Incertidumbre

La doble tenaza del Gobierno a las empresas de medicina prepaga y la duda con la devolución

El Gobierno informó las herramientas que utilizará para frenar la presunta cartelización que existe en las prepagas y el aumento de ellas. Incertidumbre por la devolución y riesgos en el sistema.

Josefina Godoy Martínez
Josefina Godoy Martínez miércoles, 17 de abril de 2024 · 15:08 hs
La doble tenaza del Gobierno a las empresas de medicina prepaga y la duda con la devolución
javier Milei pone contra las cuerdas a las prepagas y usa canales institucionales para ponerles un freno Foto: EFE

Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que obligará a las prepagas a retrotraer los precios a diciembre y ajustarlos por inflación. La medida se determinó tras una medida de tutela anticipada de la Secretaria de Comercio y una cautelar que presentó ante la Justicia la Superintendencia de Servicios de Salud por presunta cartelización, que exige la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en los últimos cuatro meses y que abre una gran discusión de fondo sobre qué decidirá el Poder Judicial sobre ese punto. 

Una guerra que tardó en explotar 

La problemática de los aumentos de las prepagas comenzó cuando el presidente Javier Milei emitió en diciembre el decreto 70/2023, que desregularizaba la actividad y le quitaba al Ejecutivo la capacidad de poder intervenir en las tarifas del sector. Desde ese entonces los precios se liberaron y comenzaron a aumentar. Como explica la resolución y el dictamen de la Secretaría de Comercio, el incremento que tuvieron las prepagas fue de manera casi uniforme y con "condiciones similares". 

Es por ello que un grupo de legisladores porteños de la Coalición Cívica denunciaron a las principales empresas de medicinas prepagas como Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde. Pero además también fue incluida en la denuncia la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las anteriormente mencionadas y a Claudio Belocopitt, quien se desarrollaba hasta hace unos días como el presidente de la UAS. 

Entre los hechos que se denunciaron y que la Secretaría de Comercio tomó como válidos para poder emitir el dictamen por presunta colisión se encontró un "potencial incremento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga", que habrían sido pautados en reuniones de la UAS luego de la liberación de tarifas y tras una declaración de Belocopitt, que dijo que primero se iban a "juntar todos" los representantes de las prepagas para luego determinar los aumentos. Ese tipo de declaraciones por parte del expresidente de la UAS también fueron tomadas como "prueba de la concertación directa de los precios para la oferta como para la demanda". 

Cabe destacar que, según explica Comercio, habría existido un delito de cartelización porque todos los aumentos fueron enviados al mismo tiempo, el 22 de diciembre de 2023, y un día después de la reunión de la Confederación -a pesar de que hubo más de un encuentro- en donde se coordino "la fijación de un aumento a los usuarios, un valor estimado en torno al 40% de aumento y políticas de contratación a sus proveedores en la prestación del servicio" lo que daría como consecuencia "una pérdida del promedio del 30% de los usuarios del servicio". Otro dato interesante es que la medida de tutela anticipada también ve con malos ojos que los aumentos hayan sido similares durante cada mes a pesar de que cada empresa tiene distinta estructura, empleados, competencia, entre otros. 

Estos hechos irían contra lo dispuesto por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que prohíbe las prácticas anticompetitivas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o lo que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, a prejuicio del consumidor. 

Algunos elementos que podrían facilitar, para la Secretaría de Comercio, la "colusión en el mercado de las prepagas" son  la inelasticidad de la demanda, la homogeneidad del servicio, el nivel de concentración de mercado, y la articulación de la industria en diversas asociaciones de segundo y tercer grado".

Las medidas fueron anunciadas por el vocero Manuel Adorni. 

Por todos estos hechos, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, consideró procedente el dictado de una medida de tutela anticipada, acción que puede realizar gracias al artículo 44 de la Ley de Defensa de la Competencia y determinó que "los valores de las cuotas de los planes de salud médico asistenciales a ser cobradas no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 (multiplicado por 1, más la variación porcentual entre el IPC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo índice correspondiente a diciembre de 2023 durante seis meses)". 

También agregan que en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste se "deberá realizar teniendo como base un plan similar al contratado". Las empresas también deberán cesar con "cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reunión de la UAS o cualquier otro que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial". 

La medida preventiva ordena a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. 

Qué ocurre con la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud 

La medida presentada ante la Justicia por el organismo público va contra el abuso de precios de algunas prepagas, "producto de una posición dominante en el mercado" y es por ello que pide retrotraer los precios a diciembre de 2023. 

Además, se pide que ordene la "devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en estos últimos cuatro meses", lo que genera dudas ya que el Poder Judicial deberá decidir si hace lugar a la medida, congela los precios en vez de pedir que haya una  reposición o simplemente decide que no está de acuerdo con la cautelar de la SSS. 

Según el organismo, no se trata de un "intervención del mercado" sino una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de "fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia". 

"El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente. Esta es una acción independiente pero complementaria a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", advirtieron. 

Las prepagas, por su parte, ven con malos ojos la idea de devolver el dinero, ya que eso generaría una quiebra en el sistema actual y a pesar de que pueden apelar, eso "no suspende la medida", según explicó Adorni.  

El documento que emitió la Secretaría de Comercio 

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