La letra chica de la anhelada adenda que firmó Alfredo Cornejo con el Gobierno de Javier Milei
El gobernador Alfredo Cornejo anunció durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo la firma de una adenda del acuerdo con el Gobierno nacional que habilitará la ampliación del destino de los 1.023 millones de dólares que originalmente eran para Portezuelo del Viento. Se trata de una modificación anhelada desde hace tiempo por el Gobierno provincial, que buscaba blindar legalmente la utilización de los fondos para distintas obras de infraestructura y no exclusivamente a proyectos hidroeléctricos.
“Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía, pero con un sistema de repago, donde los privados inviertan a riesgo también y se produzca un flujo de recuperación de esos fondos”, manifestó el mandatario provincial.
La adenda en cuestión fue firmada el pasado 25 de abril por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y el gobernador mendocino y reformó la redacción del acuerdo suscripto el 13 de junio de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri y por Cornejo en su primera gestión al frente de la provincia.
La finalidad del convenio era resolver el reclamo de Mendoza por los perjuicios provocados por la promoción industrial durante la década de los 90 que habían derivado en una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Las partes acordaron que Nación transferiría 1023 millones de dólares a modo de compensación.
En la cláusula tercera del acta quedó establecido que los recursos se utilizarían para el financiamiento de la represa Portezuelo del Viento “y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
Caída la posibilidad de avanzar con la presa proyectada en Malargüe, el Gobierno de Mendoza inició para que esos fondos puedan tener un destino más amplio y no exclusivamente para obras hidroeléctricas.
Finalmente, la gestión de Javier Milei accedió a la solicitud mendocina y Cornejo consiguió el sustento legal para utilizar los fondos para proyectos de infraestructura de distinta índole.
El primer punto de la adenda sustituye la cláusula tercera del acuerdo, la cual quedó redactada de la siguiente menera: "CLÁUSULA TERCERA: La Provincia se compromete a llevar adelante la ejecución de la Obra y/u otras obras de infraestructura necesarias para su desarrollo. La Obra se ejecutará conforme al régimen jurídico provincial y las disposiciones acordadas en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Las otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial se ejecutarán conforme el régimen jurídico provincial, y respecto de las cuales, el Estado Nacional no asume ningún compromiso adicional alguno para su ejecución. Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de Nación la Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de su ejecución. Las amortizaciones de las letras pagadas y pendientes de pago deberán aplicarse gradualmente a ejecutar las obras que la Provincia defina, quedando ésta facultada a realizar inversiones transitorias de bajo riesgo necesarias a fin de preservar el valor real y constante de la moneda”.
De esta manera, Mendoza queda habilitada para usar los 1023 millones en “otras obras de infraestructura necesarias para su desarrollo” y hace especial hincapié en que las mismas “se ejecutarán conforme el régimen jurídico provincial, y respecto de las cuales, el Estado Nacional no asume ningún compromiso adicional alguno para su ejecución”
Por otra parte, también se modifica la cláusula cuarta del acuerdo determinando que “la Provincia se compromete a mantener indemne al Estado Nacional por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, mayores costos, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de las responsabilidades y/o de la ejecución de las obras objeto del presente Acuerdo".
Finalmente, plantea que la vigencia de la Adenda está sujeta a la ratificación del Poder Ejecutivo Nacional y a la aprobación por parte de la Legislatura de la Provincia.
Según indicaron desde el Gobierno provincial, la próxima semana se publicaría el decreto avalando la adenda y sería enviado a la Casa de las Leyes para su ratifiación.