Juicio a Walter Bento: liberan a un imputado clave de la megacausa
Este miércoles se dio a conocer una novedad acerca de un imputado clave en la megacausa que tiene al exjuez federal Walter Bento como principal protagonista, quien es investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales y que, en la actualidad, se encuentra privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Justicia determinó que no se dicte una nueva prórroga de prisión preventiva para el excomisario de la Policía y ex jefe de Narcocriminalidad en el Valle de Uco, Gabriel Moschetti, quien lleva casi tres años alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI Luján de Cuyo.
Moschetti se encuentra acusado por la comisión de delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos, este, a su vez, en concurso ideal con el delito de violación a los deberes de funcionario público.
Gabriel Moschetti era el policía que tenía a cargo a Diego Aliaga -exdespachante de Aduana fallecido y puntapié inicial de la megacausa- como informante y él mismo relató que ese hombre, que fue asesinado de manera mafiosa en 2020, solía tener información con anticipación sobre allanamientos y otras medidas que se ejecutaban desde "los federales".
El requerimiento de elevación a juicio de la causa Bento detalla sobre el excomisario: "Moschetti tuvo intervención en lo que se denomina fase previa en el modus operandi de la banda, ya que en su calidad de jefe del 13 Departamento de Narcocriminalidad de Valle de Uco, se valió de su relación con Diego Aliaga como informante de la policía para incorporar información a la banda o, a la inversa, insertar en el flujo de información policial datos que llevaran a elaborar sumarios o procedimientos en beneficio de la organización".
Dicho escrito también añade que "Moschetti se encontraba en posesión de sumas abultadas de dineros en dólares como así también una moto sumamente costosa, lo que no se condice con su calidad de policía y que configura otro indicio de su actividad ilícita en el marco de la banda investigada". Para la Fiscalía, la asociación ilícita era liderada por el entonces juez federal Walter Bento, con colaboración a modo de organizadores de Diego Alfredo Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba. Como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al Comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti y a Walter Bardinella Donoso.
En lo que refiere a la liberación de Moschetti determinada en las últimas horas, la Resolución del Tribunal Oral Federal de Mendoza N°2 sostiene al aprobar el pedido: "Hacer lugar al cese de la prisión preventiva y ordenar la libertad del imputado José Gabriel Moschetti, bajo caución juratoria, en la presente causa y que se deberá hacer efectiva desde el día de la fecha 15 de mayo del 2024, desde el Complejo Penitenciario Federal, en el que se encuentra alojado".
En tanto, el Tribunal fija como reglas de conducta "acatar todo llamado que efectúe el Tribunal, denunciar cambios de domicilio que hiciese presentarse a las audiencias de juicio y dar cuenta una vez al mes de su voluntad de sometimiento al proceso en los estrados del Tribunal".
Los abogados de Moschetti, Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales, argumentaron -entre otros aspectos mencionados- que "su representado llevará cumplido en prisión preventiva el plazo de 3 (tres) años, extendiéndose ampliamente cualquier plazo que pueda entenderse como razonable, convirtiéndose en un anticipo de pena prohibido por ley y tratados internacionales suscriptos por Argentina".
Refirieron que, además de los requisitos de existencia de indicios suficientes del hecho y la participación del acusado y de la existencia de peligros procesales, para que una medida de prisión preventiva no sea arbitraria, debe superar un “test de proporcionalidad”, es decir, que la prisión preventiva debe guardar cierta relación con la pena que le puede ser impuesta a la persona sometida a proceso penal. En la misma línea, adunaron que, como consecuencia de ello, la persona que todavía es imputada y goza de presunción de inocencia no puede tener un trato jurídico más grave que el que habrá de resultar en caso de condena.
Indicaron que, de acuerdo a la imputación por la cual fue requerido a juicio Moschetti, siguiendo las reglas del concurso real, la escala penal que enfrenta es de 3 a 12 años de prisión, y que en función de ello, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales, son aplicables las previsiones del art. 26 CP, esto es la condena de ejecución condicional