Pese a estar suspendida como diputada, a Janina Ortiz le depositaron el sueldo y lo devolvió
Tras haber sido suspendida, Janina Ortiz cobró su dieta de abril como legisladora por error. En consecuencia, tuvo que devolver el monto debido a que su última percepción salarial debía ser la de marzo. Se trata de la suma millonaria de $1.913.853, que fue regresada a la cuenta bancaria de origen.
El pasado 27 de marzo, la Cámara de Diputados de Mendoza suspendió a Ortiz como diputada, después de haber sido desaforada a fines de 2023, apenas asumió. La exsecretaria de Gobierno lasherina fue apartada de su banca y dejó de percibir su dieta hasta que se dicte una condena en los dos procesos judiciales en su contra, los cuales forman parte del denominado "Las Heras Gate".
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La situación del cobro de abril fue advertida por el Departamento de Liquidación de Haberes de la Cámara de Diputados en una Resolución que señala un "error involuntario" de casi $2.000.000 que, además, deja al descubierto un tema tabú para los legisladores: sus abultados sueldos.
Janina Ortiz indicó en un escrito dirigido a la Cámara: "Que, en fecha 27 de marzo de 2024, se dispuso mi suspensión como diputada provincial electa por el pueblo de la provincia de Mendoza, sin goce de dieta. Ante esta situación, en abril percibí el cobro de la dieta del mes de marzo como correspondía. Sin embargo, en el mes de mayo han vuelto a depositar la dieta correspondiente al mes de abril, quedando depositada en la cuenta correspondiente en el Banco Nación. Atento a ello, es que le informo este error, que el dinero se encuentra íntegramente depositado en la cuenta bancaria a los fines que corresponden".
La suspensión de Janina Ortiz
Por 34 votos a favor, 9 negativos y 4 abstenciones, la Cámara Baja resolvió que Ortiz (La Unión Mendocina) no forme parte del cuerpo, considerando que tuvo un comportamiento “indigno” por no allanarse a la Justicia para ser investigada por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones agravadas. Ortiz está acusada de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia la cooperativa de trabajo Manos a la Obra durante su gestión como funcionaria municipal. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario implicado para grabarlo.
Los diputados sustentaron esta sanción en el artículo 91 de la Constitución provincial, el cual establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.
La iniciativa fue impulsada por el frente oficialista Cambia Mendoza y obtuvo el respaldo del bloque del Partido Verde y cinco diputados peronistas (Germán Gómez, Verónica Valverde, Gustavo Perret, Roxana Escudero y Juan Pablo Gulino).
Un mes después de lo ocurrido, la defensa de Ortiz acudió a la Suprema Corte de Justicia provincial con el fin de que se levante la suspensión. Lo hizo a través de una extensa presentación de una acción de inconstitucionalidad para que quede sin efecto lo decidido en la Legislatura.