El Gobierno define puntos clave y presenta la baja de la edad de imputabilidad
Es inminente. Patricia Bullrich enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en la Argentina. Lo anunció dos veces en los últimos diez días. Preveía presentarlo la semana pasada, pero los plazos se atrasaron y todo indica que será esta que comienza. El texto está armado, hay consenso con el Ministerio de Justicia respecto a los principales puntos aunque quedan revisiones pendientes sobre algunos aspectos. Quieren que la redacción sea perfecta, que no pueda haber marcha atrás, que todas las partes estén de acuerdo para garantizar el éxito del plan que busca que los menores que delinquen como adultos paguen como adultos, dijeron fuentes allegadas.
En 2023, 1.767 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores, según un informe anual de la Corte Suprema de Justicia. Ese número representa un 7,5% más que en 2022. El 71% de los menores no había tenido otras causas con anterioridad. Por otra parte, uno de cada cinco jóvenes tuvo por lo menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores.
Estas son algunas de las cifras que alarman a Bullrich, sobre todo en medio de la escalada narcoterrorista en Rosario que solo en el primer trimestre del año se cobró 36 víctimas, según un relevamiento del Ministerio Público de la Acusación. Para la ministra detrás de los delitos vinculados al narcotráfico hay adultos que reclutan a menores como "soldaditos" para aprovechar que no son imputables. Con el giro en las leyes ella no solo pretende endurecer las penas a los responsables de los delitos cualquiera sea su edad, sino desarticular bandas que operan con menores.
Los aspectos más sensibles que restan definir en el proyecto tienen que ver con la edad a partir de la cual los menores comenzarán a ser imputables y cómo los contendrá el sistema penal en un contexto de sobrepoblación carcelaria, denuncias de violación a Derechos Humanos en los penales y aspiraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de endurecer los regimenes carcelarios para perfiles de alta peligrosidad.
El primer eje es uno de los más importantes ya que algunos tratados internacionales ponen un marco regulatorio a la problemática por lo que no se puede estipular una edad de forma arbitraria y sencillamente enviarla al Congreso. Hace falta revisar que lo que se propone no viole ningún marco jurídico mundial.
"Todavía se está discutiendo la edad. Si es 14, si es 13 como en Uruguay o si es 12 como en Brasil. Estamos discutiéndolo", dijo al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Si es un asesinato, tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa. Si realmente hay conciencia del menor, en caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera", agregó.
Días atrás, Bullrich compartió un video desde Rosario junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que ratificó que "el que las hace, las paga" y aseguró que están "poniendo todo para que el narcoterrorismo dé pasos atrás" a la vez que advirtió que la Justicia implementa ahora en Rosario "un sistema procesal más rápido y eficiente".
Qué dicen las estadísticas sobre los delitos de los menores
Otros datos del relevamiento anual la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia señalan que 9 de cada 10 menores vinculados a causas penales en 2023 fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (54,5%), en su mayoría de nacionalidad argentina (94,8%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55,8%) y la Ciudad de Bueno Aires (45,2%).
Además, en total se registraron 2.197 causas, un 7,9 % más que en 2022. Ello representa una tasa de 70,4 causas cada 100 mil habitantes de la CABA.
El 92,3% de las causas tuvo como dependencia de origen una comisaría comunal o vecinal de la CABA y predominaron los delitos contra la propiedad (83%), principalmente distintas modalidades de robos (8 de cada 10). En el 17% restante aparecieron delitos contra la integridad sexual, la administración pública, las personas y la libertad, entre otros.
En cuanto a las medidas de privación de libertad, 1.431 niños, niñas y adolescentes con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en la CABA e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD), dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la CABA. Ello representa un 9% más que en 2022 (1.313 NNyA). Asimismo, 140 jóvenes tuvieron al menos una medida judicial de privación de libertad o alojamiento en residencias, un 9% más que en 2022.
Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal por cada país