El “negocio inmobiliario” que busca desarticular la reforma minera de Alfredo Cornejo
A través del nuevo Código de Procedimientos Minero, el Gobierno provincial planea agilizar las inversiones de los proyectos mineros para evitar la especulación de quienes poseen los derechos.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto para actualizar el Código de Procedimientos Mineros de la provincia que apunta a agilizar las inversiones y los controles para darle impulso a la actividad minera. Uno de los principales puntos de la reforma busca desarticular el “negocio inmobiliario” que propicia la actual legislación, según resaltaron desde el Ejecutivo provincial.
La intención del gobernador Alfredo Cornejo es “preparar el terreno” administrativo y político para las inversiones. Es decir, generar que los procesos que el Estado tiene a cargo para declarar, registrar y explorar yacimientos mineros sean menos tortuosos. El nuevo Código de Procedimientos apunta a eso con tiempos, procesos y responsables más claros. Hoy la Provincia no tiene un registro claro de las propiedades y los trámites demoran años.
De la misma manera, los recursos puestos a disposición del control y desarrollo de esa actividad son mínimos: la policía minera casi no tiene inspectores, el Fondo Minero tiene solo 1,2 millones de pesos asignados al año y el Fondo Especial Minero menos de 3 millones de pesos. De hecho, en el Presupuesto provincial 2024 la Dirección de Minería tiene una partida prevista de 100 millones de pesos, de los cuales 79 millones están destinados al personal permanente del área, es decir que casi el 80% va destinado al pago de sueldos.
En la explotación de recursos naturales Mendoza tiene algunos antecedentes tortuosos. La Constitución nacional determina que son las provincias las propietarias y encargadas de concesiones para explotarlos. El gobierno de Cornejo busca evitar que con las propiedades mineras ocurra lo que pasó en las primeras experiencias de licitaciones de áreas petroleras: que se transformen en un “negocio inmobiliario”. Es decir, que los propietarios de esos derechos no inviertan en la actividad, sino que especulen y los transen. En 2008 el Estado concesionó áreas petroleras por primera vez. Hubo promesas de inversión con muchas de esas concesiones que nunca se cumplieron y los adjudicatarios terminaron negociando con otras empresas que se convirtieron en operadores. Hubo “ganadores” que nunca invirtieron y obtuvieron rédito sin que las áreas petroleras prosperaran.
En el caso de la minería suele haber un ecosistema de inversiones y empresas, según la escala de los proyectos. Las propiedades se registran y hay empresas que se dedican a la prospección y exploración. A medida que un proyecto crece, hay empresas senior de exploración que suelen comprar o asociarse para avanzar. La explotación puede hacerla otra compañía de escala más grande que, a su vez, buscará inversores que aporten capital. Ese proceso puede durar décadas y solo una pequeña parte de los emprendimientos que comienzan con la exploración terminan en una mina.
El subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, aseguró que la normativa actual convierte a los derechos mineros en “un negocio prácticamente inmobiliario, especulativo”.
“Cuando adquieren el derecho minero bajo el procedimiento actual minero se le da el derecho de explotación de ese mineral y no tienen obligaciones de un plan de inversiones, de un desarrollo, como sucede con los hidrocarburos, donde nosotros podemos inclusive caducar esa cesión”, manifestó en diálogo con MDZ.
El funcionario explicó que los adjudicatarios hoy por hoy “se sientan” en la propiedad minera y “no invierten”. “No se genera ningún tipo de desarrollo, especulando que alguien en algún momento o en la propiedad de al lado considere que existe el mismo mineral y el mismo potencial y apueste a venderla más cara. Eso pasa en toda la provincia”, detalló.
En este sentido, la intención del Gobierno provincial es que con el nuevo código se haga más transparente el procedimiento y poner presión para que movilice el proceso de inversión.
Para revertir el denominado “negocio inmobiliario”, Sánchez Bandini resaltó que “se le van a pedir planes de inversión que no está del todo contemplado en la legislación actual”. Concretamente estos planes de inversión consisten simplemente en estudios, no en perforaciones o procesos de exploración.

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