Las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico en Rosario con un dilema aún sin resolver

El Poder Ejecutivo conformó un Comité de Crisis y ordenó que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones logísticas del operativo, sin embargo, un mayor empeñamiento en acciones contra bandas de narcoterrorismo presente en Rosario requiere de una modificación legislativa. El ministro Luis Petri viene voceando desde su asunción en Defensa un proyecto de ley que al parecer ya estaría listo para su envío al Congreso.

A la par se sabe que se trabajaba en una medida más rápida, la vuelta atrás con otro decreto que derogue las directivas del DNU 727/06, emitido cuando Nilda Garré ocupaba el ministerio de Defensa, que establece que las Fuerzas Armadas son un instrumento militar de defensa nacional que debe ser empleado sólo ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro Estado. Esa norma dejó una ventana acotada al empleo del instrumento militar y Petri ha insistido en volver a la esencia de la ley de Defensa.

En declaraciones recientes ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) el ministro reiteró que se estaba trabajando para “evitar que el territorio se vea comprometido por una agresión, ya sea externa estatal o de un agente externo no estatal, como lo son las amenazas terroristas que “requieren del accionar complementario de las Fuerzas Armadas”. Los crímenes en Rosario y la instigación al terror planteada por amenazas de muerte apuraron los tiempos. Hasta ahora sólo hay preparativos para apoyo logístico.

Apoyo

“Es la vinculación entre dos o más Fuerzas de las cuales una de ellas recibe la misión general de cooperar, proteger, complementar o sostener a la otra, pero siempre bajo la dependencia del comando a la cual está asignada, agregada o al que pertenece orgánicamente”. Esta definición corresponde al glosario institucional de Seguridad Interior. Es bajo esta letra legal y no otra que se cumplirá la misión de cooperación de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad que vive la ciudad de Rosario.

El esquema de personal y medios a desplegar será en etapas conforme el requerimiento que defina el Comité de Crisis. La cadena de autoridades militares tiene en la cúspide al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación y su representante ante las fuerzas es el ministro de Defensa.

De ahí saldrá el cómo y con qué apoyar las acciones de las fuerzas de seguridad según la apreciación del escenario que defina la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior faculta al Ministerio de Defensa a disponer -en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones.

Un dilema táctico atormenta a los funcionarios: ¿deben o no ir desarmados los efectivos militares a desplegar? La respuesta parece evidente; es inaceptable comprometer tropas de combate sin armas. “El armamento es parte esencial del soldado, aún en misiones de mantenimiento de la paz en el extranjero los uniformados portan sus armas reglamentarias”, sostienen los militares.

Hay un antecedente en contrario. En marzo de 2023, la administración de Alberto Fernández vivió una escalada de violencia en Rosario, la balacera contra un supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo y un mensaje mafioso que dejaron a Lionel Messi. Puso en marcha un operativo para combatir la violencia narco. Se trató de un refuerzo de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y otros 100 de la Policía Federal a los que se agregó el envío de una compañía de ingenieros del Ejército Argentino con la tarea de ayudar en la urbanización de barrios populares del gran Rosario. Acudieron desarmados y se confió la protección a las fuerzas de seguridad.

Esta vez la situación escaló con amenazas directas de atentar contra la vida de inocentes que dejaron bandas vinculadas con el crimen organizado, accionar que tipifica el terrorismo; la dominación por el terror. Desplegar en zonas urbanas con presencia de elementos hostiles a la autoridad y control del Estado sin posibilidad de autodefensa representa un altísimo riesgo de vida y, obvio, de costo político en caso de bajas.

La planificación preliminar del Estado Mayor Conjunto supone un mínimo de personal militar; sólo para tareas de comunicaciones; provisión de material rodante (camiones, vehículos 4x4, ambulancias y combis) y helicópteros Bell 412, estos últimos asignados a misiones de traslado de efectivos.

Un muestreo de consultas de MDZ revela que no hay malestar interno en el frente castrense más allá de la obvia preocupación que como cualquier ciudadano tiene por el desmadre de violencia narco que vive Rosario. En algunos medios on line se adjudicaron broncas inexistentes, por caso, la que hicieron foco en el general de brigada Edgar Calandin, comandante conjunto Antártico. Se le atribuyeron frases de oposición dichas en una reunión de altos mandos, pero el citado general estaba en la Antártida cumpliendo tareas operativas de su comando.