Ley 9103, estableciendo sanciones por la presentación de certificados médicos falsos y por empleados públicos declarados en quiebra. También se establece una compensación por incapacidad y pérdida de empleo, entre otras disposiciones.
Asimismo, la normativa otorga al Instituto Provincial de la Vivienda la facultad de disponer de sus carteras de créditos mediante securitización y exime ciertos contratos del Impuesto de Sellos. Además, actualiza las facultades del EPRE y el EPAS para la gestión de servicios de energía y saneamiento y propone la liquidación de entes como Canal Acequia.
En lo que refiere a la creación del Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal -perteneciente al Capítulo 3 a través de los artículos, dicho cambio fue rechazado por Valentín González, Marcos Quattrini y Ariel Pringles. También por parte del peronista maipucino Duilio Pezzutti y el demócrata Armando Magistretti. Al igual que lo sucedido con la votación en particular, los justicialistas Helio Perviú y Félix González se abstuvieron nuevamente.
Precisamente, dentro de los lineamientos de la distribución de la coparticipación provincial, la norma -que estaba vigente hasta la sanción de hoy- establece que el reparto entre municipios se realizará en base a tres criterios: el 25% se distribuye en partes iguales entre las comunas, el 65% se reparte en proporción a la población de cada departamento y el 10% se fracciona en base al Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional.
Ese último punto actualizado en la Legislatura, sustituye el Artículo 5 de la ley mencionada y crea el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal. La propuesta reemplaza el último término del nombre de este indicador e introduce modificaciones en la porción que recibe cada departamento en relación, directa y proporcional, al crecimiento demográfico. Hay municipios que se ven beneficiados -como Godoy Cruz y Guaymallén- y otros que no, como sucede en los casos de Maipú y Luján de Cuyo.
El senador de La Unión Mendocina Valentín González dijo durante su intervención: "Que lo vendan como quieran: Luján pierde 941 millones de pesos, Maipú 386 millones, Junín 690 millones y San Martín 145 millones. Después lo netean por población, pero vayan a decirle a los ciudadanos que les corresponden, pero que les están sacando esa plata. Como contrapartida, Godoy Cruz recibe 6800 más, Guaymallén 3200 y Las Heras 2200. No está de más aclarar que son tres departamentos amigos".
"Estamos modificando una ley por una propia conveniencia del señor gobernador o de determinados sectores. Esto institucionalmente es muy grave. Si me beneficia, la aplico. Si me perjudica, la cambio porque tengo las mayorías. Institucionalmente es grave y lo están avalando", manifestó a modo de crítica.
En tanto que el demócrata Armando Magistretti sostuvo: "No puedo entender la velocidad con la que el Ejecutivo salió en auxilio de algunos departamentos. En el caso de otros, como Rivadavia -que viene recibiendo una disminución de fondos- y que no ha tenido la misma celeridad. Cuando hablamos de que queremos un desarrollo armónica y equilibrado de los distintos departamentos, creo que se ha cometido un error".
La senadora Mercedes Derrache, del Partido Justicialista, pidió al Gobierno provincial que cumpla con su compromiso de reunir al consejo de municipios para tratar una reforma de fondo de la Ley 6396. "Queremos solicitar a través de esta Cámara que el Gobierno cite y reúna al consejo de municipios para tratar específicamente esta ley y distribuir en forma equitativa los recursos que son de todos los mendocino".
Natacha Eisenchlas, de Cambia Mendoza, señaló sobre el nuevo coeficiente: "Este 10% se distribuía según los datos de población del Censo 2010 y las proyecciones que se efectuaban. Así se vino realizando hasta que se publicaron los datos definitivos del 2022. Todos sabemos que en términos demográficos nunca ha habido diferencias tan grandes entre censo y censo como en esta oportunidad. Esto produjo que haya municipios que crecieron mucho más que la media provincial y otros que decrecieron. Se configuró una tabla con muchas diferencias. Dio origen a una tabla enviada por el Poder Ejecutivo para morigerar los impactos. No es la misma que tratamos en este expediente porque es producto del consenso de meses de debate y conversaciones intensas entre intendentes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para lograr una solución. No es la solución óptima, pero es la mejor y la equilibrada".
La radical Ángela Floridia argumentó que "se hizo necesario reajustar a efectos de que los municipios que crecieron por debajo del promedio provincial no se vean perjudicados. Luego de los debates que se dieron, el diagnóstico es que debería haber una modificación de la ley de coparticipación, pero el ámbito no es este momento. Es una ley que merece un tratamiento largo y en profundidad. Ahora es importante ajustar los indices con criterios objetivos, que es lo que ha tratado de hacer el ministro de Hacienda".
Más detalles de lo sancionado
El texto original del proyecto sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, incluyendo la eliminación de artículos relacionados con la Coparticipación del Financiamiento Educativo a Municipios.
Uno de los puntos destacados de la reforma es la regulación más estricta sobre los certificados médicos y las condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Estas medidas buscan prevenir el abuso de licencias y optimizar la distribución del personal.
Se modificó la Ley 9103, Régimen General Disciplinario para el personal comprendido en el Estatuto del Empleo Público, incorporando el inciso g) del artículo 5° que penaliza la presentación de certificados médicos falsos, y el inciso h), que trata sobre empleados públicos declarados judicialmente en quiebra, otorgándoles un plazo para sanear su situación.
El proyecto también modifica la Ley 4322 sobre Remuneraciones al personal de la Administración Provincial y Municipal, estableciendo que los integrantes de Organismos Colegiados percibirán el ítem salarial correspondiente según las pautas que determine el Poder Ejecutivo.
Se sustituyen los Artículos 49 y 52 de la Ley Nº 5811, estableciendo una indemnización compensatoria para los empleados que deban cesar en sus funciones por dolencias incapacitantes. Esta indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, con un límite de diez veces la remuneración mensual.
La iniciativa prevé la posibilidad de que los empleados públicos soliciten licencias sin goce de haberes por razones particulares, con un límite de un año de antigüedad en la administración pública y sin afectar el servicio del área.
Otorga facultades al Instituto Provincial de la Vivienda para securitizar sus carteras de créditos y exenciones del Impuesto de Sellos para ciertas contrataciones, buscando mejorar la liquidez y capacidad de inversión en proyectos habitacionales.
También actualiza las facultades del EPRE y el EPAS para la gestión de servicios de energía y saneamiento, y autoriza la venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a ex-bancos oficiales, previo a la individualización y autorización por ley.
Plantea también es la modificación del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal en la Ley 6396, con el objetivo de "mitigar el impacto del dispar crecimiento demográfico entre municipios y promover un desarrollo equilibrado".
Así queda la distribución a partir de la nueva ley