Recursos naturales

"Conmigo va a haber minería": Cornejo comienza a poner a prueba su plan

La legislatura trata el primer proyecto estructural enviado por Alfredo Cornejo para impulsar la minería. El desafío del Gobierno y cómo la Legislatura fue catalizador de los conflictos.

Pablo Icardi
Pablo Icardi miércoles, 3 de abril de 2024 · 11:09 hs
"Conmigo va a haber minería": Cornejo comienza a poner a prueba su plan
Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Conmigo se va a hacer minería”, decía Alfredo Cornejo en privado durante la campaña. La frase llevaba impregnada una propuesta, pero además una impronta política para sugerir que él tiene la autoridad para romper la resistencia. Pues en la Legislatura el oficialismo busca dar el primer paso relevante para ese plan y Cornejo tendrá su propio desafío para impulsar esa actividad con el nuevo Código de Procedimiento.

La intención es, según explican, cambiar las condiciones para agilizar los procesos; “crear condiciones” para que haya inversiones. El paso más complejo será la aprobación del Distrito Minero Malargüe Occidental, que incluye en una sola Declaración de Impacto Ambiental unos 240 proyectos mineros que serían aprobados en “combo”. En la misma DIA estarán todos los proyectos y luego cada empresa que desee explorar debería hacer un "aviso de proyecto", que incluye estudios ambientales específicos, pero sin audiencia pública ni ratificación legislativa, pues ya tendría ese aval por estar dentro del Distrito Minero. 

En el plano político y simbólico, el abordaje legislativo relevante. La Legislatura ha sido epicentro de los debates y conflictos relacionados con la minería en las últimas dos décadas. Cornejo busca tener su propia gesta y que en su segundo período de gestión haya al menos 8 proyectos de exploración iniciados en Malargüe.

Alfredo Cornejo impulsa la minería y estuvo en Canadá. 

Cornejo cambió la mayoría de los códigos de procedimiento de los distintos fueros judiciales en su primera gestión. Desde el Código de Procedimiento Penal y Civil, hasta el Código de Faltas. Ahora avanza sobre los mecanismos que reglamentan en la provincia una actividad que tiene leyes nacionales potentes (como el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras). El proyecto tuvo algunas resistencias de los sectores que avalan esa actividad porque consideraban que debilitaba el control al eliminar el Consejo de Minería. Pero además le otorga “superpoderes” a la empresa estatal Impulsa Mendoza. Esa compañía tendrá prioridad y concentrará gran parte de las decisiones de manera delegada. Cornejo accedió a hacerle modificaciones para que haya más apoyo y el proyecto será ley. Está previsto que haya manifestaciones en la Legislatura, encabezadas por las asambleas del agua.

Litigios, idas y vueltas

Desde el año 2002 comenzó a haber movimientos alrededor de la actividad minera en Mendoza, en consonancia con el impulso nacional realizado en la década anterior. Incluso hubo trabajos incipientes de exploración en el Valle de Uco. Y también comenzaron las resistencias.

La Legislatura fue siempre el sitio donde repercutieron las protestas y esa presión se transformó en cambios de leyes. Esas normas fueron aprobadas en gobiernos radicales, particularmente en la gestión de Julio Cobos. Los momentos de mayor tensión se vivieron con la sanción de la 7722, con el debate por el proyecto San Jorge (donde manifestantes ingresaron al recinto) y, sobre todo, en los primeros días de la gestión de Rodolfo Suarez, cuando modificó la ley que restringe la minería y prohíbe el uso de algunas sustancias.

La Legislatura ha sido la principal caja de resonancia de las protestas contra la minería. 

La primera de esas normas fue la 7422, una ley que amplió la reserva Laguna del Diamante, una zona que tenía muchas propiedades mineras otorgadas por el potencial cupífero que tenía. Incluso se realizaron los primeros trabajos de exploración. La ley original había sido sancionada en 1994. Pero en septiembre de 2005 la Legislatura amplió la reserva. Ese tema repercutió rápidamente en la Justicia y aparecieron las primeras demandas, que fueron resueltas a favor de la ley.

A fines de 2006 la presión creció y la Legislatura sancionó la ley 7627, que directamente suspendía la actividad minera en la provincia  hasta que se apruebe el plan ambiental. Esa norma fue aprobada mientras la Provincia intentaba promover la minería en el exterior. El gobernador Julio Cobos la vetó en diciembre del 2006 y esa observación tuvo un recorrido polémico dentro de la Casa de las Leyes: el Senado rechazó el veto y todo se trasladó a Diputados. La norma quedó anulada, pues entre otras cosas iba en contra leyes nacionales.

Bisagra

El año clave es el 2007. Las manifestaciones crecían en el Valle de Uco, particularmente en San Carlos, y también en Alvear. Cortes de rutas, protestas y sectores ligados a la producción tradicional de Mendoza, como la Sociedad Rural, se sumaron. El año electoral pesaba y así surgió la ley 7722, que restringe fuertemente la minería y prohíbe el uso de algunas sustancias. Pero lo más relevante de esa ley es que oficializa el control político de cada proyecto minero, más allá de su relevancia: desde un cateo, hasta un proyecto de explotación a gran escala deben ser ratificados por la Legislatura. Ese es el principal cepo y también lo que el oficialismo querría modificar, pero en otra etapa.

El día del tratamiento del proyecto San Jorge hubo protestas en el recinto. 

El primer proyecto que superó todos los escollos técnicos y llegó a la Legislatura fue San Jorge, que buscaba explotar una mina de cobre en Uspallata. La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por el Ejecutivo con más de 100 condicionalidades. Pero la Legislatura lo bochó. La audiencia pública realizada en Uspallata tuvo muchas opiniones negativas y el día de la sesión la manifestación antiminera atravesó las paredes de la Legislatura y muchos integrantes de la marcha ingresaron al recinto. San Jorge fue “bochado” por unanimidad.

La ley había sido cuestionada en la Suprema Corte y una década después ese tribunal ratificó la constitucionalidad, dejando firme esas reglas de juego.

Desde entonces, la jugada más osada desde el punto de vista político la ejecutó Rodolfo Suarez. Había  hecho campaña promoviendo la minería como actividad y, ni bien asumió, envió un proyecto para modificar radicalmente la 7722. La nueva ley tenía el número 9209 y eliminaba las prohibiciones, la ratificación legislativa y agregaba otros conceptos para promover el cuidado del agua permitiendo la minería. Pero duró poco. Humo marchas, campañas y el pico de tensión ocurrió en la explanada de la legislatura, con represión y máxima tensión. Suarez dio marcha atrás y la “nueva ley” quedó anulada.

Ahora Cornejo busca promover la minería, pero a su modo: con modificaciones normativas estructurales y una promoción de perfil más bajo. Algo similar había hecho con el impulso a la fractura  hidráulica como método de explotación petrolera para sondear la formación Vaca Muerta en Mendoza. En ese caso se aprobó el primer proyecto como “aviso de proyecto” porque se trataba de un yacimiento que ya estaba en producción. Luego se redactó la reglamentación específica.

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