Con la sombra presente de Walter Bento y la mirada de Milei, hay movimientos en la Justicia Federal

Walter Bento está preso, fue destituido y es juzgado en Tribunales Federales, el mismo lugar donde caminaba como amo desde el año 2005, por corrupción. Aún hoy, su presencia recorre como una sombra todo el edificio y cada rincón de los procesos, pues él está fuera de juego, pero la Justicia Federal de Mendoza aún tiene su marca por la capilaridad de sus acciones y una idea que flota en el aire y se afianza al conocer los testimonios: no era el único. Mientras el exjuez está en la cárcel de Cacheuta a la espera de una sentencia, en el Consejo de la Magistratura comenzó a moverse la maquinaria para buscar el reemplazo; un proceso largo, complejo, cargado de simbología y de poder. 

La designación de quien ocupará el Juzgado Federal 1 de Mendoza tiene otro dato de contexto relevante.. Primero, vuelve a tomar a la estructura judicial vacía: hay tres vacantes en la Cámara Federal de Mendoza, el máximo órgano de poder en la justicia federal provincial. Esos cuatro espacios inquietan y tientan a la política. Dirigentes como Anabel Fernández Sagasti, del PJ, y Alfredo Cornejo, de la UCR, han seguido el tema cerca y cada uno tuvo influencia cuando gobernó algún presidente afín. 

 Curiosamente el principal operador para agilizar las gestiones para cubrirlas y que podría incidir en la selección que Javier Milei haga al final del camino es Marian Cúneo Libarona, ministro de Justicia, ex defensor de Walter Bento y quien calificó a Mendoza como el "Far West" por la permeabilidad de la política en tribunales. 

Aunque el fuero federal depende de la Nación, la política local no es ajena. Incluso la propia Cámara ha tenido vaivenes con influencia nacional y local. En el propio juicio a Bento quedaron expuestas las influencias cruzadas, la convivencia y sospechas de connivencia entre una y otra justicia. Algunas, incluso, hubieran sido ser merecedoras de compulsas para generar investigaciones sobre la justicia provincial. 

Pero además, el Gobierno nacional volvió a impulsar la aplicación del Código Procesal Federal para que se elimine el sistema inquisitivo e imponer el acusatorio; trasladándole el poder investigativo a los fiscales. El anuncio estuvo impulsado por la situación de Rosario, donde el narcotráfico avanza, y dejó de lado el cronograma original, donde estaba incluido Mendoza como una de las provincias priorizadas. El cambio es brusco, tiene resistencia y, sobre todo, faltan recursos. 

Para Mendoza no es un tema más. Por la justicia federal pasan la mayoría de los delitos complejos que involucran bandas y los que de manera incipiente preocupan, sobre todo el narcotráfico. Mendoza no tiene una estructura aceitada para enfrentar esa realidad. Como informó MDZ; más del 70% de las causas por narcotráfico las inicia la policía de Mendoza, pero en su mayoría tienen que ver con tenencia para consumo o el decomiso de pequeñas cantidades. La justicia provincial no se hace ni quiere hacerse cargo del narcomenudeo, en tribunales federales no tienen estructura investigativa propia y en esa desarticulación quienes ganan son los delincuentes. Además, Mendoza tiene le principal vínculo terrestre del continente para el tránsito de mercaderías, por lo que es un portal abierto para el contrabando; otro delito federal complejo. 

Hagan sus apuestas

La justicia federal de Mendoza no logra construir una imagen saneada. Los dos ocupantes del juzgado federal 1 fueron destituidos: Luis Leiva y Walter Bento. En el último caso por hechos escandalosos que involucran sospechas de coimas brutales para otorgar beneficios a personas acusadas de delitos federales como contrabando y tráfico de drogas. Puertas afuera la sensación de que hubo casi dos décadas en las que cada investigación de esos delitos complejos estuvo teñida de corrupción genera desasosiego. 

Hoy la justicia penal federal tiene recursos flacos. El Juzgado Federal 1 es subrogado por Marcelo Garnica en lo penal, y por Pablo Quiróz en lo electoral. El juzgado que debe investigar los delitos está saturado de papeles relacionados con los procesos ya iniciados, con los recursos de las personas privadas de la libertad y otros entuertos internos. 

La Cámara Federal también está trunca. Los camaristas anteriores fueron destituidos por haber sido parte del aparato de represión durante la dictadura, con Otilio Romano a la cabeza. La conformación actual quedó trunca porque hay 3, de 6 camaristas.  La presidencia está a cargo de Gustavo Castiñeira de Dios, ex secretario de Justicia de la provincia. Las vacantes tientan a la política. La designación de dos candidatos para la Corte Suprema de parte del presidente Milei demuestran que el tema no es ajeno a la agenda oficial. Entre ellos hay un exdefendido del ministro Cúneo Libarona. La justicia tiene una fuerte permeabilidad a la política y eso se nota en las designaciones por períodos. Milei propuso, por ejemplo, un ministro de la Corte ligado a la lucha contra el aborto legal, como él, y arraigado a sectores ortodoxos y otro que es parte de la casta judicial, ligado al Ministro de Justicia. ¿Lo mismo puede ocurrir para cubrir las vacantes en las Cámaras? El problema para el oficialismo nacional es la falta de estructura política propia, pues a diferencia de los jueces de la Corte los otros cargos pasan primero por el filtro del Consejo de la Magistratura, donde Milei no tiene gente que le responda. Sin embargo, la empatía del Pro y de un sector del radicalismo con el Presidente podría jugarle a favor.

En noviembre del 2019, con Mauricio Macri como presidente aún, se volvió a impulsar la implementación del nuevo Código Procesal y se puso a Rosario y a Mendoza como distritos para ejecutarlo. Así lo había dispuesto la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF. Alberto Fernández no liberó los recursos y sumado a las resistencias internas, frenaron ese cronograma. En paralelo el propio Presidente frenó las designaciones de los jueces de tribunales orales y de primera instancia que había promovido Macri y puso sus propias prioridades. 

El nuevo Código impulsa un sistema acusatorio, en reemplazo del inquisitivo. Es similar al sistema que tiene la justicia penal provincial, donde los fiscales son los que llevan adelante la investigación de los delitos y los jueces se convierten en garantes de los procesos. Eso implica trasladar recursos existentes y futuros y, sobre todo, poder hacia el Ministerio Público Fiscal. También implementa la oralidad como método y acorta tiempos y procesos. 

En Tribunales Federales aceptan el cambio, con enormes reparos. El primero de ellos es la falta de recursos. "Es imposible hacerlo sin recursos. Gente, plata, inmuebles, logística para investigar", dicen. Los empleados del fuero también tienen resistencia. "Tienen la comodidad de los escritorios y con el nuevo Código van a tener que salir a la calle", dicen quienes los critican. La estructura de la justicia tiene un desequilibrio.

El primer eslabón, el de la investigación y abordaje de la realidad, es el más débil en cuanto a recursos. De hecho hoy uno de los juzgados está vacante. Del otro lado, los tribunales orales tienen una estructura más robusta. En la visita de Mariano Cúneo Libarona a Mendoza le sugirieron un esquema distinto para la implementación: colegiar el fuero penal y que todos los jueces formen un mismo grupo para investigar, juzgar y hasta ser tribunal de apelación según cada causa. La dinámica podría ser interesante, pero no causó mucha gracia a los inquilinos actuales de los cargos.