El Gobierno anunció un cambio clave para elegir ya al sucesor de Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema
Luego del anuncio del Gobierno, en donde se propuso al juez federal Ariel Lijo y al decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, en el Boletín Oficial se publicó un decreto a través del cual se habilita al Ejecutivo a nominar a alguien para el cargo antes de que esté disponible el lugar.
Concretamente se incorporó el artículo 9° bis al DNU N° 222 del 19 de junio de 2003, en donde se dispone que el Gobierno podrá proponer a personalidades para el cargo cuando exista "certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada".
El decreto 222/2003 establece el "procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99° de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Allí se determina el "marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes" y es en donde la administración libertario agregó el artículo 9° bis, para poder hacerlo antes de que la vacante quede desocupada.
Qué dice el artículo 9° bis que incorpora el Gobierno
El artículo 9° bis establece "las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada". "Cumplidos los procedimientos correspondientes, y habiendo el Senado de la Nación prestado el acuerdo previsto por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación será formalizada una vez que se produzca efectivamente la vacante”, agregan.
El Poder Ejecutivo se apoya en la atribución que tiene el presidente, otorgada por la Constitución Nacional para "nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".
"Es también atribución del presidente de la Nación realizar un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo del Senado, para el mantenimiento en el cargo de los magistrados del Máximo Tribunal que hubieran alcanzado los setenta y cinco años de edad", continua.
El decreto se anuncia tras la decisión del presidente Javier Milei de proponer a García Mansilla para ocupar el cargo que dejará libre uno de los actuales jueces de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años a fines de este año y no peticionó un nuevo nombramiento para mantener su cargo. Cuando los jueces llegan a esa edad pierden la investidura judicial, a menos que -un año antes de que cumplan la edad máxima- elijan la opción de alargar sus funciones con un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo con el Senado.
Es por ello que el Gobierno modificó el decreto del 2003, para no demorarse en los plazos "previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más Alto Tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación.
El decreto fue firmado por Milei y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
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