Cornejo, los mil millones y el desafío de no repetir errores del pasado

A pesar de los pocos meses que lleva de regreso a la gestión, no es aventurado decir que Alfredo Cornejo tiene en carpeta el anuncio más importante que le tocará hacer en sus cuatros años de gobierno. No habrá, si se quiere, otra decisión de mayor peso económico y estratégico que vaya a tomar en todo ese tiempo que no sea definir en qué se invertirán los poco más de 1.000 millones de dólares que la provincia ya tiene disponibles y que forman parte del meneado acuerdo por Portezuelo del Viento.

Esto es literal: Cornejo sostiene que si algo lo deja “dormir tranquilo” en cuanto a conseguir resultados y dejar algún legado en estos tiempos de crisis y de ajuste, es el hecho de tener guardado bajo el colchón esa gigantesca cantidad de recursos con los que hoy ninguna provincia cuenta en la Argentina.

Por lo que anunció en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, comenzó el proceso de las definiciones sobre este tema. Y, por lo que se sabe hasta aquí, solo trascendieron algunas generalizaciones. Se avanzará, de otro modo al planteado por Rodolfo Suarez el año pasado, con el proyecto de El Baqueano y con obras vinculadas a acueductos para generación eléctrica y el cuidado del agua. Esto, entre algunos de los anticipos que ya se hicieron a nivel oficial. Sin embargo, aún falta que se conozca el detalle, el plan específico.

Desde el Sur provincial, ante las definiciones que supuestamente se avecinan, redoblaron su reclamo de que esa plata les corresponde. Celso Jaque, el intendente de Malargüe, apeló a un argumento de derechos adquiridos. Como existió una demanda original de la Cámara de Comercio de San Rafael impulsada hacia finales de los '90 que dio origen a todo esta historia y como luego se prometió que se construiría Portezuelo del Viento en su departamento, entiende que esos recursos deberían invertirse en su totalidad en la región.

El sanrafaelino Omar Félix pide otra cosa. Y lanza una sospecha, asimismo. Se suma al reclamo de los derechos adquiridos, pero pide que esos fondos sean utilizados para el desarrollo de la industria y de la actividad privada que, en el principio de los tiempos, fue la perjudicada por los beneficios de la promoción industrial en las provincias vecinas. En otras palabras, lo que le está pidiendo a Cornejo es que no se la gaste toda en obra pública y que contribuya a levantar a una economía que está muy deprimida desde hace años y que, particularmente en el Sur, solo sobrevive gracias al turismo. Poco y nada de esto sucederá, explican, con la sola construcción de un dique.

Cornejo resiste estos planteos y viene realizando un esfuerzo por bloquear cualquier reunión de las cámaras de comercio e industria sanrafaelinas que están muy activas desde hace semanas. Alejandro Molero, el intendente oficialista de General Alvear, casi que le da un golpe a esta estrategia. Participó a mediados de la semana pasada de un acto junto a Jaque y a Félix en donde por un momento dejó la sensación de que apoyaba el reclamo de sus pares del Sur. Pero cuando desde Casa de Gobierno se enteraron, olieron una emboscada y se volvieron locos por esa foto, Molero debió salir aclarar que él respalda el plan del gobernador.

¿Cuál es la alerta de Félix en el fondo? Que si los mil millones se destinan en su totalidad a obras públicas, el Gobierno tendrá otra vez en sus manos la posibilidad de manejar licitaciones y contratos con empresas a las que tendrá tomadas de un puño en el contexto económico actual. Y con las que, además, podría volver a repetir maniobras del pasado reciente

Resulta increíble a esta altura repasar que esta historia de Portezuelo con todas sus idas y vueltas ya lleva casi veinte años, si se toma como punto de partida aquél acuerdo que firmó Julio Cobos con Néstor Kirchner en 2006. Pero si se va más atrás en el tiempo el asunto está demorando en resolverse casi treinta años, momento en el que la provincia demandó a la Nación ante la Suprema Corte por los perjuicios de la promoción industrial hacia finales de los años '90.

En el medio, pasó de todo. El propio Cornejo, por lo bajo, siempre sostuvo que aquella decisión de Cobos de hacer un arreglo extrajudicial con el entonces presidente Kirchner, por esa demanda por la promoción industrial, fue uno de los mayores errores cometidos. El problema no fue el acuerdo en sí, si se quiere. El asunto fue la obra que se eligió como moneda de cambio que, reconocieron siempre, fue “la peor obra que se podría haber elegido”.

Si algo empieza de esa manera, nada podía terminar bien. Néstor, y luego Cristina Kirchner, incumplieron ese arreglo realizado con Mendoza sin que desde aquí, durante los gobiernos de Celso Jaque y de Francisco Pérez, se atrevieran a reclamar por los pagos adeudados y la obra entró prácticamente en un limbo durante diez años. Cornejo reflotó ese acuerdo fallido de 2006 durante el gobierno de Mauricio Macri, para reformularlo por uno nuevo que, desde lo económico, Alberto Fernández cumplió a rajatabla independientemente de que, en 2021, le impuso un parate administrativo a la obra que derivó en que todo se terminara derrumbando dos años después.

