Tribunales: la conciliación pone pausa a un conflicto más agudo
Había una bomba a punto de explotar en Tribunales y se desactivó temporalmente. Pero los problemas de fondo siguen latentes. El catalizador puede ser la visibilidad sobre cómo está afectado el servicio de justicia el paro de los empleados y funcionarios, que se suma a las peleas internas en la conducción colegiada de la Corte. Las oficinas fiscales y otras dependencias judiciales comenzaron con los reclamos y medidas de protesta en marzo. Y el paro, iniciado a fines de abril, complicó los plazos, las causas y el trabajo que los rodea. Uno de los detonantes podría estar del lado de los abogados, uno de los eslabones de la cadena judicial que se siente más afectado por ser intermediarios. La reciente conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, a pedido de la Suprema Corte, desactivó el conflicto.
En el fuero penal es donde más se visibiliza lo que ocurre hasta hoy porque se afecta la oralidad, se suspenden audiencias y todos los trámites se despersonalizan porque las denuncias son online. Los fiscales están desbordados: las denuncias y procedimientos los toman directamente ellos, que reciben las novedades desde la Policía y otras fuentes. El servicio está sensiblemente afectado y, por ejemplo, están suspendidas las audiencias al menos hasta el 3 de junio. Mendoza tiene a la oralidad y a esas audiencias como eje de la gestión de los procesos en todos los fueros. Por eso la complicación es más aguda. La conciliación es una tregua para que vuelva a haber diálogo paritario, pero no la paz final.
Pero en la trama no hay solo un conflicto salarial. Las peleas de poder dentro de la Corte y tribunales se colaron, en particular la diáspora entre el coordinador del fuero Penal, José Valerio, y el presidente Dalmiro Garay. Valerio ataca públicamente y por ahora Garay no contesta para no sumar conflictos a los que ya tiene que enfrentar. Aguas abajo las disputas se notan y hay reclamos desde adentro y afuera de Tribunales. Es que, aseguran, la intensidad de trabajo en los juzgados penales volvió a acomodarse a su propia lógica: menos audiencias, menos intensidad y pasillos vacíos por la tarde.
En el Gobierno mantienen la distancia con el conflicto al asegurar que es la Corte la que debe resolverlo. Pero el punto débil está en la repercusión creciente. Si se resiente el servicio de justicia de manera notoria, los llamados desde el cuarto piso de Casa de Gobierno al cuarto piso de Tribunales o el Ministerio Público Fiscal podrían tener otro tono. Es lo que ocurrió, por ejemplo, para que explotara todo en el fuero de Familia: un mensaje de WhatsApp de una abogada hizo más que mil foros de discusión y reclamos formales.
Los recursos
El Poder Judicial es independiente, pero no tiene autarquía y hasta para nombrar empleados requiere de la aprobación de partidas y habilitación desde el Ejecutivo. Los aumentos ofrecidos han sido los mismos que para el resto de los gremios. Pero en ese lugar hay otra memoria y una realidad con la que conviven y complica las negociaciones. Los empleados tienen aumentos y paritarias según la realidad provincial. Los jueces y fiscales cobran con los aumentos otorgados por la Corte de la Nación, que siempre son superiores. Los salarios de los empleados están desenganchados, los de los magistrados están colgados a los privilegios federales. El promedio salarial de ellos ronda los 2,5 millones de pesos mensuales. El desequilibrio menguó un poco con los 100 jueces que pagan Impuesto a las Ganancias y el techo en los años de antigüedad que se pagan.
La Corte anunció que descontará los días de paro como medida coercitiva, en consonancia con el aumento por Decreto que decidió el Gobierno. Los efectos de esa decisión no se sentirán de inmediato, pues en el sueldo que los estatales cobrarán el viernes solo se descontará un día: el 30 de abril, día en que se inició la medida de fuerza. En mayo, Tribunales estuvo casi parado y son más de 15 los días de paro a descontar. El impacto en algunos trabajadores puede ser muy relevante, pues quienes tienen baja antigüedad y un cargo de categoría inicial, cobran menos de 500 mil pesos. Un ayudante de fiscal con 20 años de antigüedad cobra 1,3 millones de pesos. Un empleado clase 20 (una de las más bajas) ronda los 600 mil pesos. Un psicólogo sin bloqueo de título cobra 800 mil pesos. Un auxiliar clase 13 que realiza trabajo de oficina percibe cerca de 500 mil pesos.
En el mundo de los abogados el tema inquieta y allí puede estar uno de los focos que agudice la presión. Es que, explican, no solo se complican los plazos procesales, sino también los ingresos. El Colegio envió varias notas a la Corte pidiendo que "desplieguen los actos que resultan necesarios para garantizar a la ciudadanía la adecuada prestación del servicio de Justicia". La Corte pidió la conciliación obligatoria, la cual fue dictada por la Subsecretaría de Trabajo este miércoles minutos antes del mediodía. Trabajo fijó una audiencia de negociación para el próximo 7 de junio.