Ese acuerdo firmado en 2016 permitió asegurar el financiamiento para Portezuelo, pero estableció asimismo que si la provincia no ejecutaba esta obra sólo podía destinar los U$S 1.023 millones para un fin específico: “ y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial", rezaba aquél arreglo. Es decir que la provincia, si no hacía Portezuelo, no podrá disponer de esos dólares para realizar cualquier otra obra hídrica. Estaba obligada a proyectar solo aquellas que contemplen la generación hidroeléctrica.

Suarez en su momento le pidió por escrito a Alberto Fernández una ampliación de ese acuerdo para poder tener mayor disponibilidad a la hora de destinar esos fondos. Pero el resultado de esa gestión fue obvio: un presidente peronista no iba a firmar ese cheque en blanco para que a futuro lo terminara cobrando Cornejo.

Un detalle: la actual gestión siempre estuvo convencida de que podía hacer lo que decida con el acuerdo de Portezuelo, básicamente porque la provincia ya cobró ese acuerdo casi en su totalidad y tiene los dólares guardados en el banco y una parte de ellos los puso a trabajar financieramente en el exterior. El temor para Mendoza fue que la Nación, en caso de que se incumpliera la cláusula de las obras de generación hidroeléctrica, dejara de cumplir con el pago de las cuotas correspondientes. Pero con la deuda ya pagada, Cornejo siempre entendió que resultaba imposible algún tipo de reclamo por la utilización de esa plata. Sin embargo buscó asegurarse, con la adenda que ahora firmó con el gobierno de Javier Milei, que corrigió aquella condición del acuerdo firmado con Macri. Desde el punto de vista jurídico, está cubierto. Le falta ahora cumplir desde lo político.

Está claro que el gobernador mendocino pasó la factura por el trabajo que viene realizando para que el radicalismo respalde en el Congreso la Ley Bases. Pero, sorprende, Milei le pagó por adelantado: todavía falta que Cornejo le sume al proyecto los votos de la UCR en el Senado para que la Ley tenga sanción definitiva. Por eso el mandatario provincial estará el martes en Buenos Aires, para participar de una reunión del bloque en donde buscará despejar las dudas de los legisladores de su partido que todavía resisten.

Volviendo a la historia de despropósitos, Rodolfo Suarez hizo su aporte también. Y muy importante. En un momento de la campaña para la gobernación, en 2019, Cambia Mendoza armó una convocatoria para que la gente se inscribiera y consiguiera así puestos de trabajo para una obra que, en aquél momento, solo estaba en los papeles. Pero lo más sugestivo sobrevino después cuando el proceso licitatorio lanzado para encontrar empresas que hicieran Portezuelo quedó dirigido hacia el consorcio que conformaron Impsa y las constructoras de los empresarios Omar Álvarez y Fernando Porreta. Y con una empresa china, Synohidro, metida en el medio del juego.

Con los chinos de protagonistas, sucedió un episodio escandaloso. El consorcio terminó proponiendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron U$S 200 millones de dólares menos del costo original que habían planteado. El resultado de esa negociación tuvo ribetes de bochorno porque existen poquísimos antecedentes en licitaciones de esta envergadura en donde, ante un pedido de mejora de oferta, la rebaja es de más del 20%.

Hasta finales de 2021, Suarez estaba convencido de que podía adjudicar la obra sin tener antes una definición de Alberto Fernández, en un laudo presidencial que luego terminó inclinándose en contra de los intereses de Mendoza y, dicho por el actual gobernador, se perdieron dos años de tiempo durante los cuales se podría haber avanzado en la concreción de otros proyectos.

Pero Suarez no se iba a ir así como así de la gobernación y trató de sacarle rédito a todo ese dinero disponible. En el último año de su gestión anunció la licitación de la presa El Baqueano, que se iba fondear con el 50% de los recursos del acuerdo de Portezuelo. Cornejo lo frenó. No permitió que la provincia destine esa dinero porque, en definitiva, le estaban cortando a él y a  futuro la libre disponibilidad de los 1.000 millones de dólares de los cuáles Suarez le estaba gastando la mitad.

Entonces, ¿qué ocurrió? El exgobernador se vio obligado a cambiar las condiciones de la licitación para introducir una cláusula impuesta por quien lo sucedería, que estableció que la obra debía contar con participación privada como una forma de replicar el esquema que permitió la construcción en su momento del dique Potrerillos. Por supuesto que, con estas nuevas condiciones, El Baqueano no avanzó más.

Con la centralidad que ocupa en la vida política mendocina desde hace bastante tiempo, toda esta historia de Portezuelo tuvo a Cornejo como protagonista central, al menos, en el último tramo de la novela. Él fue quien negoció con Macri reflotar el acuerdo caído de Cobos para asegurarse que la provincia tuviera la posibilidad de contar con un fondo millonario para el desarrollo, le bajó el pulgar a Portezuelo desde 2021, lo frenó a Suarez cuando este se apuntó para gastarse la mitad de esos recurso en la campaña pasada y ahora negoció con Milei la libre disponibilidad de esos fondos que estaba acotada. Todo de él. Invertir estos recursos de la mejor manera para que la provincia pueda tender un plan de desarrollo a largo plazo, es ahora su última gran responsabilidad en esta historia.